La importancia de decidir en qué, cómo, cuánto y dónde se gasta.

Por David Muñoz Domínguez / Consejero de Cohabitantes MX

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 30 de diciembre de 2019.- Desde hace varios años se realiza una consulta para que un porcentaje del presupuesto público asignado a cada demarcación territorial (alcaldía), se destine a proyectos propuestos y votados por la ciudadanía en cada una de las unidades territoriales (comunidades, barrios, colonias y pueblos); a dicha figura se le conoce como Presupuesto Participativo^[1] y tiene su origen en la Constitución y en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

Sabemos que involucrarse en los asuntos públicos no es una constante para la mayoría de quienes cohabitamos en esta gigantesca urbe, pero es un hecho contundente que sí somos corresponsables de sus grandes problemas; los cuales no tiene caso enlistar porque los padecemos a diario y los conocemos perfectamente.

Sin embargo, la que sí es una constante, es la queja generalizada por las consecuencias de todas y cada una de esas problemáticas; voy a resaltar las clásicas frases “Los políticos no cumplen”, “El gobierno no hace nada”, “Nunca se preocupan por la comunidad” o “Todo se lo roban”. Frases que evidentemente responden al sentir popular, que tienen mucho de verdad, pero que tampoco son del todo ciertas, pues de lo contrario el caos citadino ya se hubiera convertido en una especie de entropía urbana y llevarnos a la debacle total.

Ahora bien, el 3.25 %, que es lo que se destinará para el presupuesto participativo 2020, puede interpretarse como insignificante comparado con las grandes cantidades que anualmente se aprueban para el gasto público, pero que su equivalente en cifras económicas para cada unidad territorial van desde los $246,279 hasta los $5,521,360.^[2] Dichas cantidades deberán destinarse para proyectos en los siguientes rubros: 1) Mejoramiento de espacios públicos, 2) Equipamiento e infraestructura urbana, 3) Obras y servicios, 4) Actividades recreativas, 5) Actividades deportivas y/o 6) Actividades culturales; los cuales deben ser dictaminados como viables previo a la jornada electiva (consulta).

Es decir, lo anterior significa que en tu comunidad, barrio, colonia o pueblo, que se encuentre dentro de los límites territoriales de la Ciudad de México, se podrán proponer diversos proyectos que serán sujetos de revisión y dictaminación, para que el día de la jornada electiva (15 de marzo de 2020), tú y todas las personas que vivan en tu comunidad, puedan votar por el que más convenga y finalmente el que resulte ganador, reciba el presupuesto participativo asignado y se realice.

Esta figura de la Democracia Directa Local, es una oportunidad de contribuir para que tu entorno cambie y mejore, para comenzar a transformar la realidad social de tu comunidad y sobre todo, para pasar de la queja a la acción colaborativa. Además, es un ejercicio de involucramiento en los asuntos públicos, que de seguirse consolidando, ayudará a que los gobiernos y dependencias cada vez se enfoquen más en las personas y no en los intereses clientelares o de partido.

La fecha límite para presentar proyectos es el próximo 13 de enero de 2020, los cuales pueden ser registrados en la plataforma de participación ciudadana^[3] del Instituto Electoral de la Ciudad de México; ahí podrás conocer más información relacionada con presupuestos participativos de años anteriores, así como descargar convocatorias, documentos, actas, mapas y archivos anexos para elaborar y presentar tu proyecto o para revisar en su momento los que sean dictaminados como viables y poder tener información suficiente al momento de votar.

Finalmente, saber en qué, cómo, cuánto y dónde se gasta el dinero público es sumamente importante para quienes cohabitamos en la Ciudad de México, ya que somos parte del origen de los problemas por el simple hecho de vivir, estudiar, trabajar o transitar por aquí. Sin embargo, también tenemos la oportunidad de ser parte de la solución si decidimos involucrarnos, informarnos, participar y votar.

Twitter: @DavidMDominguez

^[1] http://www.iecm.mx/participacionciudadana/presupuesto-participativo/

^[2] https://www.iecm.mx/participacionciudadana/monto-aproximado-por-unidad-territorial/

^[3] https://www.iecm.mx/participacionciudadana/registra-tu-proyecto-de-presupuesto-participativo-2020-y-2021/

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Foto: Marco Ugarte / AP

Por David Muñoz Domínguez / Consejero de Cohabitantes MX

¿Transformación o neopresidencialismo?

Ya se cumplió un año desde que el gobierno federal entró en funciones y tomó posesión de la presidencia de la República; durante ese lapso se han hecho muchas cosas y se han omitido muchas otras. Desde entonces, el ejecutivo federal ha lanzado toda clase de consignas y hasta posturas personales respecto al rumbo del país, también ha respondido la mayoría de críticas -él las ve como ataques- hacia la administración que encabeza, calificando y señalando de opositores desde el podio presidencial a quienes lo hacen incluso de manera profesional.

Considero absurda la batalla de quienes insisten en querer deslegitimar el contundente triunfo con el que este gobierno ganó en la pasada elección. Creo que es muy obtuso pretender que en un año los graves problemas de México se van a solucionar  y por supuesto que con frases reiterativas y trilladas desde las conferencias matutinas la realidad no mejorará ipso facto.

Llegó el plazo en que no podemos seguir eximiendo al ejecutivo federal de responsabilidad por la enorme expectativa que él mismo generó durante la campaña electoral; a veces se nos olvida que una de las cosas que se promocionó -al punto del hartazgo- fue el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 y que este sería la brújula que guiaría el actuar de esta administración federal, el cual ha quedado en la historia electoral por una simple y sencilla razón, nunca fue un proyecto en realidad, carecía de objetivos concretos y sobre toda de metas razonables al corto, mediano y largo plazo.

En el ámbito legislativo, el Congreso de la Unión también ha quedado muy lejos de las expectativas generadas, pues a pesar de contar con un bloque mayoritario, solo se han sacado cinco reformas^[1] constitucionales: 1) Guardia nacional, 2) Extinción de dominio, 3) Prisión preventiva oficiosa, 4) Educativa (contrarreforma) y 5) Paridad de género. Estas se llevaron bajo un proceso legislativo ampliamente cuestionado y lleno de omisiones; inclusive se reavivaron prácticas parlamentarias del “viejo” régimen, como el sacar un dictamen 3 minutos antes de la votación en las comisiones para garantizar que el contenido propuesto quedara íntegro y se aprobara sin dilaciones.

Entonces viene la pregunta obligada, ¿por qué se insiste en hablar de una transformación, de un cambio político, incluso a comparar las últimas reformas como si se hubiera expedido una nueva Constitución, si en realidad los cambios han sido muy precarios y francamente carentes de diagnóstico, análisis, estudio y verdadero debate? El bloque mayoritario (morena), no ha logrado conducir al Congreso federal a un verdadero ejercicio parlamentario, ni ha conseguido que la oposición se sume a su proyecto transformador que siguen cacareando a los cuatro vientos mañana, tarde y noche como si esta realmente ya se hubiera consolidado.

Eso me lleva a mi punto central; en el discurso el gobierno federal y el bloque mayoritario en el Congreso, afirman que esos cambios representan una transformación y han bombardeado la narrativa pública con frases y contenidos que aseguran que ya ocurrió el esperado y anhelado cambio que el país pedía a gritos; pero eso no es del todo cierto si vemos la perspectiva general. En términos de políticas públicas, servicios y programas sociales, se han visto afectadas prácticamente la mayoría de las áreas de gobierno, ya sea por ajustes presupuestales, falta de presupuesto o por subejercicio. Y en términos  legislativos se le ha dado una excesiva prioridad a la agenda del ejecutivo federal y se ha insistido en impulsar reformas que no son necesarias o urgentes por solicitud expresa de este.

En un sistema constitucional, se espera que los poderes tengan un equilibrio entre estos y que cuenten con mecanismos, procesos y contrapesos apegados a derecho para su quehacer público; en ese camino México ha avanzado en los últimos 30 años y gracias a eso hoy en día tenemos certeza y legitimidad en muchos ámbitos, sobre todo en el electoral. ¿Por qué entonces se insiste en desacreditar a nuestro organismo electoral, si este fue quien organizó y emitió los resultados de la pasada elección presidencial? ¿A qué responden esas iniciativas de reforma a la Constitución y a la ley electoral  para concentrar el poder y simular Democracia Directa, incluso en contra de reformas constitucionales que tienen disposiciones transitorias aún vigentes? ¿La materia electoral en estas circunstancias, es prioridad?

Ya lo mencionaba Diego Valadés en su libro El gobierno de gabinete y los gobiernos de coalición^[2] [Una de las formas de conjurar las acechanzas y las presiones sobre quienes ocupan el poder, es desconcentrando su ejercicio tanto como sea posible. En eso consisten las técnicas de racionalización del ejercicio del poder: evitar las tendencias a la concentración, que se traducen en autoritarismo y corrupción, sin caer en la entropía. Encontrar el nivel de equilibrio consiste en identificar el punto donde el ejercicio eficaz permite conciliar la estabilidad del poder con los mayores márgenes posibles para las libertades individuales y públicas].

Esa racionalización del ejercicio del poder no está sucediendo con el gobierno federal en turno y tampoco se promueve desde el poder legislativo, ya sea por el principio de división de poderes, por congruencia política o autocrítica hacia el supuesto proyecto transformador. Por el contrario, se está fomentando y garantizando la concentración del poder desde la Constitución y se insiste en una agenda política alineada totalmente a las necesidades presidenciales, para muestra están las reformas aprobadas, todas promovidas o expresamente solicitadas desde la presidencia; cabe destacar que esto es relativamente común en los sistemas políticos, aunque eso no significa que siempre sea para bien.

En nuestro caso está siendo contraproducente, pues se han dejado de lado muchas causas valiosísimas con años de estudio, trabajo y dedicación, solo porque provienen de la sociedad civil o son agrupaciones que no son afines al gobierno, como prueba de esto, está el memorándum donde se ordenó detener totalmente los recursos a las organizaciones de la sociedad civil, sin ningún tipo de diagnóstico o evaluación de por medio y en contra a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC^[3].

Aún resta mucho de esta administración federal y hay muchas acciones u omisiones por venir, esperemos que sean más las primeras y menos las segundas. En días pasados, diversas organizaciones publicaron análisis muy amplios respecto al primer año de gobierno, por eso no redundaré en ello. Sin embargo, sí es urgente comenzar a cuestionar dónde están esos grandes cambios y resultados prometidos, no con el ánimo de obstaculizar al gobierno o de entrar en la catarsis colectiva, sino como un acto de mera congruencia democrática, transparencia, rendición de cuentas, corresponsabilidad pública y ejercicio de nuestro derecho a participar en la vida política; porque más que transformación, este gobierno federal y el bloque mayoritario en el Congreso, están construyendo un neoprecidencialismo y eso bajo ninguna circunstancia es positivo.

^[1] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm

^[2] https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4771/5.pdf

^[3] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/266_240418.pdf

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Lecciones desde Bolivia.

Foto: Juan Karita / AP

Por Roberto Rivera González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 25 de noviembre de 2019.- La semana pasada Bolivia fue uno de los principales temas en nuestras redes sociales; nos enteramos que después de la sugerencia de William Kaliman, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Evo Morales renunció a la presidencia y empezó su camino al asilo en México.

No fueron pocas las discusiones acaloradas sobre si fue un golpe de Estado o no. Quienes dicen que no, apelan a la ley orgánica de las FFAA (Ley 1405) que en su artículo 20 otorga facultades al ejército para que, en caso de emergencia, pueda hacer recomendaciones a quien sea que corresponda con el fin de restablecer la paz. Eso fue lo que se hizo con Evo Morales, sin mencionar ningún tipo de consecuencia o plazo que hubiera sido necesario para hablar de un ultimátum, además de que la recomendación sólo estaba dirigida a él, no se mencionó al vicepresidente García Linera o a los legisladores afines a Evo, por lo que ellos hubieran podido reemplazarlo en sus funciones. Quienes sostienen que lo ocurrido sí fue un golpe, aseguran que el mero pronunciamiento de las FFAA es presión suficiente para cualquier institución.

Sin importar la postura que se tome, cabe señalar que hay dos problemas muy grandes al intentar analizar lo ocurrido en Bolivia: el primero, consiste en pensar de manera dicotómica: o se es absolutamente bueno o se es absolutamente malo. El segundo problema resulta igual de preocupante: Se invisibiliza al colectivo. 

Si bien nadie puede negar los buenos resultados de la gestión de Evo Morales en términos de combate a la pobreza y desigualdad económica, además de la reivindicación indígena. Afirmar que la convulsión boliviana se originó en 3 días significa ignorar que:

• Evo Morales inició su primer mandato como presidente en 2006 y en 2009 convocó a un constituyente para renovar la legislación boliviana; con este suceso el país pasó de ser República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia.
• Ese mismo año comenzó su segundo mandato presidencial.
• A pesar de que la Constitución boliviana sólo permite reelegirse una vez, en 2014 se postuló para una segunda reelección bajo el argumento de que él sólo había tenido un mandato en el Estado Plurinacional Boliviano (nuevo nombre del mismo país).
• Intentó acceder a una tercera reelección, convocando a un referéndum que aseguró respetaría. En 2016, perdió el ejercicio: los bolivianos dijeron “no queremos que te reelijas”.
• Ignorando los resultados de la consulta, este año se postuló como candidato, presionando al Tribunal Supremo para quitar la restricción a la cantidad de reelecciones ya que era su “derecho humano”.
• Las movilizaciones en Bolivia empezaron el 20 de octubre, mismo día de las elecciones, cuando se denunciaron irregularidades en las boletas sumando a la inesperada interrupción de la transmisión de los resultados electorales.
• Al día siguiente, varias universidades y ciudades se fueron a paro total.
• Evo Morales usó a la policía para contener a los manifestantes (eufemismo para decir que también reprimió) y cuando estos se amotinaron, el ejército dijo que no entraría en el conflicto.
• Miembros de su gobierno amenazaron con sitiar hasta dejar sin suministros básicos a las ciudades que estaban paro.

Extrañamente, muchos de estos sucesos fueron ignorados por políticos y medios internacionales. Prefirieron centrarse en Camacho y a pesar de que él apareció días después, le atribuyeron el liderazgo de las manifestaciones anti Evo Morales.

Es importante entender que algunos avances de la derecha, responden a errores de la izquierda porque, oh sorpresa, sus caudillos también pueden hacer cosas malas, y esto no justifica las acciones de Jeanine Añez. Si partimos del pensamiento dicotómico, seguramente ya me estarán tachando de fascista-aliado de la ultraderecha. Sin embargo, es todo lo contrario, si queremos evitar que estos grupos de poder tomen las posiciones, es menester ser críticos con nuestras propias posturas políticas. 

¿Qué lecciones podemos aprender de esto para la democracia en México?

La primera y más evidente: que aunque tengamos el primer gobierno de centro-izquierda, no significa que debamos justificar cada acción que haga, cuestionar no significa hacerle el juego a la derecha, tampoco es válido decir “es que antes robaban más”, esto es igual de cínico que decir “si robo, pero poquito”, o la justificación por la que muchos votaron por el PRI de Peña Nieto: “roban, pero dejan robar”. Nos merecemos algo mejor.

Segundo: aquí también se tiende a ignorar la organización colectiva, cayendo casi en el absurdo, podemos pensar en la Independencia o la Revolución Mexicana, más de un millón de muertos y sólo se reconoce a un puñado de personajes, salvo el mito del Pípila y Pancho Villa, ninguno es de origen popular.

En casos más contemporáneos, podemos empezar por el movimiento #YoSoy132, mientras su estructura organizacional era asamblearia, los medios de comunicación se empeñaron en presentar falsos liderazgos, como el de cierto personaje que corrieron de una asamblea y terminó con un programa en Televisa.

También tenemos el ejemplo de todas las agrupaciones de activistas ecologistas en México, representan la mayor defensa medioambiental en el país, sin reconocimiento político ni mediático. De pronto, y sin polemizar con su país de origen, Greta Thumberg —figura mediática del ambientalismo internacional— fue invitada para hablar ante los legisladores mexicanos, esto no es malo en sí mismo y ella no es responsable, pero sí es demasiado cinismo de parte de nuestros legisladores.

Por último, cabe mencionar que las reformas en materia de participación ciudadana aparecieron en el mapa político mexicano gracias al esfuerzo de colectivos ciudadanos, agrupados en el hashtag #ReformaPolíticaYA. Actualmente, las pocas agrupaciones que seguimos involucradas en el tema de la Democracia Directa en México, sin buscar alguna remuneración, hemos señalado errores que contenían las propuestas impulsadas y hemos buscado espacios públicos de discusión para incidir en la elaboración de las leyes. No hemos obtenido respuesta y no se abren los espacios.

Los liderazgos no son malos por sí mismos, pero un líder no es un movimiento, un líder no tiene fuerza sin un colectivo que lo respalde. A veces, los líderes incluso son inexistentes, al menos en la forma caudillista con la que estamos acostumbrados a entender el liderazgo.

Por eso mismo, el reto consiste en dejar de pensar que se necesita una figura sobresaliente para la organización social. Platón ya había llegado a la conclusión de que, si el más fuerte merece gobernar, pues 1,000 personas pueden ser más fuertes que el individuo aislado. Aunque nos quieran hacer creer lo contrario, ese es el potencial de la democracia:

Todas las personas decidimos, nos hacemos responsables, todas las personas cohabitamos.

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Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro

Por David Muñoz Domínguez y Roberto Rivera González

Consejeros de COHABITANTES MX

Y la lucha por una verdadera Democracia Directa en México.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 11 de noviembre de 2019.- Cuando vives o convives en un lugar con personas a tu alrededor, ya sea tu familia, amistades, tu comunidad vecinal, tu comunidad escolar, en tu trabajo; cuando te trasladas de un sitio a otro en transporte público, en bicicleta, en tu propio automóvil; cuando te vas de vacaciones y hasta cuando haces las compras cotidianas, tenemos interacciones sociales que coexisten y cohabitan durante un determinado tiempo, en un determinado espacio y bajo una determinada circunstancia; todo lo anterior, es cohabitar.

Con eso en mente, hace poco más de un año, decidimos conjuntar esfuerzos y constituirnos en una organización de la sociedad civil (OSC) que denominamos “COHABITANTES MX”. Nosotros creemos en la Democracia Directa como vía para la consolidación de una cultura política para México, tenemos la convicción de que los poderes públicos deben abrirse y no cerrarse, pues una sociedad más participativa siempre será un auténtico contrapeso de poder y un complemento social, nunca cómplice o comparsa del sistema.

Nuestra principal estrategia de incidencia es simple y queremos compartirla: buscamos directamente a quienes detentan el poder, principalmente en el poder legislativo, sin importar la jerarquía de su puesto les cuestionamos sobre los asuntos relacionados con su cargo, intercambiamos puntos de vista y desde luego, les entregamos propuestas concretas realizadas por nosotros.

Por ejemplo, en septiembre de 2018, entregamos a Andrés Manuel, como presidente electo, nuestro posicionamiento respecto a su “consulta pública nacional” del NAICM y le exhortamos a usar el mecanismo constitucional y legal ya existente; nunca tuvimos respuesta. De igual forma buscamos al bloque mayoritario en las cámaras del Congreso cuando se presentaron las iniciativas sobre revocación de mandato; abordamos a Mario Delgado (presidente de la JUCOPO en San Lázaro), afuera de su oficina para que nos explicara los motivos de dichas iniciativas; en una ocasión, esperamos a Tatiana Clouthier (vicecoordinadora de Morena) durante casi cinco horas afuera de su oficina sólo para entregarle nuestra propuesta directamente en su mano; también buscamos a Ricardo Monreal (presidente de la JUCOPO en el Senado) vía Twitter, y nos reunimos con su equipo técnico. A eso le llamamos incidencia ciudadana directa.

También tuvimos interlocución con las diputadas Martha Tagle de MC, Marcela Torres del PAN, Dulce María Sauri del PRI, con las senadoras Alejandra Reynoso y Xóchitl Gálvez del PAN, Patricia Mercado de MC, Claudia Ruiz Massieu del PRI; así como con personal técnico de los senadores Miguel Ángel Mancera del PRD, Dante Delgado de MC, Damián Zepeda del PAN y a la secretaría técnica de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado.

A pesar de esa incidencia, la reforma constitucional aprobada la semana pasada, que creó la revocación del mandato y que “reformó” la consulta popular, es, lamentablemente, una victoria pírrica que se gestó con las prácticas más añejas del sistema político mexicano y que fue víctima, una vez más, del “pingponeo” de intereses de la partidocracia, te explicamos:

Consulta Popular.

Si en 2012 este mecanismo quedó como un trofeo dentro de una bonita vitrina sellada al vacío, con esta reforma el Congreso terminó por condenarla a ser una verdadera reliquia de la participación ciudadana: no solo evitó que se bajara el umbral de firmas mínimas necesarias (2% de la lista nominal de electores) para que la ciudadanía pueda activarla, sino que además, sobre restringieron los temas. También cambió la fecha para las jornadas de consulta, ahora serán -de solicitarse- el primer domingo de agosto. Además, creó la consulta popular regional (entre uno o varios Estados), sin mayor especificidad sobre cómo operarlas.

Revocación del Mandato.

Luego de un año de proceso legislativo, el Congreso creó esta figura con diversas negociaciones, la más trascendente, gracias a nuestra propuesta, fue impedir que el presidente o el congreso pudieran iniciar el proceso; así, sólo podrá ser activada por la ciudadanía con al menos el 3% de la lista nominal de electores. También se estableció que no deberá ser por ningún motivo concurrente con los procesos electorales y mucho menos el mismo día de la jornada electoral; para efectuarse, se tendrá un plazo de tres meses a partir del cuarto año de mandato y por una sola ocasión. Y si se quisiera activar este mecanismo para el actual ejecutivo federal, únicamente se tendrán 45 días (del 1 de noviembre al 15 de diciembre de 2021), para presentar la solicitud con las respectivas firmas mínimas de respaldo, que además, deben estar distribuidas en al menos 17 Entidades Federativas y que en cada una de estas, se junte al menos, el 3 % de la lista nominal de electores de esos Estados.

Aunque con estas reformas el bloque mayoritario alardea de dar “Todo el poder al pueblo”, eso no es precisamente cierto. Partamos primero del requisito legal para formar un partido político nacional, que es del 0.26 % de la lista nominal de electores; eso equivale, de acuerdo al último corte del INE^[1], a unas 234,000 firmas aproximadamente. Queremos resaltar que dicho requisito está establecido en la ley y no en la constitución, a diferencia de la consulta popular (2 %), la iniciativa ciudadana (0.13 %) y ahora también de la revocación del mandato (3 %), que el Congreso optó por insertar directamente en la Constitución Federal; situación que hace muy difícil la posibilidad de hacer cambios, pues las reformas constitucionales llevan un proceso tardado y que requiere de un amplio consenso parlamentario.

En COHABITANTES MX consideramos que esta reforma es una simulación más del sistema de partidos, porque imaginen; si para formar un partido político nacional se requieren aproximadamente 234,000 firmas (0.26 %), imaginen ahora lo que implicaría tener que juntar -como mínimo- 1.8 millones de firmas para pedir una consulta popular nacional o 2.7 millones de firmas para solicitar una revocación del mandato al ejecutivo federal, eso equivaldría a formar 7 y 11 partidos políticos nacionales respectivamente.

El Congreso condenó a estos mecanismos de la democracia directa a ser unas verdaderas reliquias de la participación ciudadana, porque ahí están y ahí estarán dentro de una vitrina blindada siendo admiradas pero nunca ejercidas. Prueba de esto, es que desde la creación de la consulta popular en 2012 a la fecha, no hemos tenido un solo ejercicio de consulta nacional. Pero eso sí, nuestra actual legislatura del Congreso se ufana de “dotarnos de poder” y de “regresar el poder al pueblo”…

Ahora bien, hay quienes nos han dicho que con las nuevas tecnologías y el impulso de las redes sociales, dichos umbrales pueden ser fácilmente alcanzables, pero nada más lejos de la realidad. Ponemos dos experiencias que fueron muy conocidas: la primera fue la iniciativa ciudadana “Ley 3 de 3”, la cual juntó un total de 634,143 firmas de respaldo en todo el país, con el apoyo de grandes organizaciones de la sociedad civil, con toda una campaña nacional en medios de comunicación, con inserciones pautadas en las redes sociales y con el respaldo de organismos empresariales como el CCE y la COPARMEX. La segunda experiencia fue la aspiración a la candidatura independiente de MariChuy para ser candidata presidencial, quien juntó un total de 281,624 firmas de respaldo en todo el país con el apoyo del Consejo Indígena de Gobierno y el Consejo Nacional Indígena.

Al no considerar esas experiencias que son prueba fehaciente de que la cultura política y democrática sigue en una etapa de poca maduración, el sistema de partidos representado -no tan bien- en el Congreso de la Unión, demostró que se sigue legislando desde su cerrada óptica partidista y que no están pensando en realmente abrir la participación ciudadana, sino en controlarla y cooptarla. Aludiendo a la popular frase, lo que hicieron con esta reforma constitucional, en resumen, fue “cambiar todo, para que nada cambie”.

Difícilmente habrá otra reforma constitucional antes del 2021, ya que esta legislatura federal está empecinada en llevar una agenda legislativa alineada a los intereses del poder ejecutivo y ha dejado prácticamente de lado las causas de la sociedad civil, movimientos y agrupaciones sociales. La revocación fue la estrella en esta reforma, tanto así, que en los artículos transitorios, se estableció un plazo de 180 días, a partir de la entrada en vigor, para que el Congreso expida la ley secundaria de esta figura, pero olvidaron plasmar la obligación de armonizar la existente Ley Federal de Consulta Popular, la cual -en teoría- debe contemplar los procedimientos para las consultas populares regionales. Aunque recordemos que en nuestro sistema político no existe un procedimiento claro o una sanción si el propio Congreso incumple sus plazos y entra en omisión legislativa; no estaría mal impulsar algo para estos casos.

Finalmente resta esperar a que al menos 17 Congresos Estatales ratifiquen la reforma constitucional, para que luego pase al ejecutivo federal, la promulgue, la publiquen y entre en vigor. Y eso puede llevar varios meses, por lo que se avista muy lejana la posibilidad de impulsar una consulta popular nacional para agosto de 2020, sobre todo con la indefinición presupuestal que se plasmó en el decreto para que el INE, cual malabarista, organice, convoque, verifique y emita los resultados.

Mientras eso sucede, en COHABITANTES MX seguiremos impulsando mecanismos y herramientas para que en México haya una verdadera Democracia Directa y promoviendo acciones para incrementar nuestra cultura política que tanta falta nos hace.

@DavidMDominguez y @RobertoPsyche
de @CohabitantesMX

^[1] https://listanominal.ine.mx/ESTADISTICAS/index.php

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