Periodistas Unidos. Ciudad de México. 31 de julio de 2026.- En esta emisión de Después de la Letra… la Palabra, Alejandro Meléndez conversa con Témoris Grecko sobre la película 36, presentada en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que aborda los orígenes del conflicto en Palestina. También analizan la propaganda del Estado de Israel en redes sociales, la polémica por la nueva canción de Boy George en defensa de la ofensiva israelí, el uso de bots e inteligencia artificial para influir en la opinión pública y el tratamiento mediático del caso del profesor del IEMS y una menor de edad, cuestionando la responsabilidad de los medios y las instituciones educativas.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 30 de julio de 2026.- La delegación de la Unión Europea (UE) en México, de manera conjunta con las embajadas de Noruega y Suiza, expresó su condena institucional ante el homicidio del periodista mexicano Alejandro Leyva Aguilar. A través de un comunicado diplomático, las representaciones europeas trasladaron su pésame a los familiares y gremio periodístico, al tiempo que manifestaron su preocupación por los niveles de impunidad que prevalecen en los atentados contra comunicadores y activistas en el país.

El periodista fue asesinado mediante disparos de arma de fuego el pasado 22 de julio en el estado de Oaxaca, acumulando siete casos de informadores ultimados en el territorio nacional durante el transcurso del presente año. De acuerdo con los pronunciamientos diplomáticos, existen indicios que vinculan de forma directa el crimen con el ejercicio de su labor informativa, si bien las investigaciones continúan abiertas para determinar la autoría material e intelectual.

Las representaciones internacionales valoraron las acciones iniciales de las instituciones mexicanas para la resolución del caso, señalando que este tipo de agresiones evidencia las condiciones de riesgo e intimidación que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos en diversas regiones. Ante este escenario, hicieron un llamado a las autoridades para garantizar la procuración de justicia y evitar que los hechos queden sin sanción.

Finalmente, los países firmantes exhortaron al Estado mexicano a fortalecer los esquemas de resguardo mediante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como a mantener el diálogo con organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, refrendaron su disposición para colaborar con el Gobierno federal en acciones de cooperación internacional orientadas a garantizar la seguridad y el libre ejercicio de la libertad de expresión.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 30 de julio de 2026.- A once años del multihomicidio de la colonia Narvarte, Patricia Espinosa, hermana del fotoperiodista Rubén Espinosa, conversa con Alejandro Meléndez y Témoris Grecko en Después de la Letra… la Palabra de Periodistas Unidos. Denuncia que la investigación permanece estancada, que se perdieron pruebas fundamentales, que existen al menos dos personas más involucradas sin identificar y que persiste la negativa de las autoridades para profundizar en la línea relacionada con Veracruz. Además, informa sobre las actividades de memoria y exigencia de justicia por el 11º aniversario del crimen, así como nuevos actos de vandalismo contra la tumba y el memorial de su hermano.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 28 de julio de 2026.- La Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos emitió un pronunciamiento para condenar las agresiones, intimidaciones y restricciones de movilidad ejercidas contra la periodista Rossi Linares durante la cobertura de un operativo de seguridad realizado en la Presidencia Municipal de Temoac. De acuerdo con la organización, las acciones desplegadas por elementos policiales, militares y ministeriales representan una vulneración a la libertad de expresión, al tiempo que evidencian un trato diferenciado por razones de género.

La Red documentó que la comunicadora fue retenida dentro de su vehículo por casi dos horas mediante el bloqueo con unidades oficiales, además de ser presionada por efectivos del Ejército Mexicano para revelar la identidad de sus fuentes informativas. Asimismo, se señalaron expresiones amedrentadoras por parte del personal de seguridad y agresiones físicas propinadas por una integrante de la policía municipal al momento en que la reportera intentaba fotografiar la colocación de sellos en el inmueble intervenido.

El organismo gremial subrayó la disparidad del trato institucional, puesto que, mientras a Rossi Linares se le impidió documentar las acciones en el sitio por ser la única periodista presente, a reporteros varones que no asistieron al lugar de los hechos se les facilitaron materiales videográficos oficiales del despliegue. Por ello, la Red calificó el incidente como un posible acto de violencia de género que sitúa a las mujeres periodistas en condiciones de desigualdad laboral y riesgo profesional.

Ante la gravedad de los acontecimientos, la agrupación exigió a las autoridades estatales y federales una investigación con perspectiva de género, la sanción a los servidores públicos involucrados y la intervención de oficio por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM). De igual forma, solicitaron la implementación inmediata de medidas de protección para la comunicadora, así como garantías de no repetición durante la cobertura de operativos de seguridad pública.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 23 de julio de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que atraerá las investigaciones relacionadas con el homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el miércoles 22 de julio de 2026 en el estado de Oaxaca. La indagatoria quedará bajo la conducción de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) para identificar a los responsables del ataque, con el que suman siete comunicadores asesinados en el país en lo que va del año.

Leyva Aguilar, quien se desempeñó anteriormente como director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y encabezaba el espacio de opinión digital El Zumbido del Moscardón, fue agredido por hombres armados en el municipio de San Pablo Etla. El gobernador oaxaqueño, Salomón Jara, condenó los hechos y solicitó la coordinación entre la fiscalía del estado y las autoridades federales para agotar las líneas de investigación en torno a la labor informativa de la víctima.

De acuerdo con el registro de organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras (RSF), este crimen se suma a las agresiones fatales registradas durante el presente mes, entre las que se cuentan los homicidios de comunicadores en Puebla y Veracruz. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que apoyará en las diligencias operativas para evitar la impunidad en el caso.

El caso reactiva las alertas sobre las condiciones de riesgo para el ejercicio periodístico en diversas regiones de la República Mexicana. Las autoridades federales se comprometieron a comunicar de manera oportuna los avances procedimentales conforme se integre la carpeta de investigación correspondiente.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 08 de julio de 2026.- La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó su informe global titulado Cuando la seguridad nacional se convierte en un arma contra el periodismo, en el cual advierte sobre una tendencia creciente y generalizada donde diversos Estados —tanto de regímenes autoritarios como de sistemas democráticos— invocan la seguridad pública y la defensa nacional como mecanismos institucionales para espiar, judicializar, encarcelar o exiliar a profesionales de la información. De acuerdo con el organismo, las legislaciones destinadas a la salvaguarda estatal se están tergiversando de forma deliberada para criminalizar la difusión de datos de profundo interés público.

El documento detalla que entre los años 2020 y 2026 se han agudizado los procesos penales bajo cargos de espionaje, traición a la patria o financiación del terrorismo contra comunicadores en naciones como Arabia Saudí, China, Filipinas, Rusia e Israel. No obstante, RSF enfatiza que esta práctica no es exclusiva de regímenes autocráticos; el reporte documenta citaciones judiciales, investigaciones y retención de equipo tecnológico en democracias occidentales como Francia y Estados Unidos, vinculadas a la cobertura de operaciones de inteligencia militar o filtraciones de memorándums de seguridad.

En el panorama de América Latina, el análisis resalta que el argumento de la seguridad nacional se ha reorientado hacia el combate al crimen organizado, sirviendo de coyuntura para perseguir a periodistas que investigan tramas de corrupción gubernamental o abusos por parte de las fuerzas del orden. El informe subraya de manera crítica el escenario de Nicaragua, donde las normativas de ciberdelitos y regulación de agentes extranjeros provocaron el cierre masivo de plataformas independientes y el despojo de la nacionalidad a reporteros exiliados; a la par, denuncia restricciones informativas, vigilancia digital y campañas de estigmatización en países como México, Cuba, Brasil, El Salvador, Perú, Colombia y Ecuador.

Ante el deterioro del indicador legal en más del 60 % de las naciones evaluadas en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2026, RSF emitió un decálogo de recomendaciones urgentes dirigidas a las comunidades internacionales. Entre las medidas propuestas destacan la delimitación estricta del concepto jurídico de seguridad nacional, el blindaje al secreto profesional de las fuentes, la sumisión de cualquier intervención digital a un estricto control judicial, y la incorporación de una cláusula de excepción por interés público en los procesos de infidencia o espionaje instrumentados contra la prensa.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 08 de julio de 2026.- El Colectivo de Periodistas #NiUnoMás Michoacán emitió un pronunciamiento público desde la tribuna del Palacio Legislativo para condenar la omisión de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, la cual concluyó su periodo ordinario de sesiones sin dictaminar ni someter a votación la iniciativa de reforma conocida como «Ley Mauricio». La propuesta legal fue presentada formalmente el 10 de abril de 2025 ante los órganos directivos del Congreso local, con el objetivo de establecer mecanismos jurídicos que sancionen las agresiones institucionales contra los trabajadores de los medios de comunicación.

La iniciativa lleva el nombre del comunicador Mauricio Cruz Solís, asesinado el 29 de octubre de 2024 en el municipio de Uruapan —convirtiéndose en el primer periodista privado de la vida durante la gestión federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo—. El proyecto legislativo plantea adiciones normativas al Código Penal del Estado de Michoacán y a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, orientadas de manera específica a tipificar el discurso de odio contra la prensa, fijar agravantes punitivas para delitos contra el gremio, derogar el delito de ataques al honor e incorporar excluyentes de responsabilidad jurídica en materia de derecho a la propia imagen.

Los integrantes del colectivo señalaron que facciones parlamentarias de Morena y del Partido del Trabajo (PT) operaron como un dique político dentro de la Comisión de Justicia —presidida por la diputada Anabet Franco Carrizales— para impedir que el dictamen fuera turnado al Pleno en la última sesión ordinaria. Los comunicadores advirtieron que esta parálisis legislativa vulnera los compromisos institucionales asumidos inicialmente por la Junta de Coordinación Política ante los familiares de la víctima y acusaron que la postergación de la reforma diluye la viabilidad de su aprobación debido a la inminente proximidad del proceso electoral en la entidad, dejando al gremio en una situación de desprotección ante la persistencia de discursos estigmatizantes y agresiones.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 03 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el hallazgo sin vida de la periodista Roxana Ramírez, quien había sido privada de su libertad por un comando armado el pasado 2 de junio. Los dictámenes periciales y de identificación forense concluyeron de manera científica que los restos localizados en un rancho de la región sur de la entidad corresponden a la comunicadora, quien se desempeñaba como propietaria y directora del portal digital de noticias Pulso Informativo Nanchiteco.

A la par del anuncio, las autoridades judiciales informaron sobre la detención de ocho personas presuntamente vinculadas de forma directa con el secuestro y posterior homicidio de la reportera. Entre los capturados destacan los supuestos autores materiales identificados como Javier Iván “N” (alias Delta 1), José del Carmen “N” (alias Delta 7) y Luis Arturo “N” (alias Delta 11 o El Pelón), además de Karen Monserrat “N” (alias La Hiena), señalada como cómplice en la ejecución del crimen. La investigación también derivó en el arresto de tres elementos activos de la policía municipal de Ixhuatlán del Sureste, acusados de proporcionar apoyo logístico, recursos y protección al grupo delictivo.

El caso generó indignación social y gremial debido a que el momento de la sustracción ilegal quedó registrado en un video de seguridad del domicilio de la víctima en el municipio de Nanchital, material que posteriormente se difundió de forma masiva en redes digitales. Ante la gravedad de los hechos y la presunta colusión de autoridades locales, la Fiscalía General de la República (FGR) ejerció su facultad de atracción sobre el expediente para coordinar las indagatorias correspondientes.

Con este asesinato, la cifra de comunicadores asesinados en el estado de Veracruz asciende a tres casos documentados. En enero se registró el homicidio del reportero de nota roja Carlos Castro en Poza Rica, tras volver a la entidad luego de un periodo de autoexilio por amenazas de muerte; posteriormente, el 11 de junio, fue ultimado en el mismo municipio Luis Ángel López, colaborador del diario Vanguardia, a pesar de encontrarse bajo el amparo de medidas de protección gubernamentales. La entidad se mantiene como una de las regiones con mayores índices de letalidad y riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión en el país.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 30 de junio de 2026.- En una resolución sin precedentes en la jurisprudencia internacional, el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago de Chile dictó sentencia condenatoria contra el expresidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Poblete, y el exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército, general en retiro Shafik Nazal, por diseñar y ejecutar una operación de espionaje ilegal en contra del periodista de investigación Mauricio Weibel Barahona.

El fallo impone una pena de cinco años de prisión y la pérdida perpetua de sus derechos políticos a ambos exfuncionarios, quienes se acogieron a un juicio abreviado tras aceptar su culpabilidad en los hechos. Las pesquisas judiciales, que comenzaron en 2020 y mantuvieron a los imputados en prisión preventiva por más de dos años, demostraron que la interceptación telefónica ilícita se perpetró en 2017, época en que Weibel indagaba desvíos de fondos y tramas de corrupción militar en la compra de armamento de guerra.

Para burlar los controles institucionales, el juez Poblete y el general Nazal emitieron autorizaciones de escucha fraudulentas vinculando la línea telefónica del reportero con el nombre falso de una ciudadana boliviana en situación de movilidad irregular, a quien imputaron falsamente cargos de espionaje internacional. La operación clandestina fue expuesta públicamente dos años después debido a una filtración anónima proveniente de los propios organismos de inteligencia, un caso que posteriormente fue defendido ante el Congreso por los entonces ministros de Defensa Alberto Espina, Baldo Prokurica y Mario Desbordes.

Abogados defensores de los derechos humanos y organismos como la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión de la ONU y la Global Freedom of Expression de la Universidad de Columbia recalcaron que esta sentencia ratifica los estándares internacionales que prohíben el acoso judicial y el uso de tecnologías de vigilancia contra la prensa. Por su parte, la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Rocío Alorda, y el propio Mauricio Weibel coincidieron en que el veredicto establece un límite definitivo contra la impunidad estatal, protegiendo el ejercicio periodístico como un pilar fundamental para la fiscalización ciudadana y la salud de los sistemas democráticos.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 26 de junio de 2026.- En la sección “Ellas Resuenan” de “La Ciudad de las Mujeres 2.0” de Periodistas Unidas, Layla Sánchez entrevista a la periodista Nadya Pérez sobre el grave accidente en un juego mecánico de la feria patronal de San Francisco, Metepec, el 14 de junio.

Nadya relata la falla mecánica, las lesiones de una menor (grave), de su compañera Adriana Hernández y la negligencia de las autoridades locales, revictimización, falta de apoyo y acoso que han enfrentado. Un testimonio sobre derechos, justicia y periodismo.

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