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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 06 de octubre de 2026.- La reportera zapoteca Diana Manzo desmintió versiones que la vinculan con la asignación irregular de una plaza y el cobro de remuneraciones públicas en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). A través de un pronunciamiento público dirigido al gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, y a la opinión pública desde Oaxaca de Juárez, la comunicadora aclaró que no cuenta con notificación ni información oficial que confirme dichos movimientos administrativos a su nombre.

Manzo informó que inició solicitudes formales mediante los mecanismos de acceso a la información pública para requerir al IEEPO el desglose de cualquier registro, trámite, nómina o expediente administrativo abierto con sus datos. Asimismo, dio a conocer que tras consultar el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante su nombre completo y clave CURP, verificó que no figura inscrita en la plantilla docente ni administrativa del sector educativo federal.

La periodista advirtió que de confirmarse la utilización apócrifa de sus documentos personales, firma o identidad para la obtención fraudulenta de recursos públicos, procederá legalmente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. Manzo enfatizó la urgencia de investigar el caso para deslindar responsabilidades penales y administrativas contra quienes resulten responsables por el posible delito de suplantación de identidad y afectación a su reputación profesional.

En su mensaje, la corresponsal instó a las autoridades estatales a no prejuzgar los hechos ni emitir señalamientos infundados en tanto las instancias correspondientes no concluyan el cotejo de información. La comunicadora se comprometió a transparentar los dictámenes oficiales de los órganos de fiscalización conforme se resuelvan las peticiones de información presentadas.

El gremio periodístico en la entidad manifestó su respaldo a la reportera indígena y solicitó a los órganos de control interno del gobierno oaxaqueño celeridad en el esclarecimiento de las nóminas institucionales. La Secretaría de la Honestidad y Función Pública local aún no ha emitido una postura oficial sobre el caso.

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A la salida del Metro Tlatelolco, policías de la SSC encapsularon y golpearon a estudiantes que se dirigían a la marcha del 2 de octubre, y arrebataron sus equipos a periodistas que registraban la agresión. Una crónica de lo ocurrido y de la versión oficial que lo dejó fuera.

Por: Mario Marlo / @Mariomarlo

Periodistas Unidos / Somos el Medio. Ciudad de México. 05 de octubre de 2026.- El 2 de octubre, un policía sin placa me arrebató el celular mientras grababa cómo él y sus compañeros golpeaban a jóvenes encapsulados afuera del Metro Tlatelolco. Horas después, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, dijo en televisión que a los periodistas agredidos ya se nos había acompañado a denunciar. Nadie de la Secretaría de Seguridad Ciudadana me ha buscado.

Escribo esto para dejar constancia de lo que vi, de lo que me hicieron y de lo que el gobierno de la ciudad dice que hizo y no hizo.

Lo que encontramos al bajar del tren

Poco después de las dos de la tarde, el equipo de Somoselmedio llegó a la estación Tlatelolco para iniciar, como cada año, la cobertura de la marcha por los 58 años de la masacre de 1968. Lo primero que vimos al bajar del tren fueron policías revisando las mochilas de quienes llegaban, sin orden ni motivo. Lo grabé.

Afuera, en el camino hacia la Plaza de las Tres Culturas, esperaba una fila de más de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y decenas de motocicletas estacionadas en dos hileras. Miraban a los jóvenes salir del Metro. A algunos, elegidos al azar, los jalaban y los golpeaban; sus compañeros salían a defenderlos y comenzaba el forcejeo.

Muchos de esos policías no portaban placa y llevaban cascos que no eran los de la corporación. Las motocicletas, en cambio, sí eran oficiales. Ese detalle marca la diferencia entre una agresión con responsable y una agresión sin rostro.

Atrapados en la salida sur

Minutos después, un contingente de al menos 200 personas, jóvenes casi todos y entre ellos un bebé, fue obligado a salir por la puerta contraria a la plaza: la salida sur de la estación, hacia la calle Zoltán Kodály. Es un espacio cerrado por una barda y por puestos comerciales. Ahí quedaron atrapados.

Los policías los encapsularon y, sin ninguna razón visible, comenzaron a jalarlos, a tirarlos al piso para golpearlos y a quitarles sus pertenencias. Mientras grababa, vi cómo despojaban al menos a ocho personas. Les rociaron un extintor encima y, en medio del pánico, los jóvenes buscaban salir por un pasillo angosto, la única salida.

A un joven que entrevisté le quitaron todo: cámara fotográfica, celular y mochila. Al menos otros ocho fueron golpeados y arrastrados; los rescataron sus propios compañeros, no la autoridad.

Mientras yo fotografiaba y grababa, un policía sin placa, con un casco que le cubría todo el rostro, me arrebató el celular e intentó guardarlo. Cuando vio que yo le tomaba fotografías, lo lanzó a unos siete metros. Los mismos estudiantes encapsulados me ayudaron a recuperarlo: el teléfono quedó dañado, pero el material se salvó.

Llevaba un segundo teléfono. Desde hace años nuestro protocolo de seguridad nos obliga a cubrir con dos, precisamente para momentos así, y con él pude respaldar y difundir lo que había grabado. Que un medio independiente tenga que prever que la policía le robará el equipo retrata las condiciones en que se ejerce el periodismo en esta ciudad.

No fui el único. Vi al menos a tres mujeres a las que les quitaron el celular por grabar el operativo. A Iván Ortiz, reportero de El Sol de México, lo golpearon en la cara y le quitaron celular, computadora y mochila; él mismo describió a sus agresores como policías y personas vestidas de civil con casco.

Cuando el encapsulamiento terminó y los estudiantes lograron salir a empujones, golpeados, los policías se plantaron en la salida del Metro y ya no dejaron salir a nadie. Media hora después el operativo se movió y la salida quedó libre. Poco antes de las cuatro de la tarde, quienes bajaban en Tlatelolco salían sin ningún problema.

Ahora pregunto lo que nadie en el gobierno ha respondido: si a las cuatro se podía salir libremente, ¿para qué encapsular, golpear y despojar a esos jóvenes una hora antes? Lo único que ese operativo consiguió fue impedir que cientos de personas llegaran a tiempo a la Plaza de las Tres Culturas.

Lo que dijo Cravioto

Ese mismo día, en un enlace en vivo con Milenio Noticias, le preguntaron al secretario de Gobierno qué haría la SSC con los policías denunciados por dos periodistas: Iván Ortiz y yo. César Cravioto respondió:

«Entiendo que justamente ya se les acompañó a que hicieran la denuncia y se tiene que revisar que si alguien actuó de manera incorrecta, pues que se castigue».

Y agregó:

«La gente de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha estado en contacto con estos periodistas para analizar lo que pasó y para que pudieran hacer la denuncia correspondiente».

En mi caso, eso es falso. Nadie de la SSC se ha comunicado conmigo: ni Comunicación Social, ni Asuntos Internos, ni Derechos Humanos. Nadie me acompañó a denunciar.

Lo único que recibimos fue una respuesta pública de la cuenta @SSC_CDMX en X a la publicación de Somoselmedio: «La Dirección General de Asuntos Internos de la SSC tomó conocimiento y se encuentra investigando el presunto uso indebido de la fuerza en este caso». Después de ese tuit, nada. No sé si existe una carpeta, quién la integra ni en qué va.

El mismo 2 de octubre presenté una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), registrada con el número de gestión 1332530, por la violación de mis derechos a la protesta, a la libertad de expresión y al libre ejercicio periodístico.

Lo que dijo Cravioto no es un error de información sin consecuencias. Medios como El Financiero y Sopitas reprodujeron la versión oficial de que la SSC “ya investiga”, y la audiencia se quedó con la imagen de un gobierno que acompaña, investiga y repara. Conmigo no ha ocurrido nada de eso: nadie me acompañó, nadie me ha informado de una investigación y nadie ha reparado nada.

El secretario también habló en condicional de algo que está grabado: “si alguien actuó de manera incorrecta”, “el material que pudieron haber sustraído”. Un policía arrancándole el teléfono a un periodista no es una hipótesis. Es un despojo cometido por un servidor público, y hay video.

Hay algo más grave en esa respuesta: los jóvenes desaparecieron del relato. En la entrevista nadie mencionó a los estudiantes encapsulados, golpeados en el piso y despojados de cámaras, celulares y mochilas. Todo se redujo a dos celulares de periodistas, como si lo ocurrido fuera un incidente con la prensa y no un operativo contra cientos de personas que querían llegar a una conmemoración. El programa se tituló “Marcha por Tlatelolco termina con petardos en el Zócalo”; lo que pasó antes, en el Metro, ocupó un intercambio breve antes de que el conductor pasara al tema del transporte.

Por qué no denuncié ante ellos

Cravioto habla de la denuncia como si el paso pendiente fuera mío. No presenté denuncia después de la cobertura porque no confío en la autoridad que golpea, roba e impide hacer mi trabajo. Fue esa misma policía la que nos empujó y nos roció gas y extintor para que no documentáramos las agresiones contra los jóvenes.

Y es esa misma institución la que hoy dice investigarse a sí misma. La Dirección General de Asuntos Internos que “tomó conocimiento” forma parte de la propia SSC. Pedirle a una víctima que confíe su caso a la corporación que la agredió no es acompañamiento: es trasladarle la carga.

La obligación de investigar, además, no depende de que la víctima se presente en una ventanilla. Cuando hay indicios de que servidores públicos violaron derechos humanos, el Estado está obligado a investigar de oficio. Las pruebas existen: videos, fotografías, testimonios y las notas de más de una decena de medios que documentaron las agresiones.

Por eso mi vía es la queja ante la CDHCM, que seguirá su curso. Y por eso escribo este texto: para que la versión del secretario no sea la única que quede registrada.

Policías sin rostro, 58 años después

El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, el Ejército y el Batallón Olimpia dispararon contra un mitin estudiantil. Los integrantes del Batallón vestían de civil y se reconocían entre sí por un guante o un pañuelo blanco en la mano izquierda. La versión oficial culpó a los estudiantes de haber disparado primero; décadas después se documentó que los tiradores apostados en los edificios respondían al propio Estado.

Tres años más tarde, el 10 de junio de 1971, Los Halcones, un grupo de choque entrenado por el gobierno y vestido de civil, atacó otra marcha estudiantil. El gobierno lo presentó como un enfrentamiento entre estudiantes.

No comparo la magnitud de aquellos crímenes de Estado con lo ocurrido este 2 de octubre. Comparo el método: actuar sin identificación para que después la violencia pueda atribuirse a nadie. En su tarjeta informativa, la SSC se refirió a “la agresión denunciada que ocurrió con un reportero de un medio de comunicación por civiles encapuchados”. Yo vi otra cosa: agentes sin placa, con cascos ajenos a la corporación, parados junto a motocicletas oficiales.

Esa coartada solo funciona cuando no queda registro. En mi caso hay video, y quizá por eso la respuesta de la SSC habló de “presunto uso indebido de la fuerza” y no de encapuchados.

Tampoco es la primera vez que este gobierno elige su versión antes de investigar. En noviembre de 2025, tras la marcha convocada por la llamada Generación Z, Cravioto afirmó: «Quien convoca la marcha, convoca a agredir, convoca a generar caos», y descartó que la policía hubiera iniciado las agresiones.

Las cifras muestran que la Ciudad de México no es una excepción, sino el centro del problema. En su informe anual sobre 2025, Artículo 19 documentó 451 agresiones contra la prensa en México; en 227 hubo responsabilidad directa de algún nivel de gobierno. La capital encabezó la lista de entidades, con 84 casos.

Esta vez ocurrió en Tlatelolco, el día en que se recuerda a estudiantes asesinados por el Estado, contra jóvenes que intentaban llegar a esa misma plaza. La memoria de 1968 no se honra con discursos si ese mismo día la policía decide quién puede llegar a la Plaza de las Tres Culturas y quién no.

Lo que exijo

Exijo, antes que nada, que se devuelvan sus pertenencias a los jóvenes despojados en la salida sur del Metro Tlatelolco y que se repare el daño a cada persona agredida.

Exijo a la SSC, encabezada por Pablo Vázquez Camacho, que informe cuántos elementos desplegó en la estación, quién ordenó el operativo y con qué fundamento, por qué se roció un extintor contra personas encapsuladas y por qué había agentes sin placa y con cascos no oficiales. Que identifique a quienes golpearon y despojaron a los jóvenes, y a quienes arrebataron teléfonos para que no quedara registro.

Pido a la CDHCM que solicite, como medida precautoria, el resguardo de las grabaciones de las cámaras del C5 y del Metro, y de las fatigas de servicio de ese día: los registros de qué agentes participaron en el operativo. Cada día sin ese resguardo es evidencia que puede perderse.

Y exijo al secretario César Cravioto que rectifique lo que dijo sobre el acompañamiento a los periodistas y, sobre todo, que explique por qué la policía de la ciudad encapsuló a cientos de jóvenes que iban a una conmemoración.

Somoselmedio volverá a Tlatelolco el próximo 2 de octubre, como cada año, a documentar. Grabar a la policía no es un delito. Golpear y despojar a quienes solo querían llegar a la plaza, sí.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 05 de octubre de 2026.- La Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos emitió este lunes 5 de octubre de 2026 una alerta pública para denunciar y condenar una serie de agresiones violentas cometidas contra comunicadores durante la cobertura de la marcha conmemorativa del 2 de octubre en Cuernavaca. La organización gremial documentó al menos cuatro episodios que involucran agresiones físicas y verbales, amenazas, intimidación, actos de censura directa y daños materiales a equipos de trabajo.

Entre las agresiones reportadas destaca el caso de una reportera que fue encapsulada por manifestantes y obligada a eliminar el material fotográfico y en video registrado durante la cobertura informativa. Asimismo, la red confirmó ataques físicos contra un camarógrafo, afectaciones a sus herramientas de grabación e intimidaciones sistemáticas hacia reporteros que documentaban diversos momentos del recorrido en las calles de la capital morelense.

Con base en registros audiovisuales y testimonios recabados por el gremio, las agresiones fueron perpetradas por integrantes del denominado bloque negro y miembros de la batucada WAMAZO Ensamble de Re-Percusión. La organización enfatizó que, si bien se reconoce la intención de proteger la identidad de quienes realizan intervenciones de iconoclasia, dicho propósito no justifica bajo ninguna circunstancia el uso de la violencia, el hostigamiento ni la obstrucción del trabajo periodístico.

El pronunciamiento señala que estos actos vulneran de manera directa los derechos fundamentales consagrados en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio libre del periodismo. La colectiva lamentó que las conductas violentas de estos grupos terminen por desvirtuar las causas legítimas del movimiento estudiantil, colectivas feministas y familias víctimas de violencia extrema.

La postura fijada por la Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos aclaró que no se cuestiona el derecho a la protesta social ni las demandas comunitarias, subrayando que la movilización ciudadana y la labor de informar deben coexistir en un marco de respeto mutuo. El gremio hizo un llamado urgente a las colectivas y participantes de futuras marchas para abstenerse de cualquier acto de censura o violencia bajo la premisa institucional de que informar no constituye una agresión.

Mecanismos de protección a derechos humanos y organizaciones continentales de libertad de prensa fueron notificados del expediente para dar seguimiento al estado de salud de las y los periodistas agredidos. Las plataformas del gremio continuarán monitoreando las condiciones de seguridad para las coberturas en la entidad.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de septiembre de 2026.- Las cinco principales cadenas de televisión de los Estados Unidos —ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC— acordaron de manera conjunta suspender la cobertura compartida (pool de televisión) de las actividades del presidente Donald Trump. La medida de protesta colegiada se adoptó luego de que la administración de la Casa Blanca impidiera el acceso al equipo técnico de la cadena CNN, empresa a la que correspondía encabezar la representación rotativa de prensa durante los desplazamientos del mandatario este lunes.

La decisión de los consorcios televisivos representa una escalada sin precedentes en la relación entre el gobierno federal y el cuerpo de corresponsales acreditados en Washington. El acuerdo colectivo se produjo de forma paralela a la demanda judicial interpuesta ante un tribunal federal por CNN, MS NOW y Politico, medios de comunicación a cuyos periodistas se les revocó la credencial de acceso a las instalaciones ejecutivas de la capital estadounidense bajo acusaciones de difundir información falsa.

Bryan Boughton, director de la oficina de Fox News en Washington y presidente en turno del consorcio de pool de televisión, notificó oficialmente a las empresas miembro la suspensión inmediata de las transmisiones coordinadas para los eventos presidenciales. Por tradición, las cinco cadenas se alternan la responsabilidad logística y financiera de registrar imágenes en video de las giras presidenciales para su distribución a los medios de comunicación a nivel global.

El retiro del pool de televisión afectó el registro audiovisual de las actividades de Trump durante su viaje a la ciudad de Nueva York para participar en las sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pese a la ausencia de cámaras de las cadenas de señal abierta, la cobertura de la comitiva presidencial se mantuvo a través de fotógrafos de prensa fija y reporteros de medios impresos, agencias de noticias y radiodifusoras.

Las cadenas integrantes del consorcio mantendrán suspendido el servicio de señal unificada en tanto las autoridades ejecutivas no restablezcan las acreditaciones de los profesionales excluidos de la rotación.

El tribunal federal de Washington resolverá en los próximos días las peticiones de medidas cautelares promovidas por los medios afectados contra el Poder Ejecutivo.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de septiembre de 2026.- Los medios de comunicación estadounidenses CNN, MS NOW y el portal informativo Politico presentaron una demanda conjunta ante un juez federal del Tribunal de Distrito de Washington D. C. contra el presidente Donald Trump. La acción legal responde al retiro de credenciales de prensa y la prohibición de acceso a las instalaciones de la Casa Blanca a sus reporteros, medida anunciada por la administración estadounidense bajo señalamientos de difusión de información falsa.

En su comunicado conjunto, las empresas periodísticas argumentaron que la revocación de sus acreditaciones se ejecutó sin notificación previa ni debido proceso, lo que representa una violación directa a los derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La querella busca la restitución inmediata del acceso a los espacios de trabajo presidenciales, aduciendo que la restricción vulnera la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir periodismo independiente.

La medida restrictiva se hizo efectiva tras impedirse el ingreso a los terrenos del recinto ejecutivo a las reporteras Akayla Gardner, Betsy Klein y Cheyenne Haslett, a quienes les fueron confiscadas sus credenciales oficiales. Adicionalmente, la prohibición impide a los equipos técnicos de las cadenas de televisión CNN y MS NOW instalar cámaras o unidades de transmisión en los jardines y áreas de prensa de la residencia presidencial.

El conflicto legal escaló de manera paralela al inicio del viaje del mandatario hacia la ciudad de Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La exclusión de la cadena CNN, que tenía asignada la cobertura del sistema rotativo de transmisión compartida (pool de televisión), dejó a la comitiva sin un equipo audiovisual de prensa integrado para registrar las reuniones bilaterales con jefes de Estado internacionales.

Se prevé que el tribunal federal programe las primeras audiencias de desahogo de alegatos legales durante el transcurso de la semana para definir la procedencia de medidas cautelares.

Las organizaciones internacionales de defensa de la libertad de expresión continuarán con el seguimiento del proceso judicial hasta la emisión del fallo correspondiente.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 20 de septiembre de 2026.-  La reportera de La Jornada Blanche Petrich, fue retenida este domingo 20 de septiembre por autoridades de seguridad aeroportuaria en dependencias del Aeropuerto Internacional Palmerola, Honduras, cuando se disponía a abordar un vuelo de Aeroméxico con destino a México.

El personal de la División de Seguridad Aeroportuaria pretendía someterla a una revisión física que incluía quitarse la prótesis y la ropa, un procedimiento que organizaciones de derechos humanos y redes de periodistas calificaron de violatorio de su dignidad y derechos fundamentales. El requerimiento se formuló pese a que Petrich ya había pasado una revisión previa en la misma terminal y a que los aeropuertos suelen contar con protocolos para viajeros con prótesis o dispositivos médicos.

La detención duró apenas unos minutos. Tras la denuncia pública inmediata y la movilización solidaria en redes, las autoridades la dejaron acceder a la sala de embarque, informó la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

Contexto de la visita

Petrich formaba parte de una delegación internacional de observación y solidaridad con el pueblo garífuna y la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). En los días previos había reportado desde Honduras la tensión en Playa Uva, en los Cayos Cochinos, donde pescadores garífunas mantienen un plantón ante una orden de desalojo y el despliegue de policía naval. El predio está vinculado a la Sociedad de Inversiones Ecológicas, empresa en la que el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego es socio mayoritario, y se pretende usar para el rodaje de un reality.

Este domingo ella misma publicó en La Jornada la nota “Termina jornada de fraternidad en Honduras sin soluciones”.

Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH, denunció el episodio como una represalia por el trabajo periodístico de Petrich sobre violaciones a los derechos humanos del pueblo garífuna. “Ella ingresó por ese mismo aeropuerto. Exigimos respeto y tránsito seguro”, escribió.

Redes de periodistas, Prensa Comunitaria, IM-Defensoras y otras organizaciones emitieron alertas urgentes, exigieron su liberación inmediata y advirtieron que harían responsable al Estado hondureño de cualquier vulneración a su integridad.

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Periodistas Unidos. Washington, Estados Unidos. 19 de septiembre de 2026.- La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ejecutó este sábado la prohibición de ingreso a las instalaciones de la Casa Blanca a periodistas pertenecientes a los medios de comunicación CNN, MS NOW y Politico. La medida se concretó luego de que el mandatario publicara en su plataforma Truth Social que restringiría el acceso a las organizaciones periodísticas que, a su juicio, difundan informaciones críticas sobre su gestión presidencial, advirtiendo que la restricción se extenderá a otras cadenas.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) emitió un pronunciamiento de rechazo en el que calificó la acción como una prohibición arbitraria contra la prensa libre, recordando que la Constitución del país resguarda la labor informativa frente a represalias gubernamentales. Por su parte, las direcciones editoriales de los tres medios afectados anunciaron que interpondrán acciones legales basadas en las garantías de la Primera Enmienda para restituir el trabajo de sus profesionales en la sede ejecutiva.

Especialistas en derecho constitucional, como Jameel Jaffer del Instituto Knight para la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, señalaron que la exclusión de reporteros de un espacio público viola la jurisprudencia federal, la cual impide sancionar a medios de comunicación por sus opiniones o criterios editoriales. Juristas recordaron que antecedentes históricos, entre ellos el fallo del caso Sherrill v. Knight de 1977, establecen que la retirada de acreditaciones de prensa requiere de procedimientos formales y criterios explícitos que eviten decisiones discrecionales.

La restricción impuesta a CNN, MS NOW y Politico se suma a litigios previos iniciados por la administración contra agencias informativas internacionales por disputas en la terminología editorial, así como a controversias anteriores por el retiro de credenciales a reporteros de la fuente presidencial.

Los equipos jurídicos de las cadenas involucradas alistan los recursos de amparo ante los tribunales federales del distrito de Columbia para solicitar la reinstalación inmediata de las credenciales de sus corresponsales.

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EFE, San José, Costa Rica. 15 de septiembre de 2026.-  Roche América Latina y la Fundación Gabo dieron a conocer los 12 trabajos finalistas del Premio Roche de Periodismo en Salud 2026, que por primera vez en sus 14 ediciones convocó de forma simultánea sus cuatro categorías: Periodismo escrito, Periodismo audiovisual, Periodismo digital y Periodismo sonoro.

De acuerdo con los organizadores del concurso, esta edición recibió 699 trabajos de autores de América Latina, España y Portugal, que fueron publicados o emitidos originalmente en español o portugués durante 2025.

El proceso de revisión, iniciado tras el cierre de la convocatoria que estuvo abierta entre el 25 de marzo y el 11 de mayo de 2026, contó con una ronda técnica en la que representantes de la Fundación Gabo verificaron que los productos postulados cumplieran con las bases del premio.

En la siguiente fase, un grupo de 11 periodistas de América Latina, España y Portugal preseleccionó 73 trabajos, que pasaron por una evaluación final realizada por ocho profesionales, dos por cada categoría, quienes se reunieron de manera virtual entre el 11 y el 14 de agosto pasados.

En este ejercicio también participaron el profesor y divulgador científico Joan Carles March Cerdà, como asesor médico, y, por primera vez, Carmen Eugenia Dávila Guerrero, como experta en economía de la salud, salud pública y sistemas sanitarios.

Temáticas

Los 12 trabajos finalistas abarcan temas que van desde la salud mental en comunidades indígenas y zonas afectadas por el conflicto armado en Colombia hasta las consecuencias del zika en el nordeste de Brasil tras diez años de la epidemia.

Según los organizadores, los trabajos seleccionados ponen el foco en lugares como São Mateus (Brasil), La Rioja (Argentina), Guainía (Colombia), Guadalajara (España), Tlaltetela (México) o Sololá (Guatemala), desde los que abordan diferentes problemáticas sanitarias.

Para este año, 51 de los autores finalistas son mujeres y siete de los 12 trabajos seleccionados fueron realizados exclusivamente por equipos femeninos. Según los organizadores, 435 de los trabajos inscritos en esta edición, equivalentes al 62 % del total, fueron postulados por mujeres.

Finalistas por categoría

En la categoría Periodismo escrito, evaluada por la cofundadora de RedeComCiência y Repelis-Lac, Roxana Tabakman, y el cofundador de Materia, la sección de Ciencia de El País, Nuño Domínguez, los finalistas son: ‘Donde duele’ (Consonante, Colombia), ‘La privatización silenciosa: prácticas de corrupción en el Sistema Nacional de Salud Cubana’ (Casa Palanca, Cuba) y ‘Mapa del aborto: garantizar derechos en tiempos de Milei’ (LATFEM, Argentina).

La categoría Periodismo audiovisual, evaluada por la investigadora y editora jefe de estándares editoriales de TVN, Paz Montenegro, y el divulgador científico Atila Iamarino, tiene como finalistas a: ‘Ataxia SCA7: la muerte en la sangre’ (Diario ABC, España), ‘Lembra-te de Mim’ (TVI y CNN, Portugal) y ‘Zika – 10 anos’ (Globonews, Brasil).

En Periodismo digital, categoría evaluada por la periodista y directora sénior de Programas y Estrategia para América Latina y el Caribe de ONG Salud sin Daño, Carolina Gil Posse, y el reportero de BBC News Brasil en Londres, André Biernath, los finalistas son: ‘El dengue explota las bajas defensas de los gobiernos’ (Connectas, Colombia; Inter Press Service, Uruguay; Revista Viatori, Guatemala y Criterio, Honduras), ‘Meninas Mães – A cada meia hora uma criança vira mãe no Brasil’ (Revista AzMina, Brasil) y ‘Mujeres wayuu enfrentan violencia obstétrica y obstrucción en la frontera colombo-venezolana’ (Revista Raya, Colombia).

Por su parte, los finalistas de la categoría Periodismo sonoro, evaluada por la directora de desarrollo de nuevas producciones en Radio Ambulante Studios, Silvia Viñas, y la presentadora del podcast Ciência Suja, Meghie Rodrigues, son: ‘A Menina do Espírito Santo’ (Folha de S. Paulo, Brasil), ‘La teta contra Goliat’ (Revista Anfibia – Anfibia Podcast, Argentina) y ‘Salomón Hakim: el relojero del cerebro’ (Fundación Alejandro Ángel Escobar y El Tiempo, Colombia).

Los ganadores de la edición 14 de este galardón serán reconocidos el próximo 7 de octubre en la premiación que tendrá lugar durante el Roche Press Day 2026, en San José, Costa Rica. Además, la ceremonia será transmitida a través del canal de YouTube de la Fundación Gabo.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 08 de septiembre de 2026.- En el Día Internacional de las y los Periodistas, Priscila Pacheco, hija del comunicador Francisco Pacheco Beltrán —asesinado el 25 de abril de 2016 frente a su casa en Taxco, Guerrero—, denunció que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) volvió a cambiar al ministerio público responsable de la investigación. Es, dijo, el séptimo servidor público que toma el expediente en una década.

En un video difundido este martes, Pacheco informó que el aviso les llegó por el asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV. “En una década hemos tenido que batallar con la Fiscalía para tener una investigación”, afirmó.

El periodista, de 49 años, era corresponsal de El Sol de Acapulco, editor del semanario El Foro de Taxco, colaborador de la radiodifusora Capital Máxima, de Chilpancingo, y titular de un portal digital en el que cubría política local, obra pública, violencia y corrupción en el norte de Guerrero. Fue baleado al regresar de dejar a una de sus hijas en la terminal de autobuses. En el lugar quedaron dos casquillos de 9 milímetros. La familia salió después de Taxco ante amenazas. El crimen permanece impune.

Una investigación interrumpida

Priscila Pacheco recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación contra la FEADLE por la indagatoria del caso —la 072/2017—, al documentar omisiones para determinar si el homicidio estaba ligado al ejercicio periodístico y falta de diligencias idóneas. “Hoy solicitamos a la fiscal Ruth Centeno y a las autoridades federales dar atención al caso”, dijo.

La familia exige una mesa de trabajo. “No es posible que en diez años continuemos con la problemática de los cambios de servidores públicos sin justificación alguna”, planteó. Reconoció que hay movimientos internos en la Fiscalía, pero sostuvo que eso no debe dejar a las víctimas en desamparo: “Todo lo trabajado con un ministerio público durante seis años, hoy en día está detenido”.

Organizaciones de libertad de expresión han documentado a lo largo de los años rotaciones de agentes, dificultades para acceder a la carpeta, revictimización y avances tardíos, incluida la tardía aceptación de la línea periodística como hipótesis de investigación. El patrón, según la familia, se repite.

Llamado a CNDH, ONU-DH y gremios

Pacheco pidió a la CNDH, a las organizaciones de periodistas y a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) alzar la voz “para que las víctimas no continuemos siendo revictimizadas”.

“No podemos seguir desgastando nuestra salud física, mental y emocional por los cambios de la FEADLE y la inoperancia de una Fiscalía que no nos ha dado justicia”, señaló. Solicitó que el mensaje llegue a la Fiscalía General de la República y al resto de las autoridades. “Seguimos buscando justicia y no nos detendremos y exigimos una Fiscalía que sea cercana a las víctimas”.

Ficha del caso

• Víctima: Francisco Pacheco Beltrán, periodista de Taxco, Guerrero.
• Hechos: 25 de abril de 2016, disparos frente a su domicilio.
• Instancia: FEADLE / FGR (averiguación previa 014/FEADLE/2016).
• Antecedente institucional: recomendación CNDH 072/2017 por investigación indebida.
• Situación actual: séptimo cambio de ministerio público en diez años, según la familia; demandan mesa de trabajo con la fiscal Ruth Centeno y autoridades federales.

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