Pronunciamiento contra la militarización del país
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 09 de septiembre de 2022.- La militarización del país es un hecho desde el sexenio de Calderón y Peña Nieto. Pero también desde Zedillo y Fox. La Policía Federal Preventiva, antecedente de la Guardia Nacional, un cuerpo integrado principalmente por militares, se inauguró ocupando militarmente Ciudad Universitaria el 6 de febrero de 2000. Desde aquel año y hasta el presente, las fuerzas militares, con imagen de policías, fueron claves para reprimir protestas en todo el país.
Las fuerzas armadas participaron en represiones violentas contra Atenco (2002 y 2006). Contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y contra los mineros en Lázaro Cárdenas, Michoacán (2006). Ocuparon pueblos como Xoxocotla, Morelos (2008), Nochixtlán, Oaxaca (2016). La toma armada y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro en 2009 para despojar de su fuente de trabajo a los electricistas del SME. El asedio contra las comunidades Aquila, Ostula y Cherán en Michoacán. Asedian constantemente a organizaciones populares de Guerrero como al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al Proyecto Presa La Parota, la Organización Campesina de la Sierra del Sur y tantas otras agrupaciones. Participaron en la desaparición forzada de los Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán, Guerrero. Ocupan territorios de comunidades en Chiapas como parte de una guerra contra las comunidades de zapatistas desde 1994. Persiguen e intimidan a familiares que buscan a sus desaparecidos. Operan subordinadas a Estados Unidos para contener personas migrantes de otros países. Han sido actores principales de diversas represiones y persecuciones contra integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, entre ellas el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa en 2012 y los ignominiosos hechos de terror en contra de los 43 estudiantes de esa misma escuela en 2014.
Las fuerzas armadas también están manchadas de sangre por ser partícipes en la Guerra contra el Narcotráfico inaugurada en 2006. Bajo el supuesto de que combaten a un enemigo interno que podría estar entre los civiles han cometido infinidad de abusos en contra de la población, asesinando personas que nada tenían que ver con el narcotráfico; incluso asesinando niñas y niños en retenes y otras operaciones militares. Mientras el país se ha llenado de militares, la delincuencia organizada crece. Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado y la violencia contra migrantes centro americanos y caribeños son parte de un estado de guerra en el que están implicados delincuentes, políticos policías y militares. Su subordinación a las fuerzas militares de Estados Unidos a través de operaciones y ejercicios conjuntos, acuerdos militares, adiestramiento y seguimiento doctrinal, constituyen un crimen de lesa patria.
El papel vergonzoso del Ejército, Fuerza Aérea y Marina viene de antes. Sus crímenes contra comunidades y movimientos sociales fue feroz en los años 90 en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y otros estados. También en las décadas anteriores, entre las que resalta su responsabilidad en la comisión de delitos de lesa humanidad en los años 70 y 80 en la llamada Guerra Sucia y bajo una guerra de contra insurgencia preventiva. Tlatelolco es el suceso de horror en que, so pretexto de acabar con un intento de asonada comunista o del imperialismo norteamericano (falsos argumentos de izquierda o derecha podían usarse para justificar un crimen contra el pueblo) se masacró a cientos de personas en la Plaza de las Tres Culturas. Y antes estuvieron las ejecuciones extra judiciales a los integrantes del Grupo Popular Guerrillero en Chihuahua; en las masacres de copreros en Guerrero y de la Unión Cívico Leonesa en Guanajuato; en la represión a los movimientos de trabajadoras y trabajadores. El asesinato de Rubén Jaramillo y su familia fue perpetrado por el Ejército. El Ejército no nació de la revolución social de principios de siglo, nació en contra de esa revolución popular y fue la fuerza que cometió exterminios contra los pueblos conformados como Ejército Libertador del Sur y contra las y los trabajadores y civiles que querían un cambio verdadero.
Hoy, el poder legislativo discute la legalización de la presencia de militares en la vida civil desde una perspectiva meramente electoral. Lo único que les interesa es posicionarse, a favor o en contra de la iniciativa presidencial de pasar la Guardia Nacional a manos de la Secretaria de la Defensa Nacional
en la perspectiva de las próximas elecciones generales de 2024. El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se ha encargado de tratar de limpiar la imagen de las Fuerzas Armadas diciendo que “son pueblo”, declaró que cambió de opinión sobre la permanencia del Ejército,
Fuerza Aérea y Marina en la vida civil. No se trata de simplemente de una opinión distinta, se trata de una decisión del Presidente en contra de la voluntad popular que lo eligió, que entre otras cosas votó por él esperando que actuara para pacificar el país, frenar los mega proyectos en contra de las comunidades y acabar con la militarización. Es un acto en contra de la Constitución y del gobierno civil.
Hoy, desde diversos rincones del país, quienes día a día luchamos desde múltiples rincones por hacer de México un país con justicia, democracia, libertad, paz y dignidad, rechazamos la militarización del país, la iniciativa del Presidente, los usos que desde los políticos y empresarios le dan a un tema con meros fines electorales y la entrega desproporcionada de recursos del Estado a las fuerzas armadas.
Seguiremos denunciando los crímenes del Estado. Seguiremos buscando caminos para forjar una verdadera paz desde los pueblos. La paz con justicia y dignidad que construimos a diario cuando buscamos a nuestros seres queridos desaparecidos; defendemos el agua; luchamos contra la minería; contra la imposición de la presas hidroeléctricas, aerogeneradores y supercarreteras que atentan contra nuestros pueblos; cuando cuidamos nuestros bosques, cerros, ríos y lagos; luchamos contra el feminicidio y la violencia patriarcal.
Por ese camino, el camino de los pueblos, nuestro camino, seguiremos resistiendo y rechazando la violencia, crímenes de Estado y la militarización del país hasta que la justicia se siente entre nosotras y nosotros.
Organizaciones firmantes: Asamblea Maya Múuch Xíinbal, Casa Tecmilco, Centro Cultural Yankuik Kuikamatilistli -Xoxocotla, Morelos, Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Colectivo Buscando Vidas y Justicia por México, Colectiva “Hasta Encontrarte”- Guanajuato, Colectivo padres y madres de hijos desaparecidos Culiacán, Sinaloa, Colectivo por la autonomía, Colectivo una Luz en el camino Cd.Mx., Colectivo Unidas Siempre Buscando, Veracruz, Colectivo Raúl Trujillo Herrera, Comité 68 Pro Libertades Democráticas, Comité Popular y Social Tierra y Libertad de Durango, Desarrollo Económico y Social de Los Mexicanos Indígenas A.C., Familiares en Búsqueda María Herrera, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-Atenco, Grupo ETC, México, Jóvenes ante la Emergencia Nacional, Nueva Constituyente Ciudadana Popular- Mexicali, Sección XXII CNTE-SNTE Oaxaca, Sindicato Mexicano de Electricistas, Tsilinkalli Radio, Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa de los años 70s, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez Oaxaca, S. C., Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de octubre”
A título individual se suman: Álvaro Salgado, Ana María Maldonado Chávez, Gilberto López y Rivas, José Navarrete Ome, Magdiel Sánchez Quiroz, María de Jesús Soria Aguayo, María Salvadora Coronado Navarro, Mayra González Angeles, Ramón Vera, Rigoberto Albores Serrano, Silvia Ribeiro, Susana Guadalupe Ayala, Teresa Vera Alvarado, Yoltzi Martínez Corrales.