Sin pruebas, juez vincula a proceso a empresarios veracruzanos
Foto: @cazagansos
- Al emitir su fallo, argumenta que existe una sospecha
- Fija tres meses para investigar el caso
- Los acusados, Jesús Chaín Oceguera y Rafael Sánchez Cano, sobrevivieron a un atentado, el pasado 10 de junio, en Boca del Río
- Ambos denunciaron una extorsión que, supuestamente, exigía Ana Guevara, titular de la Conade
Periodistas Unidos. Ciudad de México, 27 de julio de 2020.- Sin la debida presunción de inocencia, los empresarios veracruzanos, Jesús Chaín Oceguera y Rafael Sánchez Cano, fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en la desaparición forzada de un ciudadano, en el caso de extorsión donde se menciona a Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade), consentida del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
La Juez de Control del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Poza Rica, Lizbeth Aurelia Jiménez, vinculó a ambos a proceso y fijó una investigación complementaria de tres meses, además de ratificar la prisión preventiva oficiosa en lo que duran los juicios, publicó el diario El Financiero.
El argumento de la juez es que por ser el último lugar donde se tuvo conocimiento de la presencia del desaparecido Édgar Álvarez, sí hay indicio de que ellos hicieron “algo” para desaparecerlo, aunque aceptó que por el momento no existen pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de los inculpados, sostiene la nota firmada por el reportero Víctor Hugo Arteaga.
El abogado defensor Raúl Cid, del despacho Lecumberri, Benavides & Cid, señaló en la audiencia que la teoría del caso presentada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), no tiene lógica ya que, entre sus defendidos y la tercera acusada, Armida Ramírez, existen pugnas legales de extorsión e intento de homicidio.
Sánchez Cano y Chaín fueron detenidos el pasado martes en Boca del Río, Veracruz, acusados de la supuesta desaparición de Edgar Álvarez, quien el pasado 25 de marzo se presentó en la oficina de los abogados a cobrar una extorsión de 2.5 millones de pesos que, supuestamente, exigía a Ana Guevara, titular de la Conade, y su operadora Armida Ramírez.
La teoría de la FGE señaló en el proceso legal que Sánchez Cano, Chaín y Ramírez, se confabularon para desaparecer a Edgar Álvarez, lo que a juicio de Cid Osorio es absurdo dado que entre estas personas existen diferencias irreconciliables y acusaciones graves que les impediría tener algún tipo de asociación.
“Si estas personas tienen intereses contrarios y pugnas legales tanto en la denuncia de extorsión y la de tentativa de homicidio, es ilógica la teoría del caso, la hipótesis que expone la Fiscalía Veracruzana en el sentido de que existe una confabulación de todos, incluyendo a la ex alcaldesa, con los empresarios para desaparecer a esta persona”, declaró Cid Osorio.
Los empresarios fueron detenidos la madrugada del pasado 21 de julio en las oficinas del periódico ContraRéplica Veracruz, en Boca del Río, mientras que Armida Ramírez fue arrestada un día después.
El 10 de junio Sánchez Cano y Chaín sobrevivieron a un atentado con armas de alto calibre gracias al blindaje del automóvil en el que se trasladaban y de acuerdo a sus declaraciones, minutos antes vieron en uno de carros de sus agresores a Armida Ramírez.
Al salir de la audiencia de control. Raúl Cid Osorio aseguró que la acusación de la Fiscalía en contra de sus clientes no tiene ni pies, ni cabeza.
“La conclusión del atentado del que fueron víctimas mis clientes es porque momentos antes de la balacera vieron “perfectamente” a Armida. Por eso hacen esa conjetura (la FGE) fundada en que ya venían haciendo el rastreo por parte de ella y minutos después sufren el atentado. Ella está señalada como presunta autora de esta tentativa de homicidio”, abundó Cid Osorio.
Ni Chaín, ni Sánchez Cano, son dueños de la empresa que tenía que entregar los 2.5 millones en moches exigidos por la presunta operadora de Ana Gabriela Guevara, sino que sólo asesoraban al dueño, Carlos Solórzano, quien también tiene una orden de aprehensión en su contra por este caso.