AP. El Ceibo, Guatemala. 13 de agosto de 2021.- Poco después de cruzar la frontera en el sur de Texas con su hija de 5 años, la hondureña Karla Leiva se encontró a bordo de un avión fletado por el gobierno estadounidense, enterándose a medio trayecto que se dirigía a la ciudad de Villahermosa en el sur de México. Una vez ahí, las autoridades la subieron a un autobús con destino a la frontera sur del país.
El jueves decenas de familias fueron dejadas por migración mexicana en El Ceibo, la frontera con Guatemala, procedentes de Estados Unidos.
Según migrantes, llegaron en varios vuelos desde Bronwsville y McAllen, Texas, hasta Tabasco y desde allí al puesto fronterizo. Niños y niñas, incluidos bebés, mujeres y hombres, en su mayoría de Honduras, caminaron bajó el sol de 40 grados, desorientados y preguntando quién podía ayudarlos a volver a su país.
El mismo jueves, Leiva ya estaba sentada en el patio de un albergue para migrantes en El Ceibo, la remota localidad fronteriza de Guatemala.
Su expulsión expedita a través de tres países forma parte de una alianza sumamente inusual entre los gobiernos de Estados Unidos y México que el gobierno del presidente Joe Biden espera disuada a los migrantes de regresar a la frontera estadounidense.
Bianca Galván de 22 años llegó en el último vuelo del jueves. Su esposo lleva en brazos a su bebé de dos años. Galván no puede sostener mucho tiempo a su hijo porque padece de escoliosis y creía que migrando encontraría ayuda médica. “Ni siquiera me dejaron explicarles que lo que yo necesito es ayuda médica”, dijo la joven mujer.
En Guatemala Galván muestra radiografías de su columna vertebral operada y dice que los dolores en su espalda son constantes, que pensó que cuando les pidiera ayuda humanitaria a migración estadounidense la iban a ayudar. “Aquí ya no queremos a los migrantes, mi presidente ya no quiere más migrantes”, dice que le respondió un agente migratorio. Ahora busca cómo volver a Honduras, pero lleva solo dos dólares en su bolsillo.
Durante años, el gobierno de Estados Unidos ha trasladado intermitentemente a migrantes hacia el interior de México por vía aérea para dificultar que intenten cruzar nuevamente la frontera. Pero los vuelos que iniciaron la semana pasada desde Brownsville, Texas, hacia Villahermosa y Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, parecen ser los primeros en que se traslada a centroamericanos a territorio mexicano.
El jueves, mientras respondía las preguntas de los reporteros en Brownsville, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, hizo el primer reconocimiento público de su agencia de que está expulsando a los centroamericanos en vuelos con destino al sur de México. El gobierno mexicano no ha comentado públicamente al respecto.
Mayorkas señaló que los vuelos tienen la finalidad de disuadir los intentos reiterados de cruzar la frontera por parte de inmigrantes que son expulsados de Estados Unidos en apego a restricciones relacionadas con la pandemia y que les prohíben solicitar asilo. Se están llevando a cabo en un momento en que el gobierno enfrenta lo que él llamó un “importante desafío” en la frontera, mencionando cifras difundidas el jueves que muestran que las autoridades fronterizas detuvieron a un número récord de menores sin compañía adulta en 18.962 ocasiones durante el mes de julio, y se detuvo a migrantes que viajan en familia 82.966 veces, la segunda mayor cantidad de la que se tenga registro, sólo detrás de mayo de 2019.
Las autoridades estadounidenses detuvieron a migrantes en 212.672 ocasiones durante julio, la mayor cantidad en más de 20 años, aunque Mayorkas declaró que el 27% de dichos encuentros fueron con migrantes que habían sido detenidos en al menos una ocasión en el año previo.
Las expulsiones relacionadas con la pandemia no conllevan consecuencias jurídicas, lo que contribuye al elevado número de reincidencias.
Aunque aún envía a algunos migrantes en vuelos directos a sus naciones de origen en Centroamérica, el gobierno estadounidense ahora también los complementa con los vuelos al sur de México.
Leiva, de 32 años y oriunda de Yoro, en el centro-norte de Honduras, llegó al albergue ubicado en la localidad de El Ceibo el miércoles. Aseguró que ni las autoridades estadounidenses ni las mexicanas le preguntaron si temía regresar a su país natal.
En la frontera entre México y Guatemala, les dijeron que caminaran hacia el territorio guatemalteco y buscaran el albergue. Nadie registró su entrada a Guatemala. No les pidieron una prueba negativa de COVID-19, la cual se exige a todos los extranjeros que ingresan a la nación centroamericana.
“Nadie me dijo nada. Nunca escucharon mi caso y por qué yo me fui a Estados Unidos”, dijo Leiva. “No pude decirles que me estaban extorsionando y que amenazaron con secuestrarme a mi hija pequeña y con llevarse a mis hijos adolescentes para que integraran las maras. Por eso hui de mi país”.
Mayorkas dijo que Estados Unidos estaba coordinando con el gobierno mexicano los vuelos que incluyen centroamericanos y asegurándose de que cumplen con el derecho internacional para proporcionar protección humanitaria cuando se justifica. No dio más detalles.
“Si de hecho son devueltos y enviados al norte de México, es muy fácil, demasiado sencillo para ellos regresar y volver a intentar una entrada ilegal”, señaló. “Y por eso, en respuesta a esa reincidencia, los estamos expulsando más al interior de México, donde es mucho más difícil que lo vuelvan a intentar”.
Dijo que el gobierno de Biden ha efectuado cambios a las políticas en la frontera, incluyendo el permitir que niños que viajan sin adultos ingresen al país, pero señaló que las personas que carezcan de un derecho legal a la residencia serán deportadas, de acuerdo con la ley.
El organismo activista Human Rights First condenó los vuelos de deportación en un comunicado el jueves.
“Estas expulsiones son ilegales, inhumanas, y una violación flagrante a la ley federal de refugiados y a la Convención de Refugiados”, dijo Eleanor Acer, directora de protección de refugiados de la organización.
El miércoles, cinco agencias de las Naciones Unidas, incluyendo la del Alto Comisionado para los Refugiados, expresaron su preocupación en torno a la medida estadounidense y reiteraron su llamado a levantar la llamada restricción de Título 42 a las solicitudes de asilo.
Mayorkas señaló que las personas enviadas al sureste mexicano fueron expulsadas en cumplimiento del Título 42.
Las acciones están siendo aplicadas después de que Biden desechó muchas de las estrictas políticas migratorias de su predecesor Donald Trump, las cuales dijo eran crueles o desacertadas, incluyendo una que obligaba a los solicitantes de asilo a aguardar en el lado mexicano de la frontera a que llegara la fecha de su audiencia en una corte migratoria estadounidense.
Biden también canceló acuerdos con países centroamericanos para que los migrantes fueran enviados allí a solicitar asilo, negándoles cualquier posibilidad de asentarse en Estados Unidos.
El gobierno de Biden ha dicho que quiere concentrarse en atender las causas de origen de la migración desde Centroamérica. La vicepresidenta Kamala Harris ha encabezado esa labor, visitando México y Guatemala para analizar cómo puede ayudar Estados Unidos en esa tarea, y al mismo tiempo desalentar a la población de emprender el viaje hacia su frontera sur. Sin embargo, esas soluciones son a mediano plazo, en el mejor de los casos. En tanto, en la frontera de Estados Unidos el número de encuentros entre inmigrantes y las autoridades federales continúa en aumento.
Leiva había salido de Yoro el 27 de julio en compañía de su hija y sus tres hijos mayores. Doce días después, ella y su hija cruzaron el río Bravo (Grande) en una balsa hacia Texas acompañadas de un traficante de personas, y fueron detenidas rápidamente. Dijo que se suponía que sus hijos la seguirían, pero no pudieron cruzar.
Las autoridades federales llevaron a Leiva y a Zoe a Brownsville. Dos días después las subieron al avión. El jueves, ambas aún portaban los brazaletes de identificación que les dieron en Estados Unidos.
El albergue color anaranjado en la cima de una colina en El Ceibo ha estado llenándose esta semana conforme más migrantes son dejados en la frontera a diario. No hay mucho más en este remoto cruce fronterizo rodeado de selva.
Leiva aún intentaba comprender qué sucedió y cuál sería el siguiente paso. Aseguró que no puede regresar a Honduras y se lamentó por los 3.000 dólares que le había pagado al traficante para llevarlas a Estados Unidos.
“Nadie firmó ninguna deportación; yo no firmé”, declaró. “Nos trajeron engañados, ni siquiera un papel me dieron”. Los brazaletes son la única evidencia de que estuvieron brevemente en Estados Unidos.
La única opción de Leiva, aseguró, es intentar llegar nuevamente a la frontera. Sus dos hijos y una hija los esperan en el norte de México.