Condena de 27 años a Jair Bolsonaro por liderar complot golpista contra Lula desata apelaciones y tensiones internacionales

Periodistas Unidos. Brasilia, Brasil. 12 de septiembre de 2025.-Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por orquestar un intento de golpe de Estado en Brasil tras su derrota electoral en 2022, un fallo que incluye planes para disolver cortes, empoderar al Ejército y asesinar a su rival Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión, emitida este jueves por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal, califica a Bolsonaro como «jefe» de una «organización criminal armada» que buscó minar la democracia brasileña, pero su defensa ya anunció apelaciones nacionales e internacionales, mientras aliados como Donald Trump y Marco Rubio denuncian una «persecución política». El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha sacudido el panorama político latinoamericano al sentenciar al expresidente

El veredicto llegó tras un juicio maratónico iniciado en septiembre, donde la jueza Cármen Lúcia, respaldada por Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin y Flávio Dino, detalló un «plan progresivo de ataque a las instituciones democráticas» liderado por el ultraderechista de 70 años. La sentencia impone 24 años de cárcel efectiva más tres de detención por cargos como intento de golpe, abolición violenta del Estado de derecho, formación de organización criminal y daños al patrimonio público. Bolsonaro, quien no asistió al juicio y se encuentra bajo prisión domiciliaria desde agosto por violar medidas cautelares, rechazó las acusaciones calificándolas de «farsa judicial» en un video difundido por su hijo Flávio en redes sociales.

El complot se remonta a octubre de 2022, cuando Bolsonaro perdió el balotaje ante Lula da Silva por un estrecho margen de 51% a 49%. En lugar de reconocer la derrota, el entonces mandatario se atrincheró en la residencia presidencial durante 40 días, mientras sus allegados –incluyendo exministros y militares– difundían bulos sobre fraude electoral. Pruebas clave incluyen mensajes de Mauro Cid, su exasesor y delator, quien admitió en 2023 que no había indicios de irregularidades en las urnas. El clímax ocurrió el 8 de enero de 2023, una semana después de la posesión de Lula, cuando miles de bolsonaristas asaltaron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio de Planalto en una réplica del Capitolio estadounidense, dejando un saldo de daños millonarios y más de 600 condenados menores.

Junto a Bolsonaro, cayeron sentencias ejemplares para su círculo íntimo: Alexandre Ramagem, exdirector de inteligencia (16 años); Almir Garnier, excomandante de la Marina (24 años); Anderson Torres, exministro de Justicia (24 años); Augusto Heleno, exministro de Seguridad (21 años); Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa (19 años); y Walter Braga Netto, exjefe del Estado Mayor (26 años). La fiscalía presentó un «universo robusto» de evidencias, como grabaciones y documentos, que muestran cómo Bolsonaro preparaba material para coaccionar al Supremo Tribunal Federal y obstruir la justicia, incluso desde el exilio en Estados Unidos.

La reacción no se hizo esperar. La defensa, liderada por Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno, emitió un comunicado tildando la pena de «absurdamente excesiva y desproporcionada», alegando falta de garantías procesales y ausencia de pruebas directas en los disturbios de enero –Bolsonaro estaba en Florida ese día–. Anunciaron recursos ante instancias superiores e internacionales, posiblemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Flávio Bolsonaro, senador y heredero político, clamó en X: «No aceptaremos esta injusticia; lucharemos hasta el fin». En las calles de Brasilia, la izquierda celebró con manifestaciones, mientras protestas bolsonaristas reunieron a unos pocos cientos, lejos del fervor de 2023.

Internacionalmente, el fallo avivó fricciones con Washington. El secretario de Estado Marco Rubio tuiteó contra Moraes –sancionado por EE.UU. por supuestas violaciones a derechos humanos– acusándolo de «persecución política» al encarcelar injustamente a Bolsonaro. En una rueda de prensa, el presidente Donald Trump se refirió al caso como un «ataque a la democracia», evocando paralelismos con su propio juicio por el asalto al Capitolio. Lula, por su parte, evitó comentarios directos, pero su exabogado Zanin –quien votó por la condena– subrayó que el proceso fortalece las instituciones recuperadas hace 40 años tras la dictadura.

Esta sentencia, la primera contra un exjefe de Estado brasileño por golpismo, no cierra el capítulo para Bolsonaro, inhabilitado hasta 2030 por desinformación electoral y bajo escrutinio por obstrucción de justicia y malversación de joyas estatales. Con su movimiento de extrema derecha en Brasil fragmentado –pero aún influyente en el Congreso–, el bolsonarismo busca capitalizar el fallo como mártir. En un Brasil polarizado, donde la democracia brasileña pende de hilos frágiles, la apelación de Bolsonaro no solo es legal, sino un pulso por el alma de la nación sudamericana más poblada.