Niegan amparo a Billy Álvarez y su hijo
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Fiscalía tiene luz verde para detenerlo
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El expresidente del Cruz Azul también enfrenta una orden de aprehensión a nivel federal
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Está acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
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Ascienden a más de 2 mil 250 millones de pesos
Periodistas Unidos/Balón Cuadrado. Ciudad de México. 12 de noviembre de 2021.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tiene luz verde para para detener al expresidente de la cooperativa de La Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas –76 años de edad–, y a su hijo Guillermo Robín Álvarez.
Un secretario en funciones de juez del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal les negó el amparo contra la orden de aprehensión que libró en su contra el 24 de agosto de 2020 Agustín Moreno Gaspar, juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce, por el delito de administración fraudulenta por 2 mil 257 millones de pesos.
Las órdenes de captura derivaron de una denuncia presentada el 2 de junio del 2020 por los integrantes del Consejo de Administración en funciones de la cooperativa, en la que acusaron a Billy Álvarez y a nueve personas más de crear un fideicomiso sin contar con las facultades legales ni con la autorización en asamblea de socios.
Guillermo Álvarez también enfrenta una orden de aprehensión a nivel federal, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cual fue solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR), y también existe una ficha roja emitida por Interpol para su localización y captura.
Las investigaciones realizadas por la fiscalía capitalina están relacionadas con el supuesto delito, cometido por ambos, así como otras personas, de administración fraudulenta por un monto de dos mil 257 millones 411 mil pesos.
En esta orden de aprehensión también estuvieron implicados por su presunta responsabilidad Mario Sánchez, director financiero; Eduardo Borell, director jurídico, Víctor Garcés, exdirector jurídico de la Cooperativa, y Ángel Junquera, abogado externo de la misma.
La investigación refiere que, durante al menos 6 años, de 9 de julio de 2013 al 23 de marzo de 2020, los presuntos implicados se organizaron para obtener recursos de la Cooperativa, ya que autorizaron y disponían de pagos de las facturas por servicios inexistentes, movimientos que se realizaron a través de diversas cuentas de España, Estados Unidos y otros lugares del mundo.
Con información de los diario El Financiero y El Sol de México)