Llama organización a investigar al gobierno de Perú por delitos de lesa humanidad

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 17 de febrero de 2023.- La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos señaló que el gobierno de Perú debe ser investigado por el presunto asesinato, tortura, abuso, amenazas e intimidación a integrantes del pueblo peruano a través de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado.

Así lo señaló en su informe la organización sin fines de lucro integrada por referentes políticos, sociales y sindicales, tras haber desplegado un grupo de trabajo a Perú el pasado 7 de febrero, con el objetivo de relevar situaciones de vulneración a los derechos humanos en el marco de la crisis política y social que transcurre en el país andino.

El documento de 17 páginas precisó que la represión desatada desde el pasado 7 de diciembre de 2022, impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión, de peticionar ante las autoridades, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

Cabe señalar que las manifestaciones en contra del gobierno peruano se dieron luego de que Dina Boluarte tomara la presidencia luego de la destitución de Pedro Castillo ‒tras su intento de disolver el Congreso el pasado diciembre‒.

Ante ello, los manifestantes exigen, principalmente, la renuncia de la presidenta Boluarte, la convocatoria de elecciones inmediatas y la liberación del expresidente Castillo.

Las protestas que han sido reprimidas por parte de las fuerzas armadas de la República de Perú han cobrado gran fuerza en el sur del país sobre todo en Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cuzco y Puno, lugares que han sido escenario constante de bloqueos de carreteras, marchas y enfrentamientos.

Ante ello, la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos destacó que el Estado peruano también debe ser investigado «por haber desplegado sobre la población civil indefensa, prácticas represivas, abusivas, desproporcionadas e ilegales, utilizando para ello armamento sofisticado y letal».

A dicha investigaciones, dijo, se debe sumar el del ataque sistemático y generalizado a la población civil, especialmente a jóvenes de los barrios populares, estudiantes, mujeres, trabajadores del campo y la ciudad, indígenas, campesinos, líderes y lideresas sociales y prensa independiente.

Los observadores detallaron que el pueblo peruano tiene derecho a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales para obtener la reparación integral, a través de la verdad y la justicia.

«El sufrimiento del pueblo peruano exige nuestro máximo esfuerzo, compromiso y rigor en la visibilización, denuncia y desnaturalización de las prácticas represivas que despliega el actual gobierno», se lee en el informe emitido el 13 de febrero.

La Misión, detalló que pudo verificar en las distintas regiones que la Policía Nacional del Perú ‒PNP‒ en general, y en particular en colaboración con el Ejército, desplegó en las manifestaciones populares y sus alrededores innumerables conductas represivas.

A través de testimonios, dijo, es reiterada la mención del uso abusivo y desproporcionado de armas letales, con severas consecuencias sobre la integridad física de los participantes, pues existe un permanente escenario que combina balaceras, humo, gas y estampida ‒entre otros recursos letales‒.

A ello sumaron el uso constante de tanquetas en Lima y en otras ciudades, cercando las salidas laterales e intimidando a la población, además de un número desproporcionado de oficiales que se traduce en un constante riesgo y hostigamiento a los habitantes.

A su vez, concluyeron que las conductas atribuidas a las fuerzas de seguridad denunciadas, y que deberán investigarse, responden a diversos tipos penales, tal es el caso de delitos contra la vida ‒homicidios‒, contra la integridad física ‒lesiones varias‒, contra la integridad sexual ‒abuso sexual‒, y contra la libertad ‒privación ilegal de la libertad, detenciones arbitrarias, tortura‒.

Asimismo, aquellos delitos contra la libertad de reunión y el libre ejercicio a la protesta, contra la propiedad ‒daño‒, contra la libertad de tránsito, contra la libertad de peticionar ante las autoridades, y contra la libertad de expresión.

Los interesados en conocer el informe completo pueden dar clic aquí para conocerlo.