Periodistas Unidos. Cali, Colombia. 08 de junio de 2021.- Los derechos humanos a través de procedimientos policiales y militares enmarcados en la brutalidad. La Fuerza Pública, como extensión de la rama ejecutiva del poder público es comandada por el presidente de la República. Así, resulta abrumador comprobar la inmensa responsabilidad del Estado colombiano en los múltiples asesinatos y agresiones contra la población civil que ejerce su legítimo derecho a la protesta.
¿Por qué paro Colombia?
En abril de 2021 la oficialidad dio a conocer un proyecto de ley que, con la excusa de recaudar alrededor de 25 billones de pesos (aproximadamente 6.850 millones de dólares), entre otras cosas, extendía la base tributaria, forzando a la declaración de renta a contribuyentes que reportaran ingresos desde 2,4 millones de pesos (alrededor de 650 dólares) en 2022 y desde 1,7 millones de pesos (alrededor de 460 dólares) a partir de 2023. Además, gravaba con IVA 19% varios productos de la canasta básica, así como los servicios públicos para estratos 4, 5 y 6, los más altos en la estratificación colombiana, entre otros puntos controversiales. Y es que la reforma se propuso en plena pandemia, con un desplome del 6,8% en la economía y un índice de desempleo del 15,1% en abril. Así las cosas, las centrales obreras convocaron a un paro nacional que inició el 28 de abril. Tras seis días y 18 muertos, el proyecto de reforma fue retirado pero las protestas continuaron. Resulta que además de la tributaria venían preparándose otras reformas, a la salud y a pensiones.
Con todo, estas reformas no fueron sino la gota que derramó el vaso. En los últimos treinta años el Estado colombiano ha aprobado leyes que en nada benefician a la clase trabajadora, o bien, ha hecho la vista gorda para no cumplir con la responsabilidad que le concierne en su categoría de Estado social de derecho. El impuesto ‘temporal’ 4×1000 para salvar la economía cumplió 23 este año; el IVA aumentó con cada periodo presidencial para pasar del 8 al 19%, la infame ley 100 que convirtió a la salud en un negocio por la intermediación de las EPS (Empresas prestadoras de salud); la desaparición de los recargos nocturnos, dominicales y horas extras; el aumento de la edad de jubilación; los 6.402 falsos positivos en la impunidad, ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por el ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe; la muerte del estudiante Dilan Cruz (solo uno de tantos) en el marco del paro nacional 2019 a manos del ESMAD (Escuadrón móvil antidisturbios).
Todas estas razones fueron más que suficientes para que los colombianos, y sobre todo los jóvenes -cansados de no hallar oportunidades laborales y con difícil acceso a la educación- se lanzaran masivamente a las calles en 2021. La respuesta del gobierno de Iván Duque contra el legítimo derecho a la protesta pacífica fue la represión policial y la negativa a sostener un diálogo horizontal con los jóvenes que hoy exponen la vida por conseguir condiciones más dignas para todos.
En busca de la dignidad
Aunque las manifestaciones se adelantan en distintas ciudades del país, es en Cali, apodada por los manifestantes como la Capital de la Resistencia, donde más fuertemente se vive la represión. Entre los casos más repudiables se encuentra el de Marcelo Agredo de 17 años, quien, al propinar una patada a un agente de policía, recibió dos balazos del mismo. Uno de los casos más representativos es el de Nicolás Guerrero, joven artista de 21 años asesinado de un tiro en la cabeza en medio de una velatón al norte de la ciudad. El repudiable hecho quedó registrado a través de un En Vivo de Instagram.
Video del asesinato de Nicolás Guerrero
De acuerdo con un informe de la Fundación Internacional de Derechos Humanos al 29 de mayo se habrían presentado 3.405 casos de violencia policial, 16 asesinatos a manos de agentes de la fuerza más 27 en verificación, 47 lesiones oculares graves, 175 víctimas heridas con arma de fuego accionadas por agentes de la policía, 22 casos de violencia sexual, 179 casos de agresiones contra periodistas, 364 casos de desapariciones forzadas y cientos de casos de diferente tipología. En Cali, como en distintas ciudades, se han instalado diferentes espacios de resistencia, mismos que han sido blanco de brutalidad policial y de otros métodos represivos del Estado. A pesar de haber sido retiradas las reformas, el descontento social se vio aumentado por las ya mencionadas violaciones a los Derechos Humanos, lo que resultó en una resistencia, ya no solo contra unas reformas sino contra el accionar del gobierno y las agresiones contra la población civil, una resistencia en pro de la dignidad del pueblo.
La ciudad de Cali es la que ha aportado la mayor cantidad de muertos, heridos y desaparecidos. De la misma forma se ha constituido como un referente de resistencia con grandes concentraciones y movilizaciones. Los principales puntos de resistencia, con la Primera Línea a la cabeza, son Puerto Resistencia (Puerto Rellena), la Loma de la Dignidad (Loma de la Cruz), Puerto Madera (Calipso), Puente de las Mil Luchas (Puente de los Mil Días), Paso del Aguante (Paso del Comercio), Meléndez y Sameco. Estos lugares se han convertido en puntos de encuentro y de pedagogía comunitaria. Más allá de la resistencia en términos de fuerza o de guerra, se habla de una resignificación de los espacios y los símbolos a través del accionar comunitario, la solidaridad y la construcción de sociedad que invita a la reflexión y al diálogo.
Un ejemplo de esta apropiación es el de la maloca comunitaria Nicolás Guerrero, ubicada en lo que anteriormente era un CAI (Centro de Atención Inmediata) de la policía. En un acto de transformación de símbolos, de perpetuación de la memoria y reivindicación de los derechos civiles en búsqueda de la dignidad, la maloca es un espacio para la vida comunitaria, se instaló una biblioteca y se llevan a cabo permanentemente actividades de cohesión social, destinadas a todos los sectores de la comunidad. Muy a pesar del Estado y sus políticas de represión, de agresión contra la población civil, de métodos como la desinformación, censura y manipulación de los medios tradicionales, estos espacios persisten gracias al deseo común de cambio en un país agrietado por la violencia y la barbarie.
El Estado colombiano tiene una deuda y una responsabilidad grande con su propia nación. En el transcurso de más de un mes de paro son varios los organismos internacionales que han alzado su voz para pedir el cese a la represión y la brutalidad policial. El gobierno, sin embargo, parece no escuchar los gritos de un pueblo que resiste y dice ‘¡no más!’ a unos dirigentes que privilegian a su propia clase social mientras la clase trabajadora sólo sobrevive. ¿Cuántas vidas debe costar la validación de nuestros derechos? La respuesta debería ser una: ninguna.