AP. Ciudad de México. 25 de agosto de 2022.- Los militares colombianos suspenderán los bombardeos a campamentos de grupos armados ilegales cuando se presuma que en ellos hay menores de edad reclutados forzosamente, informaron el jueves las autoridades.
“Toda acción militar que se desarrolle respecto de miembros de organizaciones armadas ilegales no puede poner en peligro la vida de estas víctimas de la violencia”, dijo a la prensa el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Se trata de un cambio respecto de las directrices dadas por los gobiernos anteriores de continuar con los bombardeos pese a los cuestionamientos de organizaciones sociales y políticas.
En octubre de 2021 un congresista denunció la muerte de cuatro menores durante un operativo militar contra la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN). En ese momento las fuerzas militares defendieron la legitimidad y legalidad de la operación.
El recién designado comandante de las Fuerzas Armadas, general Helder Giraldo Bonilla, dijo a la prensa que se evaluará en cada caso si proceden los bombardeos dependiendo de la información de inteligencia militar obtenida.
Los niños y niñas colombianas continúan siendo víctimas de los grupos armados ilegales que persisten en el país, pese a que en 2016 el Estado firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica. Al menos 7.000 menores se desvincularon de los grupos armados desde 1999 hasta 2021, de acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La suspensión de los bombardeos será uno de los primeros cambios operacionales que realizará el recién posesionado gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, quien cambió la cúpula militar y le encomendó velar por la protección de los derechos humanos y privilegiar las capturas sobre las muertes.
El jefe de la cartera de Defensa aseguró que la nueva directriz es el “absoluto respeto por las comunidades” y el desarrollo de programas que contribuyan a su bienestar, es decir, el uso de las capacidades de las fuerzas militares y navales para apoyar emergencias, brindar ayuda humanitaria y transporte en zonas remotas.
Para Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group, el anuncio del ministro de Defensa muestra que la nueva administración es consciente de la falta de confianza en la fuerza pública que tienen las comunidades en las zonas rurales, donde el conflicto es agudo, y toma medidas para cambiar las prácticas operacionales con el fin de evitar hacer daño a la población civil.
Con respecto a posibles efectos adversos, Dickinson dijo a The Associated Press que no cree que los grupos ilegales incrementen el reclutamiento de menores como medida para proteger sus filas de bombardeos, debido a que “ya es un hecho que los grupos armados en este momento tienen entre sus filas menores de edad”.
Como prioridad el gobierno de Petro impulsa un proyecto de “paz total” y busca firmar acuerdos con los grupos armados ilegales que persisten en el país como la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) -con la que ya inició acercamientos en Cuba- y bandas criminales dedicadas al narcotráfico.
Velásquez indicó que la búsqueda de la paz no significa debilidad ni es una rendición del gobierno o las fuerzas militares. Agregó que sólo en la medida en que se evidencien acciones concretas de voluntad de negociación se podrán cambiar los términos del accionar de la fuerza pública contra los armados.