Periodistas Unidos. Ciudad de México. 15 de octubre de 2026.-  La plataforma de entretenimiento Netflix anunció este jueves 15 de octubre de 2026 el próximo estreno de la serie documental La caída de El Mayo, una producción audiovisual de tres episodios centrada en las circunstancias, traiciones y operaciones de inteligencia que derivaron en la captura del capo mexicano Ismael «El Mayo» Zambada García en julio de 2024. El lanzamiento del primer avance oficial anticipa el estreno global de la miniserie para el próximo 29 de octubre.

El proyecto está bajo la dirección conjunta del periodista de investigación estadounidense galardonado con el premio Emmy, Darren Foster, y el cineasta mexicano Miguel Fernández Flores. La investigación documental contrasta las hipótesis sobre si el arresto en El Paso, Texas, fue producto de una traición familiar instrumentada por Joaquín Guzmán López —hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán— o de una operación encubierta transfronteriza ejecutada por agencias de seguridad estadounidenses.

La narrativa incluye testimonios exclusivos de periodistas de investigación, entre los que destaca María Scherer, quien sostuvo encuentros periodísticos con el cofundador del Cártel de Sinaloa semanas antes de su detención. Asimismo, el metraje incorpora entrevistas con exagentes de seguridad de ambos países, actores políticos y personas vinculadas a las estructuras operativas de la organización criminal.

Los realizadores explicaron que el reto metodológico radicó en reconstruir la trayectoria de un perfil criminal que operó más de cuatro décadas en la clandestinidad casi sin registros fotográficos ni fonográficos. Tras su traslado a Estados Unidos, Zambada García se declaró culpable ante un tribunal federal de Nueva York por cargos relativos a narcotráfico, lavado de dinero y conspiración con armas de fuego.

Las derivaciones de la captura de «El Mayo» y la posterior pugna entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos continúan marcando la agenda de seguridad e inteligencia en el estado de Sinaloa y las oficinas de la administración federal con sede en la Ciudad de México. La docuserie busca aportar claridad periodística a uno de los acontecimientos clave del crimen organizado contemporáneo.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 15 de octubre de 2026.- El laboratorio de investigación tecnológica Citizen Lab, perteneciente a la Universidad de Toronto, reveló este jueves 15 de octubre de 2026 un informe que confirma la utilización de la infraestructura de publicidad digital para infectar dispositivos móviles de periodistas de la cadena internacional Al Jazeera con programas espía de fabricación israelí. El reporte documenta la ejecución de ciberataques mediante la modalidad zero-click (sin interacción del usuario), esquema que habría sido desplegado también en redes e instituciones de México, España y diversos países de América Latina.

La investigación determinó con elevada confianza que al menos 45 dispositivos de comunicadores de Al Jazeera sufrieron intrusiones entre 2024 y 2025 mediante software desarrollado por la firma israelí Candiru. El vectors de ataque operó a través de la plataforma publicitaria Discover-Tech, empresa que actuaba como intermediaria entre desarrolladores de tecnología de espionaje y el ecosistema de subastas automáticas de anuncios digitales en sitios web y aplicaciones móviles.

El mecanismo técnico, denominado AdFection, aprovechaba el proceso automatizado de compraventa de espacios publicitarios en tiempo real (real-time bidding). Al ganar la subasta para desplegar un anuncio, la plataforma recopilaba la dirección IP e identificadores del usuario; si la etiqueta coincidía con un objetivo prioritario, el sistema inyectaba un código malicioso que tomaba el control del dispositivo de forma silenciosa sin requerir que la víctima hiciera clic sobre el banner o enlace.

De forma paralela, el análisis de Citizen Lab sobre casi 4 mil millones de registros detectó la presencia de redes de anuncios asociadas a Discover-Tech en portales vinculados a organismos internacionales como la OTAN, Naciones Unidas y dependencias gubernamentales de México, Brasil y Uruguay. Por su parte, la firma de ciberseguridad estadounidense Confiant confirmó la detección de operaciones publicitarias maliciosas vinculadas a Candiru operando activamente en la península ibérica y el continente americano.

Ante las evidencias recabadas por los investigadores de ciberseguridad, corporaciones tecnológicas globales como Google y la asociación europea de publicidad IAB Europe procedieron a la expulsión definitiva de Discover-Tech de sus listas de proveedores y socios publicitarios autorizados. La revelación reaviva el debate global en la Ciudad de México y foros internacionales sobre la vulnerabilidad de las redes de comunicación y la falta de regulación sobre el mercado de ciberespionaje mercantilizado.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 08 de octubre de 2026.- La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) develó este jueves en Bayeux, en el noroeste de Francia, una nueva estela conmemorativa con los nombres de 56 periodistas asesinados en el ejercicio de su labor informativa durante el último año. La ceremonia, enmarcada en la trigésima tercera edición de los Premios Bayeux-Calvados-Normandía para corresponsales de guerra, visibilizó los riesgos letales que afronta la prensa en zonas de conflicto armado y la cobertura del crimen organizado.

El director general de RSF, Thibaut Bruttin, encabezó el acto junto a familiares de las víctimas y advirtió que las agresiones contra la prensa continúan en aumento a nivel global. De las 56 víctimas inscritas en el monumento, 27 corresponden a periodistas palestinos y libaneses caídos en el marco de las hostilidades en Gaza, siendo el enclave del Medio Oriente la región con la mayor concentración de decesos registrados.

En el contexto regional, la organización alertó sobre el deterioro de la seguridad para los profesionales de la comunicación en América Latina. RSF contabilizó que México acumula ocho periodistas asesinados desde el inicio de 2026. Por su parte, en el caso de Colombia se rindió homenaje a Cristian Hernando Herrera Nariño, investigador especializado en crimen organizado y violencia armada asesinado el pasado 6 de junio tras más de dos décadas de trayectoria periodística.

Durante la jornada conmemorativa se recordó de igual forma a la periodista rusa Anna Politkovskaya al cumplirse exactamente dos décadas de su homicidio, ocurrido tras haber documentado los abusos perpetrados durante la guerra de Chechenia. El Memorial de los Reporteros de Guerra de Bayeux, erigido en 2006 en alianza con RSF, rinde tributo de manera permanente a los informadores e informadoras que han perdido la vida en la cobertura de conflictos globales.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 06 de octubre de 2026.- La reportera zapoteca Diana Manzo desmintió versiones que la vinculan con la asignación irregular de una plaza y el cobro de remuneraciones públicas en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). A través de un pronunciamiento público dirigido al gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, y a la opinión pública desde Oaxaca de Juárez, la comunicadora aclaró que no cuenta con notificación ni información oficial que confirme dichos movimientos administrativos a su nombre.

Manzo informó que inició solicitudes formales mediante los mecanismos de acceso a la información pública para requerir al IEEPO el desglose de cualquier registro, trámite, nómina o expediente administrativo abierto con sus datos. Asimismo, dio a conocer que tras consultar el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante su nombre completo y clave CURP, verificó que no figura inscrita en la plantilla docente ni administrativa del sector educativo federal.

La periodista advirtió que de confirmarse la utilización apócrifa de sus documentos personales, firma o identidad para la obtención fraudulenta de recursos públicos, procederá legalmente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. Manzo enfatizó la urgencia de investigar el caso para deslindar responsabilidades penales y administrativas contra quienes resulten responsables por el posible delito de suplantación de identidad y afectación a su reputación profesional.

En su mensaje, la corresponsal instó a las autoridades estatales a no prejuzgar los hechos ni emitir señalamientos infundados en tanto las instancias correspondientes no concluyan el cotejo de información. La comunicadora se comprometió a transparentar los dictámenes oficiales de los órganos de fiscalización conforme se resuelvan las peticiones de información presentadas.

El gremio periodístico en la entidad manifestó su respaldo a la reportera indígena y solicitó a los órganos de control interno del gobierno oaxaqueño celeridad en el esclarecimiento de las nóminas institucionales. La Secretaría de la Honestidad y Función Pública local aún no ha emitido una postura oficial sobre el caso.

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A la salida del Metro Tlatelolco, policías de la SSC encapsularon y golpearon a estudiantes que se dirigían a la marcha del 2 de octubre, y arrebataron sus equipos a periodistas que registraban la agresión. Una crónica de lo ocurrido y de la versión oficial que lo dejó fuera.

Por: Mario Marlo / @Mariomarlo

Periodistas Unidos / Somos el Medio. Ciudad de México. 05 de octubre de 2026.- El 2 de octubre, un policía sin placa me arrebató el celular mientras grababa cómo él y sus compañeros golpeaban a jóvenes encapsulados afuera del Metro Tlatelolco. Horas después, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, dijo en televisión que a los periodistas agredidos ya se nos había acompañado a denunciar. Nadie de la Secretaría de Seguridad Ciudadana me ha buscado.

Escribo esto para dejar constancia de lo que vi, de lo que me hicieron y de lo que el gobierno de la ciudad dice que hizo y no hizo.

Lo que encontramos al bajar del tren

Poco después de las dos de la tarde, el equipo de Somoselmedio llegó a la estación Tlatelolco para iniciar, como cada año, la cobertura de la marcha por los 58 años de la masacre de 1968. Lo primero que vimos al bajar del tren fueron policías revisando las mochilas de quienes llegaban, sin orden ni motivo. Lo grabé.

Afuera, en el camino hacia la Plaza de las Tres Culturas, esperaba una fila de más de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y decenas de motocicletas estacionadas en dos hileras. Miraban a los jóvenes salir del Metro. A algunos, elegidos al azar, los jalaban y los golpeaban; sus compañeros salían a defenderlos y comenzaba el forcejeo.

Muchos de esos policías no portaban placa y llevaban cascos que no eran los de la corporación. Las motocicletas, en cambio, sí eran oficiales. Ese detalle marca la diferencia entre una agresión con responsable y una agresión sin rostro.

Atrapados en la salida sur

Minutos después, un contingente de al menos 200 personas, jóvenes casi todos y entre ellos un bebé, fue obligado a salir por la puerta contraria a la plaza: la salida sur de la estación, hacia la calle Zoltán Kodály. Es un espacio cerrado por una barda y por puestos comerciales. Ahí quedaron atrapados.

Los policías los encapsularon y, sin ninguna razón visible, comenzaron a jalarlos, a tirarlos al piso para golpearlos y a quitarles sus pertenencias. Mientras grababa, vi cómo despojaban al menos a ocho personas. Les rociaron un extintor encima y, en medio del pánico, los jóvenes buscaban salir por un pasillo angosto, la única salida.

A un joven que entrevisté le quitaron todo: cámara fotográfica, celular y mochila. Al menos otros ocho fueron golpeados y arrastrados; los rescataron sus propios compañeros, no la autoridad.

Mientras yo fotografiaba y grababa, un policía sin placa, con un casco que le cubría todo el rostro, me arrebató el celular e intentó guardarlo. Cuando vio que yo le tomaba fotografías, lo lanzó a unos siete metros. Los mismos estudiantes encapsulados me ayudaron a recuperarlo: el teléfono quedó dañado, pero el material se salvó.

Llevaba un segundo teléfono. Desde hace años nuestro protocolo de seguridad nos obliga a cubrir con dos, precisamente para momentos así, y con él pude respaldar y difundir lo que había grabado. Que un medio independiente tenga que prever que la policía le robará el equipo retrata las condiciones en que se ejerce el periodismo en esta ciudad.

No fui el único. Vi al menos a tres mujeres a las que les quitaron el celular por grabar el operativo. A Iván Ortiz, reportero de El Sol de México, lo golpearon en la cara y le quitaron celular, computadora y mochila; él mismo describió a sus agresores como policías y personas vestidas de civil con casco.

Cuando el encapsulamiento terminó y los estudiantes lograron salir a empujones, golpeados, los policías se plantaron en la salida del Metro y ya no dejaron salir a nadie. Media hora después el operativo se movió y la salida quedó libre. Poco antes de las cuatro de la tarde, quienes bajaban en Tlatelolco salían sin ningún problema.

Ahora pregunto lo que nadie en el gobierno ha respondido: si a las cuatro se podía salir libremente, ¿para qué encapsular, golpear y despojar a esos jóvenes una hora antes? Lo único que ese operativo consiguió fue impedir que cientos de personas llegaran a tiempo a la Plaza de las Tres Culturas.

Lo que dijo Cravioto

Ese mismo día, en un enlace en vivo con Milenio Noticias, le preguntaron al secretario de Gobierno qué haría la SSC con los policías denunciados por dos periodistas: Iván Ortiz y yo. César Cravioto respondió:

«Entiendo que justamente ya se les acompañó a que hicieran la denuncia y se tiene que revisar que si alguien actuó de manera incorrecta, pues que se castigue».

Y agregó:

«La gente de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha estado en contacto con estos periodistas para analizar lo que pasó y para que pudieran hacer la denuncia correspondiente».

En mi caso, eso es falso. Nadie de la SSC se ha comunicado conmigo: ni Comunicación Social, ni Asuntos Internos, ni Derechos Humanos. Nadie me acompañó a denunciar.

Lo único que recibimos fue una respuesta pública de la cuenta @SSC_CDMX en X a la publicación de Somoselmedio: «La Dirección General de Asuntos Internos de la SSC tomó conocimiento y se encuentra investigando el presunto uso indebido de la fuerza en este caso». Después de ese tuit, nada. No sé si existe una carpeta, quién la integra ni en qué va.

El mismo 2 de octubre presenté una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), registrada con el número de gestión 1332530, por la violación de mis derechos a la protesta, a la libertad de expresión y al libre ejercicio periodístico.

Lo que dijo Cravioto no es un error de información sin consecuencias. Medios como El Financiero y Sopitas reprodujeron la versión oficial de que la SSC “ya investiga”, y la audiencia se quedó con la imagen de un gobierno que acompaña, investiga y repara. Conmigo no ha ocurrido nada de eso: nadie me acompañó, nadie me ha informado de una investigación y nadie ha reparado nada.

El secretario también habló en condicional de algo que está grabado: “si alguien actuó de manera incorrecta”, “el material que pudieron haber sustraído”. Un policía arrancándole el teléfono a un periodista no es una hipótesis. Es un despojo cometido por un servidor público, y hay video.

Hay algo más grave en esa respuesta: los jóvenes desaparecieron del relato. En la entrevista nadie mencionó a los estudiantes encapsulados, golpeados en el piso y despojados de cámaras, celulares y mochilas. Todo se redujo a dos celulares de periodistas, como si lo ocurrido fuera un incidente con la prensa y no un operativo contra cientos de personas que querían llegar a una conmemoración. El programa se tituló “Marcha por Tlatelolco termina con petardos en el Zócalo”; lo que pasó antes, en el Metro, ocupó un intercambio breve antes de que el conductor pasara al tema del transporte.

Por qué no denuncié ante ellos

Cravioto habla de la denuncia como si el paso pendiente fuera mío. No presenté denuncia después de la cobertura porque no confío en la autoridad que golpea, roba e impide hacer mi trabajo. Fue esa misma policía la que nos empujó y nos roció gas y extintor para que no documentáramos las agresiones contra los jóvenes.

Y es esa misma institución la que hoy dice investigarse a sí misma. La Dirección General de Asuntos Internos que “tomó conocimiento” forma parte de la propia SSC. Pedirle a una víctima que confíe su caso a la corporación que la agredió no es acompañamiento: es trasladarle la carga.

La obligación de investigar, además, no depende de que la víctima se presente en una ventanilla. Cuando hay indicios de que servidores públicos violaron derechos humanos, el Estado está obligado a investigar de oficio. Las pruebas existen: videos, fotografías, testimonios y las notas de más de una decena de medios que documentaron las agresiones.

Por eso mi vía es la queja ante la CDHCM, que seguirá su curso. Y por eso escribo este texto: para que la versión del secretario no sea la única que quede registrada.

Policías sin rostro, 58 años después

El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, el Ejército y el Batallón Olimpia dispararon contra un mitin estudiantil. Los integrantes del Batallón vestían de civil y se reconocían entre sí por un guante o un pañuelo blanco en la mano izquierda. La versión oficial culpó a los estudiantes de haber disparado primero; décadas después se documentó que los tiradores apostados en los edificios respondían al propio Estado.

Tres años más tarde, el 10 de junio de 1971, Los Halcones, un grupo de choque entrenado por el gobierno y vestido de civil, atacó otra marcha estudiantil. El gobierno lo presentó como un enfrentamiento entre estudiantes.

No comparo la magnitud de aquellos crímenes de Estado con lo ocurrido este 2 de octubre. Comparo el método: actuar sin identificación para que después la violencia pueda atribuirse a nadie. En su tarjeta informativa, la SSC se refirió a “la agresión denunciada que ocurrió con un reportero de un medio de comunicación por civiles encapuchados”. Yo vi otra cosa: agentes sin placa, con cascos ajenos a la corporación, parados junto a motocicletas oficiales.

Esa coartada solo funciona cuando no queda registro. En mi caso hay video, y quizá por eso la respuesta de la SSC habló de “presunto uso indebido de la fuerza” y no de encapuchados.

Tampoco es la primera vez que este gobierno elige su versión antes de investigar. En noviembre de 2025, tras la marcha convocada por la llamada Generación Z, Cravioto afirmó: «Quien convoca la marcha, convoca a agredir, convoca a generar caos», y descartó que la policía hubiera iniciado las agresiones.

Las cifras muestran que la Ciudad de México no es una excepción, sino el centro del problema. En su informe anual sobre 2025, Artículo 19 documentó 451 agresiones contra la prensa en México; en 227 hubo responsabilidad directa de algún nivel de gobierno. La capital encabezó la lista de entidades, con 84 casos.

Esta vez ocurrió en Tlatelolco, el día en que se recuerda a estudiantes asesinados por el Estado, contra jóvenes que intentaban llegar a esa misma plaza. La memoria de 1968 no se honra con discursos si ese mismo día la policía decide quién puede llegar a la Plaza de las Tres Culturas y quién no.

Lo que exijo

Exijo, antes que nada, que se devuelvan sus pertenencias a los jóvenes despojados en la salida sur del Metro Tlatelolco y que se repare el daño a cada persona agredida.

Exijo a la SSC, encabezada por Pablo Vázquez Camacho, que informe cuántos elementos desplegó en la estación, quién ordenó el operativo y con qué fundamento, por qué se roció un extintor contra personas encapsuladas y por qué había agentes sin placa y con cascos no oficiales. Que identifique a quienes golpearon y despojaron a los jóvenes, y a quienes arrebataron teléfonos para que no quedara registro.

Pido a la CDHCM que solicite, como medida precautoria, el resguardo de las grabaciones de las cámaras del C5 y del Metro, y de las fatigas de servicio de ese día: los registros de qué agentes participaron en el operativo. Cada día sin ese resguardo es evidencia que puede perderse.

Y exijo al secretario César Cravioto que rectifique lo que dijo sobre el acompañamiento a los periodistas y, sobre todo, que explique por qué la policía de la ciudad encapsuló a cientos de jóvenes que iban a una conmemoración.

Somoselmedio volverá a Tlatelolco el próximo 2 de octubre, como cada año, a documentar. Grabar a la policía no es un delito. Golpear y despojar a quienes solo querían llegar a la plaza, sí.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 05 de octubre de 2026.- La Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos emitió este lunes 5 de octubre de 2026 una alerta pública para denunciar y condenar una serie de agresiones violentas cometidas contra comunicadores durante la cobertura de la marcha conmemorativa del 2 de octubre en Cuernavaca. La organización gremial documentó al menos cuatro episodios que involucran agresiones físicas y verbales, amenazas, intimidación, actos de censura directa y daños materiales a equipos de trabajo.

Entre las agresiones reportadas destaca el caso de una reportera que fue encapsulada por manifestantes y obligada a eliminar el material fotográfico y en video registrado durante la cobertura informativa. Asimismo, la red confirmó ataques físicos contra un camarógrafo, afectaciones a sus herramientas de grabación e intimidaciones sistemáticas hacia reporteros que documentaban diversos momentos del recorrido en las calles de la capital morelense.

Con base en registros audiovisuales y testimonios recabados por el gremio, las agresiones fueron perpetradas por integrantes del denominado bloque negro y miembros de la batucada WAMAZO Ensamble de Re-Percusión. La organización enfatizó que, si bien se reconoce la intención de proteger la identidad de quienes realizan intervenciones de iconoclasia, dicho propósito no justifica bajo ninguna circunstancia el uso de la violencia, el hostigamiento ni la obstrucción del trabajo periodístico.

El pronunciamiento señala que estos actos vulneran de manera directa los derechos fundamentales consagrados en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio libre del periodismo. La colectiva lamentó que las conductas violentas de estos grupos terminen por desvirtuar las causas legítimas del movimiento estudiantil, colectivas feministas y familias víctimas de violencia extrema.

La postura fijada por la Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos aclaró que no se cuestiona el derecho a la protesta social ni las demandas comunitarias, subrayando que la movilización ciudadana y la labor de informar deben coexistir en un marco de respeto mutuo. El gremio hizo un llamado urgente a las colectivas y participantes de futuras marchas para abstenerse de cualquier acto de censura o violencia bajo la premisa institucional de que informar no constituye una agresión.

Mecanismos de protección a derechos humanos y organizaciones continentales de libertad de prensa fueron notificados del expediente para dar seguimiento al estado de salud de las y los periodistas agredidos. Las plataformas del gremio continuarán monitoreando las condiciones de seguridad para las coberturas en la entidad.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de septiembre de 2026.- Las cinco principales cadenas de televisión de los Estados Unidos —ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC— acordaron de manera conjunta suspender la cobertura compartida (pool de televisión) de las actividades del presidente Donald Trump. La medida de protesta colegiada se adoptó luego de que la administración de la Casa Blanca impidiera el acceso al equipo técnico de la cadena CNN, empresa a la que correspondía encabezar la representación rotativa de prensa durante los desplazamientos del mandatario este lunes.

La decisión de los consorcios televisivos representa una escalada sin precedentes en la relación entre el gobierno federal y el cuerpo de corresponsales acreditados en Washington. El acuerdo colectivo se produjo de forma paralela a la demanda judicial interpuesta ante un tribunal federal por CNN, MS NOW y Politico, medios de comunicación a cuyos periodistas se les revocó la credencial de acceso a las instalaciones ejecutivas de la capital estadounidense bajo acusaciones de difundir información falsa.

Bryan Boughton, director de la oficina de Fox News en Washington y presidente en turno del consorcio de pool de televisión, notificó oficialmente a las empresas miembro la suspensión inmediata de las transmisiones coordinadas para los eventos presidenciales. Por tradición, las cinco cadenas se alternan la responsabilidad logística y financiera de registrar imágenes en video de las giras presidenciales para su distribución a los medios de comunicación a nivel global.

El retiro del pool de televisión afectó el registro audiovisual de las actividades de Trump durante su viaje a la ciudad de Nueva York para participar en las sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pese a la ausencia de cámaras de las cadenas de señal abierta, la cobertura de la comitiva presidencial se mantuvo a través de fotógrafos de prensa fija y reporteros de medios impresos, agencias de noticias y radiodifusoras.

Las cadenas integrantes del consorcio mantendrán suspendido el servicio de señal unificada en tanto las autoridades ejecutivas no restablezcan las acreditaciones de los profesionales excluidos de la rotación.

El tribunal federal de Washington resolverá en los próximos días las peticiones de medidas cautelares promovidas por los medios afectados contra el Poder Ejecutivo.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de septiembre de 2026.- Los medios de comunicación estadounidenses CNN, MS NOW y el portal informativo Politico presentaron una demanda conjunta ante un juez federal del Tribunal de Distrito de Washington D. C. contra el presidente Donald Trump. La acción legal responde al retiro de credenciales de prensa y la prohibición de acceso a las instalaciones de la Casa Blanca a sus reporteros, medida anunciada por la administración estadounidense bajo señalamientos de difusión de información falsa.

En su comunicado conjunto, las empresas periodísticas argumentaron que la revocación de sus acreditaciones se ejecutó sin notificación previa ni debido proceso, lo que representa una violación directa a los derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La querella busca la restitución inmediata del acceso a los espacios de trabajo presidenciales, aduciendo que la restricción vulnera la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir periodismo independiente.

La medida restrictiva se hizo efectiva tras impedirse el ingreso a los terrenos del recinto ejecutivo a las reporteras Akayla Gardner, Betsy Klein y Cheyenne Haslett, a quienes les fueron confiscadas sus credenciales oficiales. Adicionalmente, la prohibición impide a los equipos técnicos de las cadenas de televisión CNN y MS NOW instalar cámaras o unidades de transmisión en los jardines y áreas de prensa de la residencia presidencial.

El conflicto legal escaló de manera paralela al inicio del viaje del mandatario hacia la ciudad de Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La exclusión de la cadena CNN, que tenía asignada la cobertura del sistema rotativo de transmisión compartida (pool de televisión), dejó a la comitiva sin un equipo audiovisual de prensa integrado para registrar las reuniones bilaterales con jefes de Estado internacionales.

Se prevé que el tribunal federal programe las primeras audiencias de desahogo de alegatos legales durante el transcurso de la semana para definir la procedencia de medidas cautelares.

Las organizaciones internacionales de defensa de la libertad de expresión continuarán con el seguimiento del proceso judicial hasta la emisión del fallo correspondiente.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 20 de septiembre de 2026.-  La reportera de La Jornada Blanche Petrich, fue retenida este domingo 20 de septiembre por autoridades de seguridad aeroportuaria en dependencias del Aeropuerto Internacional Palmerola, Honduras, cuando se disponía a abordar un vuelo de Aeroméxico con destino a México.

El personal de la División de Seguridad Aeroportuaria pretendía someterla a una revisión física que incluía quitarse la prótesis y la ropa, un procedimiento que organizaciones de derechos humanos y redes de periodistas calificaron de violatorio de su dignidad y derechos fundamentales. El requerimiento se formuló pese a que Petrich ya había pasado una revisión previa en la misma terminal y a que los aeropuertos suelen contar con protocolos para viajeros con prótesis o dispositivos médicos.

La detención duró apenas unos minutos. Tras la denuncia pública inmediata y la movilización solidaria en redes, las autoridades la dejaron acceder a la sala de embarque, informó la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

Contexto de la visita

Petrich formaba parte de una delegación internacional de observación y solidaridad con el pueblo garífuna y la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). En los días previos había reportado desde Honduras la tensión en Playa Uva, en los Cayos Cochinos, donde pescadores garífunas mantienen un plantón ante una orden de desalojo y el despliegue de policía naval. El predio está vinculado a la Sociedad de Inversiones Ecológicas, empresa en la que el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego es socio mayoritario, y se pretende usar para el rodaje de un reality.

Este domingo ella misma publicó en La Jornada la nota “Termina jornada de fraternidad en Honduras sin soluciones”.

Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH, denunció el episodio como una represalia por el trabajo periodístico de Petrich sobre violaciones a los derechos humanos del pueblo garífuna. “Ella ingresó por ese mismo aeropuerto. Exigimos respeto y tránsito seguro”, escribió.

Redes de periodistas, Prensa Comunitaria, IM-Defensoras y otras organizaciones emitieron alertas urgentes, exigieron su liberación inmediata y advirtieron que harían responsable al Estado hondureño de cualquier vulneración a su integridad.

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