Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de abril de 2026.- Con emotivas palabras y el compromiso de continuar sus causas, periodistas, académicos, legisladores y amigos rindieron homenaje al comunicador y exdiputado Virgilio Dante Caballero Pedraza en un acto celebrado en la Cámara de Diputados, organizado por la activista ciudadana Angélica Cecilia de la Cruz Corona con el respaldo del diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, del Partido del Trabajo por Nayarit.

El homenaje reunió voces de distintos ámbitos para recordar al fundador del Canal del Congreso, impulsor de sistemas de radio y televisión públicos en varios estados del país, maestro universitario y defensor de los derechos a la información y la libertad de expresión.

La lucha pendiente por los derechos de los periodistas

Uno de los momentos más contundentes de la jornada fue la intervención de Alejandro Meléndez, de la organización Periodistas Unidos, quien acudió en representación de su padre, el periodista Jorge Meléndez, fallecido el pasado 14 de febrero.

Meléndez señaló que honrar a Virgilio Caballero implica retomar las batallas que él y su padre libraron juntos, muchas de las cuales siguen sin resolverse. Destacó que ambos lucharon por establecer un salario mínimo para comunicadores de 21 mil pesos, cifra que hoy está legislada pero que en la práctica nadie cumple, pues la mayoría de los periodistas percibe entre 8 y 11 mil pesos mensuales.

«Está en la legislación y nadie lo cumple. Tenemos que ver con los diputados qué hacemos», señaló Meléndez, quien llamó a los legisladores presentes a retomar ese compromiso con la base obrera del periodismo.

El periodista también alertó sobre el debilitamiento del Mecanismo de Protección a Periodistas, instrumento que Caballero contribuyó a construir desde esta misma Cámara y que, según denunció, atraviesa una crisis severa. Recordó que el 90% de las amenazas contra periodistas provienen de actores políticos, y criticó que en foros recientes funcionarios hayan criminalizado a comunicadores en lugar de protegerlos.

Meléndez reclamó igualmente la falta de consejos ciudadanos y ombudspersons de audiencias en los medios públicos, figuras por las que Caballero trabajó durante años. «Si queremos honrar a Virgilio Caballero, tenemos que luchar por todo lo que él luchó», concluyó.

Televisión y radio ciudadana: la asignatura pendiente

La Dra. Layla Sánchez, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e integrante de la Asociación Mexicana de Amistad con la República Árabe Saharaui (AMARAS), rescató una de las ideas que más preocupaba a Caballero en sus últimos años: la necesidad de crear una televisión ciudadana y recuperar la radio ciudadana, que tras más de 20 años de existencia fue cancelada dentro del IMER.

«Cometer el error de cancelar la radio ciudadana es algo que no debió ocurrir», afirmó la académica, quien recordó que ese espacio funcionó durante décadas gracias al trabajo voluntario de ciudadanas y ciudadanos que participaban por amor a la comunicación, sin presupuesto suficiente.

Sánchez subrayó que Virgilio insistía en que los medios públicos no pueden dejarse solos ni dejarse morir, porque son patrimonio de la sociedad. Advirtió sobre el riesgo de que la comunicación pública se convierta en comunicación oficialista o partidista cuando los sistemas de radio y televisión estatales permanecen atados a los intereses del gobernador en turno.

La profesora universitaria también alertó sobre la pérdida de pensamiento crítico en las nuevas generaciones y la urgencia de que las universidades y los medios públicos recuperen su papel formativo. Recordó que Virgilio veía en la televisión ciudadana una herramienta fundamental para dar voz a organizaciones sociales, académicos y comunidades que hoy no tienen espacio en los medios convencionales.

«Un medio ciudadano significa darle los micrófonos, la pluma y el papel a la ciudadanía para que exprese lo que necesita. Era parte de lo que Virgilio estaba construyendo y que nos queda como tarea», afirmó.

Un legado vivo

El acto también contó con la participación del Mtro. Laksman Daniel Sumano Arias, director del Canal del Congreso, quien narró su relación con Caballero desde sus tiempos en la UAM Xochimilco y recordó los inicios del Canal del Congreso, fundado por apenas cinco personas. La diputada María de los Dolores Padierna Luna destacó el papel de Caballero en la transición democrática y lo calificó como un actor fundamental en la lucha por el derecho a la información.

Elizabeth Haro, secretaria general de AMARAS, compartió un emotivo video en el que se documenta el momento en que las cenizas de Virgilio Caballero fueron esparcidas en el desierto del Sáhara Occidental, conforme a su propia voluntad, como último acto de lealtad con el pueblo saharaui al que dedicó parte de su vida.

El periodista Fernando González presentó el prólogo del libro colectivo Estampas del Caballero, que reúne testimonios de más de 300 personas y está próximo a publicarse. González anunció además que presentará por segunda ocasión la candidatura de Caballero para recibir de manera póstuma la Medalla Belisario Domínguez, máximo reconocimiento del Senado de la República.

Al cierre del evento, el diputado Ortiz Rodríguez aceptó encabezar las gestiones para que un recinto de la Cámara de Diputados lleve el nombre de Virgilio Dante Caballero Pedraza, y convocó a formar una comisión que la próxima semana acerque la propuesta al coordinador parlamentario del Partido del Trabajo.

«El mejor homenaje a Virgilio será continuar su lucha, continuar su legado», concluyó el legislador nayarita.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de abril de 2026.- En una sesión marcada por la confrontación política y el luto nacional, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 467 votos a favor, la reforma al artículo 73 constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en Materia de Feminicidio. Esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca homologar los tipos penales, sanciones y protocolos de investigación en todo el país, evitando que las lagunas legales y las diferencias entre códigos penales estatales perpetúen la impunidad.

El pleno guardó un minuto de silencio en memoria de Edith Guadalupe Valdés, la joven de 21 años cuyo feminicidio en la alcaldía Benito Juárez evidenció graves fallas institucionales. La panista Margarita Zavala denunció que la familia de Edith esperó más de 15 horas para que la Fiscalía actuara, a pesar de haber señalado el lugar exacto donde se encontraba la víctima. En respuesta, la bancada de Morena, a través de la diputada Julieta Vences, defendió que aunque los feminicidios han mostrado una tendencia a la baja desde 2018, es imperativo contar con una ley que fije reglas mínimas y perspectiva de género uniforme en las 32 entidades.

Cruce de culpas y deudas pendientes

• La postura de la Oposición: La diputada Noemí Luna (PAN) criticó duramente al gobierno federal, afirmando que con la llegada de la primera mujer presidenta no llegaron las víctimas olvidadas como Debanhi Escobar o Fátima Quintana. Por su parte, Nadia Navarro (PRI) alertó sobre el registro de más de 2,400 feminicidios en el actual periodo y reprochó el recorte presupuestal del 2% a las dependencias encargadas de proteger a las mujeres.

• Violencia Diversa: El morenista Jaime López Vela extendió el luto por el asesinato de cinco personas de la diversidad sexual en estados como Guerrero, Sinaloa y Chiapas, exigiendo un alto a los crímenes de odio y prejuicio que continúan azotando a la comunidad trans en el país.

«No es un debate sobre en qué gobierno hubo menos feminicidios; es reconocer que estamos frente a un problema estructural. Esta ley general permitirá una respuesta penal uniforme en un plazo no mayor a 180 días», puntualizó Vences Valencia.

La sesión también rindió tributo a las víctimas del reciente ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, reflejando un panorama de seguridad complejo que obligó a los legisladores a dejar de lado las diferencias partidistas al momento de la votación. Con la aprobación de esta reforma, el Congreso tiene ahora la responsabilidad de redactar la legislación secundaria que obligará a las fiscalías locales a actuar con la inmediatez y el rigor científico que casos como el de Edith Guadalupe exigían y que, lamentablemente, no recibieron.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 24 de marzo de 2026- En un hecho histórico para la industria cultural del país, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 466 votos a favor, la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual. Este dictamen, enviado originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca modernizar un marco normativo que no se actualizaba desde 1992, reconociendo al cine y al audiovisual no solo como entretenimiento, sino como expresiones culturales fundamentales para la vida democrática y el derecho humano al acceso a la cultura.

La legisladora Alma Lidia De La Vega Sánchez (Morena) fundamentó la iniciativa señalando que, tras tres décadas, la forma de producir y consumir contenidos ha cambiado drásticamente. «Hoy el cine ya no vive únicamente en las salas tradicionales, habita también en plataformas digitales y nuevos formatos narrativos», indicó desde la tribuna. La nueva ley abroga la legislación de hace 34 años para dar paso a un sistema que integra las plataformas de streaming y fortalece la exhibición de obras nacionales en todo el territorio.

Entre los puntos más destacados de la nueva ley se encuentra la protección del cine mexicano frente a las grandes producciones extranjeras. Se contempla una cuota mínima del 10% del tiempo de exhibición en salas para obras nacionales, garantizando una permanencia mínima de 14 días (el doble del tiempo actual). Asimismo, las plataformas digitales estarán obligadas a contar con una sección visible y permanente para contenidos mexicanos, asegurando que el talento nacional tenga presencia garantizada en el entorno digital.

La reforma también introduce incentivos fiscales de hasta el 30% del costo de producción para fomentar la inversión, generar empleos y fortalecer las cadenas productivas de la industria. En un sentido de justicia social y pluralidad, la ley incluye apoyos específicos para creadores indígenas y afromexicanos, además de medidas obligatorias de accesibilidad para personas con discapacidad, tales como subtitulaje y audiodescripción. En materia de preservación, se establece que una copia de cada película mexicana deberá ser entregada a la Cineteca Nacional para su resguardo histórico.

Pese al consenso general, la bancada del PRI, a través de la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, señaló que aunque la ley corrige el abandono de la industria y promueve la equidad de género, aún queda pendiente definir con claridad los recursos para su implementación. Por su parte, el PAN respaldó la iniciativa subrayando que debe ser el inicio de una política pública más ambiciosa. El dictamen ha sido turnado al Senado para su análisis y eventual ratificación, marcando el inicio de una nueva era para el patrimonio audiovisual de México en 2026.

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AMEXI. Ciudad de México. 04 de diciembre de 2025.- Después de más de 24 horas de debate, cruce de acusaciones y connatos de violencia, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas, que prevé un catalogo de delitos hídricos.

El dictamen avalado por 324 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como 118 sufragios con votos en contra del PAN, PRI, MC, considera 72 modificaciones a la iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre insultos y acusaciones

En un debate polarizado, plagado de insultos y acusaciones, la morenista María del Carmen Bautista acusó a un grupo de seis panistas de pertenecer a lo que llamó el “Cártel del Agua”, acaparadores del líquido en diversas entidades.

Dijo que según investigaciones, seis figuras del Partido de Acción Nacional (PAN), exgobernadores, exdirigentes e incluso un expresidente de la República, concentraron concesiones de agua, en Guanajuato, Querétaro, Jalisco y en Aguascalientes.

“¿Quieren los nombres?… Pues ahí les van: Miguel Márquez Márquez, exgobernador de Guanajuato; Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes; Ignacio Loyola Vera, exgobernador de Querétaro; Francisco Javier Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco”, enumeró.

Desde la máxima tribuna de San Lázaro, la legisladora del partido guinda acusó también a Marco Cortes, expresidente del PAN, y a Vicente Fox, a quien calificó como el peor presidente en la historia del país.

“Todos ellos acapararon el agua bajo el argumento de uso agrícola, pero en realidad la vendían y construyeron un negocio multimillonario mientras millones de familias abrían la llave sin que cayera una gota de agua”, sentenció.

Olga Sánchez Cordero, en la lista de acaparadores

En respuesta, la diputada del PAN, Noemí Luna, arremetió contra Morena y los instó que cuándo hablen de explotación y sequía a manos de unos cuantos “¡voltéense a ver entre ustedes y véanse al espejo, porque no, no veo a Olga Sánchez Cordero –por cierto, no está aquí- quien sí acapara el agua!”

También reprobó que los legisladores oficialistas mientan al asegurar que la reforma fue consultada con los pueblos indígenas.

La panista reprochó que no hayan recibió a los agricultores que se manifestaron en las inmediaciones de la Cámara de Diputados.

“Aquí ¡ustedes mismos venían y, con caballos, entraban al Pleno! ¡Y ahora les da temor ver quien sí trabaja y a quien mantiene a la bola de holgazanes que se han cambiado de partido a partido, porque siguen siendo los mismos, los que tienen al sector campesino abandonado”, espetó.

Cártel del Huachicol de Agua de Morena

Mientras, los panistas exhibieron pancartas en el salón de sesión con las leyendas: “Acaparadora de agua”, con las fotografías de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y del empresario Alfonso Romo; de Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), y de la exministra Olga Sánchez Cordero.

En su participación, el panista Héctor Saúl Téllez, detalló que además de esos prominentes morenistas, están José López Beltrán, acaparador en Nayarit, Sonora, Guerrero, Quintana Roo.

Además, solicitó la renuncia del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Berdegué Sacristán, por el desastre que hay en el campo mexicano.

Se atendió a agricultores: Monreal

Al presentar un paquete de 18 reservas, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que se atendió y escuchó a la gente de varios estados del país de distintos sectores.

Lamentó la desinformación en torno al dictamen que incluso, dijo, provocó la movilización de sectores del campo sin justificación.

Sobre el dictamen, dijo: “He visto, de verdad se los digo con honradez, bastante desinformación, incluso en varios legisladores y legisladoras que han llegado a atreverse a afirmar situaciones que no existen, que yo considero una especie de mito”.

Aclaró que es falso el mito del Fondo de Reservas de Aguas Nacionales que se va a usar para quitar el agua a la gente.

Pueblos originarios podrán impugnar ante la Corte

En respuesta, el líder de la bancada priista, Rubén Moreira, cuestionó que Monreal llame “mito” a las críticas, porque ello no significa que sean falsedades.

Advirtió que la reforma mantiene la negativa ficta en las concesiones y reprochó que no se consultó a los pueblos originarios, por lo que advirtió que cualquier comunidad indígena podrían reclamar la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Escala acusaciones a insultos y empujones

El debate polarizado, en el que participaron más de 220 legisladores en tribuna, escaló y derivó en insultos y empujones entre panistas y petistas.

No obstante, la Mesa Directiva llamó al orden, por lo que se calmaron los ánimos, pese a que en el discurso se mantuvo la dureza en acusaciones entre opositores y legisladores oficialistas.

¿Cuáles son las reservas presentadas por Morena y aliados, PT y PVEM?

• Ampliación de dos a tres años del plazo para solicitar la prórroga de una concesión
• Eliminar el requisito de disponibilidad de agua para emitir una nueva concesión cuando se venda una tierra
• Sanciones de dos hasta 14 años de prisión para servidores públicos que otorguen concesiones mediante cohecho
• Establece la pena mínima y máxima a quienes trasladen aguas nacionales con fines de lucro. Cuando el volumen sea menor o equivalente a 50 mil litros, la pena será de tres a cinco meses de prisión, y cuando el volumen sea mayor a 50 mil litros, de seis a ocho meses de cárcel

El dictamen se turnó al Senado de la República, donde se prevé la discusión de la minuta para este jueves.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México, 06 de noviembre de 2025.- La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2026, con un monto total de 10.2 billones de pesos, lo que representa un incremento real del 5.9% en comparación con el presupuesto de 2025. Este gasto público prioriza áreas como el bienestar social, la energía y la inversión en infraestructura, mientras que se aplicaron recortes significativos en entidades no sectorizadas y órganos autónomos para reasignar recursos por cerca de 18 mil millones de pesos. Entre los aspectos más destacados se encuentran los ajustes en los ramos presupuestales, donde algunos sectores recibieron aumentos sustanciales para impulsar el desarrollo, mientras que otros enfrentan reducciones que podrían impactar su operación.

A continuación, se presentan los cinco ramos con los mayores incrementos absolutos en su asignación presupuestal respecto a 2025, basados en el análisis del paquete económico. Estos aumentos reflejan las prioridades del gobierno en salud, energía y bienestar.

Por otro lado, los cinco ramos con mayores recortes absolutos destacan por reducciones drásticas en áreas como entidades no sectorizadas y seguridad, lo que ha generado críticas por posibles impactos en la gobernabilidad y la protección ciudadana.

Este presupuesto, que ahora pasa al Ejecutivo para su publicación, busca equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad fiscal, aunque opositores han señalado que los recortes a instituciones independientes podrían debilitar el estado de derecho. Se espera que el gasto en programas sociales y energía impulse la economía, proyectada para crecer entre 1.8% y 2.8% en 2026.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 18 de septiembre de 2025.- Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal por Morena en Baja California y exalcaldesa de Playas de Rosarito, denunció este jueves como una «infamia» las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la vinculan con la facción «Los Mayos» del Cártel de Sinaloa, lo que derivó en el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. La legisladora rechazó cualquier nexo con el crimen organizado y atribuyó las acusaciones a un intento por desacreditar su labor política.

Brown Figueredo, originaria de Rosarito y con una licenciatura en Ciencias de la Educación, ha ocupado diversos cargos públicos, incluyendo regidora, diputada local y alcaldesa de Playas de Rosarito entre 2019 y 2021. En 2021, fue elegida como diputada federal por el distrito 8 de Baja California, donde participa en comisiones relacionadas con desarrollo metropolitano y asuntos fronterizos. Durante su gestión municipal, según informes de inteligencia, se reportó una consolidación de operadores del Cártel de Sinaloa en el gobierno local, lo que ha generado escrutinio internacional.

Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense se basan en la Orden Ejecutiva 14059, que apunta a redes de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico. Brown es señalada por presuntamente ceder control del municipio a miembros de «La Mayiza» o «Los Mayos«, una célula liderada por Ismael Zambada Sicairos, hijo de Ismael «El Mayo» Zambada. Específicamente, se le acusa de mantener una relación cercana con Candelario Arcega Aguirre, operador político del cártel, quien habría influido en nombramientos clave y en la recolección de extorsiones para los hermanos Arzate García —Alfonso «El Aquiles» y René «La Rana»—, jefes de plaza en la región. Junto a Jesús González Lomelí, otro colaborador sancionado, habrían asegurado protección policial para actividades ilícitas como el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos.

Las medidas incluyen el bloqueo de activos en territorio estadounidense y la prohibición de transacciones con personas o entidades bajo control de EE.UU. Además, se sancionaron 15 empresas vinculadas a González Lomelí, como clubes nocturnos y restaurantes en Baja California, y una compañía de transporte de Arcega Aguirre. En respuesta, la UIF mexicana procedió a congelar las cuentas de Brown y los demás implicados como medida preventiva, con el fin de analizar posibles actividades ilícitas y, de ser necesario, remitir el caso a la Fiscalía General de la República (FGR). La UIF enfatizó que esta acción no implica una determinación judicial, sino un esfuerzo para evitar la dispersión de fondos ilícitos en la economía nacional.

En un comunicado difundido en su cuenta de Facebook, Brown negó rotundamente las acusaciones y afirmó que no ha recibido notificación alguna sobre el bloqueo de sus cuentas. «Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento. Seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme», declaró la diputada, quien aseguró haber estado en un hospital de San Diego, California, el pasado domingo para visitar a un familiar, lo que demostraría que sus finanzas no están restringidas. Reiteró su disposición a comparecer ante cualquier autoridad y rechazó cualquier acto de corrupción o colusión con el narcotráfico durante su administración.

Este caso pone de relieve la infiltración del crimen organizado en instituciones locales de México, particularmente en zonas fronterizas como Baja California, donde grupos como el Cártel de Sinaloa compiten por el control de rutas de tráfico de drogas. Las autoridades estadounidenses han incrementado recompensas por información sobre líderes como «El Ruso«, mientras que en México se debate la efectividad de las medidas anticorrupción en el ámbito político.

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AMEXI. Ciudad de México. 01 de  septiembre de 2025.- En cumplimiento del mandato constitucional, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez acudió este lunes al Palacio Legislativo de San Lázaro para entregar el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La titular de la Segob entregó el documento ante la Cámara de Diputados, lo que marca el inicio formal del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

La funcionaria fue recibida por el aún presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, quien encabezó la ceremonia protocolaria en el salón de plenos.

¿Qué contiene el Primer Informe de Gobierno?

El documento entregado contiene un balance de los primeros once meses de gestión de la presidenta Sheinbaum, con énfasis en:

• Seguridad pública
• Bienestar social
• Crecimiento económico
• Política exterior
• Y combate a la corrupción

Datos destacados del Informe

Entre los datos destacados del Informe se encuentran:

• La reducción del homicidio doloso en un 25%
• El incremento del salario mínimo en un 12%
• Y una baja histórica en los índices de pobreza, según cifras oficiales

La entrega del informe se realizó horas después de que la mandataria ofreciera un mensaje público desde Palacio Nacional, en el que delineó los principales logros de su administración y reiteró su compromiso con “un gobierno honesto, austero y cercano al pueblo”.

Posicionamientos de grupos parlamentarios

Tras la recepción del documento, los grupos parlamentarios iniciaron sus posicionamientos políticos, en los que se anticipa un intenso debate sobre los resultados presentados.

Así como de las prioridades legislativas del nuevo periodo y el rumbo del país bajo el liderazgo de la primera presidenta de México.

El gobierno federal cumple con su obligación constitucional y abre la puerta al escrutinio legislativo, en un contexto de alta expectativa ciudadana y definiciones clave para el futuro inmediato del país.

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EFE. Ciudad de México. 01 de julio de 2025.-  La Cámara de Diputados de México aprobó este martes, en lo general y en lo particular, y sin cambios, la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la que se constituye la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

La ley obliga, entre otros puntos, a los concesionarios a colaborar con las autoridades en la geolocalización de dispositivos móviles en tiempo real, los opositores llamaron a esto un «Estado policiaco», mientras que la mayoría oficialista defendió el registro de usuarios de telefonía celular, ligado a la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, para combatir, dijeron, los delitos de alto impacto.

La aprobación en lo particular se dio con 343 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones. El documento deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y se envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Con el nuevo ordenamiento, se abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de julio de 2014.

Se apuntó que será de orden público y establece las bases de las políticas en ambas materias, regula el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el despliegue y acceso a la infraestructura activa y pasiva, y los recursos orbitales.

Además de la comunicación vía satélite, los servicios espaciales y sus aplicaciones, la sostenibilidad espacial, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias.

También, se apuntó, busca garantizar el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6, 7, 27 y 28 de la Constitución mexicana.

Entre otros puntos, se indicó, la citada ley garantiza el acceso al internet para toda la población; fortalece el derecho a la información y la accesibilidad a las telecomunicaciones de las zonas en marginación o de alta vulnerabilidad, mediante concesiones de uso social, comunitario o indígena exentándolas del pago de derechos.

También impulsa el acceso a la población en vulnerabilidad y con discapacidad; protege la soberanía con la limitación de propaganda política extranjera, sin afectar la libertad de expresión; refuerzan los derechos de las audiencias, estableciendo la diferencia entre información noticiosa y las opiniones; garantiza la certeza jurídica para los concesionarios.

Además, crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la cual será un órgano administrativo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con independencia técnica, operativa y de gestión.

Esta actuará con imparcialidad para dictar resoluciones, cuyo objeto es garantizar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, y estará integrada por cinco personas propuestas por la Presidencia y ratificadas por el Senado.

Este martes en su conferencia diaria, la presidenta Claudia Sheinbaum apuntó que la Ley de Telecomunicaciones «no espía ni censura» y que solo sigue la legislación vigente y recordó que «sólo por orden judicial es posible intervenir teléfonos».

Mientras que el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Merino, detalló que la norma establece que los operadores están obligados a colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia en los términos que establecen las leyes, a través de mandamiento escrito, fundado y motivado de la autoridad competente.

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EFE. Ciudad de México. 25 de junio de 2025.– La Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general y en lo particular con modificaciones, el dictamen por el que se expide una nueva Ley de la Guardia Nacional (GN), que reafirma su carácter permanente, su integración por personal militar con formación policial, y su adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La propuesta, derivada de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, obtuvo 349 votos a favor y 132 en contra en lo general, y 351 a favor y 124 en contra en lo particular. El proyecto sustituye la ley vigente desde mayo de 2019 y armoniza el marco legal con la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024.

Con su aprobación, el dictamen fue enviado al Senado para su revisión y posibles efectos constitucionales.

La nueva legislación consta de 96 artículos distribuidos en siete títulos, y establece que la Guardia Nacional podrá estar integrada por personal del Ejército, la Fuerza Aérea, y por elementos civiles de confianza. Su objetivo principal es realizar funciones de seguridad pública a nivel federal y, mediante convenios, colaborar temporalmente con gobiernos estatales y municipales.

El documento también modifica diversas leyes y códigos militares, como la Ley Orgánica del Ejército, la de Educación Militar, la de Disciplina, el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales, entre otros, reforzando la estructura castrense de la corporación.

Entre las atribuciones y obligaciones de la GN, el texto destaca la prevención del delito, el restablecimiento del orden público, y la realización de actividades de inteligencia e investigación en lugares públicos. Se advierte que cualquier información obtenida mediante violaciones a derechos humanos no tendrá valor probatorio.

La nueva ley subraya que la Guardia Nacional debe operar bajo los principios de respeto a los derechos humanos, conforme a la Constitución y los tratados internacionales firmados por México.

De acuerdo con el dictamen, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional será responsable de organizar, equipar, capacitar y administrar a la GN. Asimismo, se estipula que la persona al frente de la Comandancia de la Guardia Nacional deberá tener el rango de General de División y será designada directamente por la persona titular de la Presidencia de la República.

La iniciativa ha generado críticas por parte de sectores que advierten una militarización de la seguridad pública, mientras que sus promotores argumentan que es necesaria para garantizar la paz social y la protección de los derechos de la población en un contexto de violencia e inseguridad persistente.

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AMEXI. Ciudad de México. 25 de marzo de 2025.- El pleno de la Cámara de Diputados discutirá este martes el dictamen de la Sección Instructora que plantea desechar la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena, acusado de intento de violación contra su media hermana Nidia Fabiola.

La Sección Instructora propuso desechar el expediente por el que se solicitó el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, a quien la Fiscalía de Morelos señala como presunto responsable del delito de violación en grado de tentativa contra su media hermana.

Monreal no habló con nadie

En breve entrevista, Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo y coordinador de Morena en San Lázaro, aseveró que no hay línea para el voto de la bancada morenista.

“Con nadie he hablado, cada uno tiene su propio criterio”, dijo.

Afirmó que no hay coerción para la votación de este martes para desechar el expediente por el que se solicitó el desafuero de Cuauhtémoc Blanco.

“A todas las mujeres las respetamos y las queremos mucho”, afirmó

A través de su cuenta de X, Ricardo Monreal advirtió que el pleno de la Cámara de Diputados tendrá un intenso debate, este martes, sobre el dictamen del caso de Cuauhtémoc Blanco.

“En la Jucopo de la Cámara de Diputados se propuso el orden del día para las sesiones de esta semana; probablemente generarán debates intensos los temas en materia de seguridad, investigación e inteligencia, así como declaratoria de procedencia”, señaló.

Votación con tablero electrónico

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) decidió que la votación será nominal, mediante el tablero electrónico.

Al respecto, José Elías Lixa, coordinador de los diputados del PAN, informó que el voto de su bancada será en contra del dictamen, a fin de que el documento regrese a la Sección Instructora para que “hagan bien, lo que hicieron mal».

Al término de la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Elías Lixa señaló que el dictamen por ley se tiene que votar.

Ya votamos porque se haga mañana, también votamos el formato y de acuerdo con el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos el dictamen tiene que ser votado de forma nominal”, explicó.

Duele que se dé carpetazo

En conferencia de prensa, Noemí Luna Ayala, vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, dijo que hay un proceso que se debe llevar a cabo, pero lo que duele es que se dé carpetazo al caso del diputado de Morena.

“Es decir, que simplemente digan: ‘aquí no pasó nada’, por qué estamos en un país donde, en 2024, se reportaron 21 mil 475 víctimas de violación simple y equiparada”, reclamó.

Expuso que la bancada del PAN no prejuzga si hay delito o no lo hay, lo que lastima es que se use el “fuero” como paraguas de impunidad para ni siquiera se investigue.

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