Ana Gabriela Espinosa, ‘tsunami humano’ en la Conade

Foto: Presidencia de la República

Por Jesús Yáñez Orozco 

• La Auditoría Superior de la Federación –en 162 cuartillas–, confirmó que estuvo plagado de actos irregulares su primer año gestión

• Entre ellos presuntos actos de corrupción –incluyendo sobornos– y adjudicaciones directas inexplicables

•  Y dejó, al menos, 186 millones 706 mil pesos pendientes de comprobar en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 24 de febrero de 2021.- Tsunami en la Conade. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que durante el primer año de gestión de Ana Gabriela Guevara Espinoza, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte estuvo plagada de actos irregulares. Entre ellos presuntos actos de corrupción –incluyendo sobornos– y adjudicaciones directas inexplicables, y dejó al menos 186 millones 706 mil pesos pendientes de comprobar.

En una amplia auditoría forense al programa de Atención al Deporte –publicada este sábado 20 y cuya versión adelantada obtuvo la revista Proceso–, el organismo fiscalizador estimó que la Conade malgastó seis de cada 10 pesos de la muestra de 310 millones de pesos que pudo auditar, los cuales, a su vez, representan poco menos de la mitad de los 679 millones de pesos que la institución gastó en 2019 en el programa.

La auditoría de 162 cuartillas, con número 117-DS, reforzó los señalamientos de corrupción contra el equipo de trabajo de Guevara, y que la periodista Beatriz Pereyra ha documentado de manera amplia en las páginas de lesa publicación en el último año y medio.

Entre otras cosas, publica el semanario en la edición que comenzó a circular el pasado 21 de febrero, la ASF confirmó las irregularidades en el contrato de 16.5 millones de pesos que la Conade adjudicó de manera directa a la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad, SA de CV.

Para ello el equipo auditor incluso visitó un Centro Federal de Readaptación Social en noviembre de 2020, para entrevistar ahí a un socio y un representante legal de la empresa contratista.

Estas personas –encarceladas ambas– refrendaron que, en junio de 2019, exfuncionarios de la Conade presentaron una estructura para lavar dinero, que incluía un soborno inicial de 150 mil pesos, a empresas fantasma y una comisión de 15% del monto facturado, el cual debía ser inflado.

Además de pedir información fiscal sobre una empresa presuntamente fantasma involucrada en el esquema, la ASF presumió que este contrato provocó un daño o perjuicio de 14 millones 856 mil pesos al Estado mexicano, pues la Conade no pudo acreditar que los servicios fueron prestados, ni que la empresa cumplía con los requisitos.

En mayo de 2020, la empresa interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra seis funcionarios de la Conade –entre ellos la propia Ana Guevara– por asociación delictuosa, soborno, simulación de licitación, falsificación de documentos y cohecho.

Ese contrato no fue el único en captar la atención de la ASF, que de manera general determinó –con cierto eufemismo– que la Conade tiene un “control interno con nivel bajo”:

El organismo dirigido por David Colmenares Páramo también halló diversas irregularidades en el contrato de vigilancia, que la dependencia adjudicó de manera directa al polémico Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, un grupo mexiquense semiprivado que opera de manera opaca y obtuvo contratos multimillonarios durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La Conade tampoco pudo justificar el destino de 15 millones 572 mil pesos, devengados en el marco del convenio existente con el gobierno de Cuba para traer 29 entrenadores del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de la República de Cuba a México, y enviar pruebas antidopaje a esa institución.

Respecto a este contrato, la ASF observó que la Conade gastó 20% más del monto acordado, no pudo acreditar los servicios de los entrenadores –ni siquiera “contó con documentación que acreditara el legal ingreso y estancia al país de los entrenadores de nacionalidad cubana, ni que cubrieran con el perfil”–.

Tampoco pudo acreditar que “se realizaron, entregaron y proporcionaron los resultados de las mil 287 muestras de orina y sangre para su análisis antidopaje, o bien, el listado de dichas pruebas”, servicios por los cuales pagó un monto de 8 millones 519 mil pesos, apuntó la ASF.

Ninguno de los contratos analizados por la ASF escapó a la crítica: la Conade no pudo probar que el proveedor de extintores efectivamente entregó los bienes comprados; no logró justificar la adjudicación directa de 43.6 millones de pesos a la empresa Productos Serel para un contrato de servicio de alimentación –empresa que solo reportó un trabajador activo en el IMSS–, y tampoco explicó el destino de 8.6 millones de pesos pagados a la empresa Publicidad Serna para un contrato de 2018.

La lista de irregularidades es larga. Incluye empresas no localizadas en sus domicilios fiscales reportados ante el Servicio de Administración Tributaria –con sospecha de que se trate de empresas fantasma–, y pagos por 116 millones de pesos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por un servicio informático imposible de probar, pues cuando la ASF quiso verificar los bienes, éstos habían sido desinstalados.

En el informe de auditoría, la ASF se limitó en revisar parte del gasto del programa de Atención al Deporte; no estudió el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, a través del cual el equipo de Ana Guevara desvió decenas de millones de pesos, como lo reveló este semanario en junio de 2019 (Proceso 2242), lo cual fue confirmado por la Secretaría de la Función Pública en febrero de 2020.

La ASF concluyó que la Conade “no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes”:

Deploró que “adjudicó de forma directa servicios sin motivar el caso fortuito o de fuerza mayor, ni su nexo causal para realizar el procedimiento de adjudicación directa”.

“No vigiló que se cumplieran con los requisitos solicitados a los proveedores, para su participación en el procedimiento de contratación (…) no documentó integralmente los expedientes de contratación; convino obligaciones con una vigencia previa a la celebración de los contratos (…) no administró, inspeccionó, vigiló ni supervisó el cumplimiento de los servicios contratados; no dio seguimiento a las acciones y obligaciones contraídas”.

Y más:

“Realizó pagos sin contar con la documentación comprobatoria que justifique el cumplimiento de los servicios, así como, el control, supervisión validación y aceptación de estos”.