Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de febrero de 2023.- En diciembre, desde el Poder Ejecutivo llegó al Congreso un racimo de iniciativas. En éste, la principal era el llamado plan B, cuyo objetivo es, claramente, socavar al INE, institución creada y mantenida por una larga cadena de luchas populares. En plan secundario se mandaron otras iniciativas, no con el objetivo de mejorar nuestro marco legal, sino destinadas a atizar la discusión de otros asuntos y distraer de lo principal a la ciudadanía.
Por supuesto, el llamado plan B ha estado en el centro de la atención pública, pues a nadie se le escapa que se pretende volver a los viejos tiempos del presidencialismo asfixiante, aquel en que el poder controlaba hasta la respiración de los mexicanos. Y tanta ha sido la indignación popular por tan siniestra finalidad, que el próximo domingo desfilarán en todo el país personas de muy diversas ideologías, las que coinciden en su rechazo a todo intento de absolutismo.
Pero al centrar el debate en torno al plan B se han dejado de lado otras leyes que lesionan los derechos de las personas, como es el caso de la llamada ley antitabaco, que puede llevar a la cárcel a quien encienda y fume un pitillo y, lo que es peor, que ha hecho de la vía pública un espacio de prohibiciones que obligan a fumar dentro de los hogares, en perjuicio de los niños y otros no fumadores, pese a que la malhadada ley se reformó dizque para proteger a esas eventuales víctimas.
Sobra decir que resulta ociosa una ley antitabaco si nuestras mayores ciudades que se cuentan entre las más contaminadas del mundo, porque las fábricas generan sin control gases altamente tóxicos que, junto con el humo de los vehículos —sobre todo los oficiales—, han llevado a la capital del país y otras urbes a un desastre sanitario, pero las autoridades prefieren voltear hacia otro lado y culpar al cigarro de todos los males.
Otra norma que augura malos días para el empleo es la Ley General de Comunicación Social, incluida en el mazacote jurídico de diciembre. Dicha norma acabará con gran parte de los medios de comunicación, sean canales de televisión, frecuencias de radio, publicaciones de internet y, sobre todo, periódicos impresos, además de que contiene disposiciones abiertamente anticonstitucionales y favorece al partido actualmente en el poder.
Y mientras pretende tapar la boca a los informadores, el gobierno se despacha con la cuchara grande, pues la ley de marras, redactada con salva sea la parte, dice que “no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”.
Quien redactó esa barbaridad no ha leído el artículo 134 de la Constitución, que, de aplicarse, prohibiría las mañaneras. Se olvida que los ciudadanos podemos decir y hacer todo aquello que no contravenga la ley, pero los funcionarios públicos sólo pueden decir y hacer lo que la ley les ordena, pues las autoridades, en cuanto tales, no tienen derechos, sino atribuciones.
Peor todavía es que la Ley General de Comunicación Social condena a la extinción a numerosos canales de televisión, estaciones de radio, sitios informativos de internet y, sobre todo, a los impresos periodísticos, pues dicta que los gobiernos federal, estatales y municipales no podrán destinar más de un décimo de punto porcentual a la publicidad en los medios, lo que es y será un formidable aporte al desempleo, además de que se inmiscuye en el régimen interno de cada municipio o entidad federativa, lo que ya generó varias demandas ante la Suprema Corte.
El montón de leyes de diciembre tenía por objeto distraer, llevar a la opinión pública hacia una discusión sobre el nefasto plan B y otras disposiciones, todo con el fin de dar un respiro al gobierno federal, metido en un berenjenal por la refinería de Dos Bocas y, sobre todo, el Tren Maya, obras iniciadas sin contar con estudios suficientes y cuyo costo se ha disparado, por lo que el gobierno federal le ha quitado recursos a la cultura, la salud y otros renglones, convertidos por la veleidosa política económica en zonas de desastre.
De esto y más hablaremos mañana en la Semana del Periodismo de Pachuca, pues hay una explicable preocupación en el gremio.