Periodistas Unidos. Ciudad de México. 30 de marzo de 2021.- «Siento indignación, me siento impotente, me siento frustrada, yo hubiera querido estar allí», dice Rosibel Arriaza, cuyas palabras resumen el dolor de El Salvador por la muerte de su hija Victoria Salazar, tras ser sometida por policías el sábado en México.
Desde las mas altas autoridades del país hasta organizaciones humanitarias, manifestaron el lunes su indignación por la muerte de esta salvadoreña de 36 años en Tulum (este), en Quintana Roo.
Victoria, que vivía en México hace cinco años, era madre de dos adolescentes de 15 y 16 años, que ahora esperan ser repatriadas.
“Se fue (a México) en busca de mejores oportunidades” y consiguió trabajo en un hotel, contó René, hermano de Victoria.
“No merecía esa muerte (…) Las autoridades están para proteger a los seres humanos, con todas sus técnicas que tienen para tratar de someter a alguien. Pero eso fue un abuso de autoridad, así es que yo pido justicia”, dijo Rosibel, quien llegó con su familia este lunes a la cancillería de El Salvador para gestionar la repatriación del cuerpo.
Al anochecer de este lunes, feministas se concentraron en una plaza del sector norte de San Salvador para pedir “Justicia para Victoria”.
Alrededor de un altar de flores iluminado por una fogata, las feministas coreaban “Victoria no murió, la Policía la mato”.
“El caso de Victoria es MUCHO PEOR de lo que pensábamos”, comentó en Twitter el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
“Aún no podemos dar más información, pero el drama humano se extiende mucho más y deben haber varios cargos de misoginia y agresión (aparte del asesinato). Daremos seguimiento a este caso, hasta que se haga JUSTICIA”, consignó Bukele.
“Recuerda al caso Floyd”
Según la prensa mexicana, Victoria fue abordada el sábado por cuatro policías, tras un altercado con el encargado de un comercio de víveres en el balneario de Tulum.
Oscar Montes de Oca, fiscal del estado de Quintana Roo, donde también se ubica Cancún, dijo que los cuatro policías involucrados aplicaron, al momento de someter a Salazar, una “fuerza desproporcionada y con alto riesgo para vida de la víctima”, en declaraciones a la cadena de televisión Milenio.
“Hubo ruptura de dos cervicales, lo que provoca la fractura de la parte de superior de la columna vertebral y es como ocurre el deceso”, precisó.
En un video divulgado por la prensa, se observa a uno de los policías colocando su rodilla sobre la espalda de Victoria, mientras ella yace con el rostro hacia el pavimento.
Los uniformados se encuentran detenidos y serán presentados ante un juez para ser imputados por el delito de feminicidio, que se castiga con hasta 50 años de prisión.
El propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificó el hecho como un “brutal asesinato”.
La directora de Asistencia y Protección Humanitaria de la cancillería salvadoreña, Ana Irma Rodas, está en Tulum para dar seguimiento al desarrollo del caso.
La madre de Victoria pidió “justicia”: “No veo yo una causa justificada (de su detención). Pienso que los seres humanos tenemos derecho a la vida, independientemente de lo que haya sucedido en ese momento”.
“El caso de mi hija lo están comparando con el caso de (George) Floyd en Estados Unidos”, aseguró, en alusión a la muerte de un afroestadounidense a manos de un policía blanco durante su arresto, que causó conmoción mundial y desató una ola de protestas contra la brutalidad policial y la discriminación.
Según Wilfredo Medrano, del directorio de la ONG Tutela Legal María Julia Hernández, “lo que ha pasado es una brutalidad de las autoridades mexicanas, es un grave acto de violación a los derechos humanos de Victoria”.
Pedidos de justicia
Rosibel también pidió que los responsables rindan cuentas: “Aunque sé que mi hija ya no volverá a la vida, eso yo lo sé, pero en el área moral y emocional, yo estaría más que satisfecha que esos señores [policías] pagaran”.
“El crimen conmueve y es condenable desde todo punto de vista”, declaró a la AFP el coordinador de la ONG Comisión de Derechos Humanos (CDHES), Miguel Montenegro, quien abogó porque “se castigue con mucha fuerza a los agentes que cometieron el delito”, para que el caso no quede impune.
El director del Instituto Salvadoreño del Migrante (Insami), César Ríos, aseguró que la situación de su compatriota “no es un caso aislado” en México, y recordó la muerte en enero de 16 migrantes guatemaltecos.
Los cuerpos fueron hallados en un vehículo baleado y quemado en Camargo, estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos. Por ese hecho hay una docena de policías mexicanos detenidos.