-
CONAPESCA alerta que su combate no arroja resultados favorables
-
Pese a que, en agosto pasado, el gobierno federal publicó la Estrategia de Instrumentación
-
Pretende una Economía Oceánica Sostenible para 2024
-
Se uniría a una red de más de 72 países que lucha contra este flagelo
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 07 de noviembre de 2022.- Un grupo de especialistas coincidió en encender las alarmas sobre sus amplios litorales: México carece de una estrategia integral para combatir la pesca ilegal.
Esto, a pesar de que, en agosto pasado, el gobierno federal publicó la Estrategia de Instrumentación para una Economía Oceánica Sostenible en México–2024, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA).
Entre las acciones prioritarias de esta estrategia estaría la firma del Acuerdo de Medidas sobre el Estado Rector de Puerto (AMERP), así, México se uniría a una red de más de 72 países que combaten a la pesca ilegal.
Ésta se define “como aquella que se realiza en las zonas marinas mexicanas establecidas en la Ley Federal del Mar, por embarcaciones tanto nacionales como extranjeras, de personas físicas o morales, sin respetar las leyes, reglamentos y cualquier plan o disposición jurídica vigente en materia de pesca”.
Lo que cobra relevancia ya que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 2022 como el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales, en México, y no ha habido la atención prioritaria que el problema requiere, coincidieron diferentes actores con expertis en el tema de pesca.
Para la FAO, “la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) es responsable de la pérdida de entre 11 a 26 millones de toneladas anuales de pescado, con las consiguientes mermas económicas (evasión fiscal) y sus impactos sociales, ya que uno de cada cinco peces capturados en todo el mundo cada año proviene de la pesca INDNR”.
En México, las causas que favorecen la pesca ilegal son la falta de inspección y vigilancia, la corrupción, la impunidad, la presencia del crimen organizado, la situación precaria de comunidades pesqueras, la falta de alternativas económicas para este sector, prevalencia de un marco jurídico inadecuado, poco conocido y con débil implementación, además de la falta de coordinación entre autoridades federales.
En el encuentro con especialistas, realizado en el Senado de la República en el mes de marzo, destaca la contribución de la pesca y la acuacultura en el Producto Interno Bruto (PIB) que en 2018 fue del 0.08%.
Una cifra que consideran baja, ya que México “ocupa a nivel mundial el duodécimo lugar en extensión de litorales, el decimotercero en la pesca de captura marina y el decimocuarto en la pesca de captura en aguas continentales”, menciona el informe.
El documento final “Diagnóstico sobre la pesca ilegal en México” es una investigación en la que participaron 30 especialistas entre académicos, ONG’s, funcionarios y políticos.
Presenta una valoración que identificó causas, consecuencias, propuestas de solución y una prospectiva de escenario tendencial si no se modifica la extracción de recursos pesqueros de manera ilegal.
Cabe recordar que las leyes aplicables para combatir la pesca ilegal en México son: La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS, 2007); el Reglamento de la Ley de Pesca (RLP 1999) y las 39 Normas Oficiales Mexicanas Pesqueras y Acuícolas (NOM’s).
Con la Estrategia de Instrumentación para una Economía Oceánica Sostenible en México–2024, el gobierno mexicano se ha comprometido a proteger los mares mexicanos y reconoce que se deben realizar acciones contra su deterioro.
Entre las acciones que el gobierno debería implementar estarían combatir: el cambio climático, la acidificación, el calentamiento del océano, la contaminación marina, la pesca excesiva y la pérdida de hábitats y biodiversidad.
Sin embargo, en la realidad, se siguen viendo las afectaciones biológicas por la pesca ilegal, que contribuyen a la contaminación oceánica debido a la gran cantidad de carburante que se derrama y se quema produciendo emisiones de gases de efecto invernadero.
Ya desde 2004 Oceana lo había advertido, y se vio recientemente en playa Balandra en BCS, como ejemplo de la falta de vigilancia al cumplimiento de los reglamentos.
Y es que la pesca ilegal representa una gran desventaja y discriminación para los pescadores que cumplen con la ley.
“Si los pescadores dedicados a la pesca ilegal explotan poblaciones vulnerables sometidas a estrictos controles de gestión o moratorias, no se conseguirá restablecer esas poblaciones a unos niveles saludables”, advierten especialistas.
A pesar de que “México ocupa el segundo lugar en el mundo en la captura de pulpo, el séptimo lugar en la captura de camarón, el noveno lugar en mojarra, el onceavo lugar en la sardina, y el doceavo lugar mundial en atún”, a decir del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Víctor Manuel Villalobos, la pesca ilegal sigue amenazando la biodiversidad marina y la seguridad alimentaria de las comunidades.
Para la directora de Transparencia de Oceana México, Mariana Aziz que desde el 2019, trabajan en el Proyecto de Norma Oficial Mexicana para la Trazabilidad de Pescados y Mariscos “buscamos colaborar con el gobierno para que estas acciones sean una realidad y disfrutemos de mares abundantes”.
Por ello, en conferencia de prensa, esta organización realizó un llamado a la CONAPESCA dirigida por Octavio Alberto Almada Palafox -una de las autoridades que suscribieron la estrategia- a acelerar la aprobación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) de Trazabilidad de Pescados y Mariscos y así, combatir la pesca ilegal.
Esta NOM sería el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante dedicado específicamente a la lucha contra esta problemática.
Se debe tener en cuenta que “la pesca ilegal es una de las actividades que incide de manera negativa en la sostenibilidad de los recursos marinos”, dicen los especialistas.
“Las cifras de sobre explotación son alarmantes”, explica el oceanólogo Efren García, “hablamos de más del 40% de los recursos pesqueros y un deterioro del 37% de los ecosistemas acuáticos”.
Según los expertos, la pesca INDNR puede estar asociada con la delincuencia organizada.
Este ha sido el caso de la pesca ilegal de la totoaba (Totoaba macdonaldi), y que ha puesto al borde de la extinción a la vaquita marina (Phocoena sinus) en el Mar de Cortés.
Y por este motivo, el secretariado de la Convención Internacional de Especies Amenazadas (CITES) plantea recomendar sanciones comerciales para México, ya que no cuenta con un plan efectivo.
La pesca ilegal (INDNR) debilita cualquier esfuerzo para la conservación y ordenación de las poblaciones de peces y por tanto, limita el avance hacia el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad a largo plazo y por tanto de crecimiento para el país, concluyen especialistas.
Fuente: FAO – El Senado – Oceana –