Periodistas Unidos. Madrid, España. 07 de octubre de 2026.- Maricarmen Abascal murió este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, quince días después de que la sacaran en camilla del piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda en el que había vivido desde 1956. Tenía 87 años, una discapacidad del 50 % y problemas de movilidad. No volvió a casa. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid lo dijo sin rodeos: se había alcanzado un acuerdo histórico que le habría permitido regresar, pero la solución llegó demasiado tarde. «Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante».
Durante siete décadas aquel piso de renta antigua, firmado por su padre y luego subrogado a su madre y a ella, fue su vida. Pagaba. No debía. Vivía de una pensión. En 2018 el inmueble pasó a manos de Urbagestión, una sociedad de gestión de activos que impugnó la segunda subrogación y exigió una subida que, según las crónicas del caso, multiplicaba el alquiler de unos 500 euros hasta cifras que una pensionista no podía asumir. Ocho años de litigio, cuatro intentos de lanzamiento y, el 23 de septiembre, el desalojo ejecutado ante cientos de vecinos que habían pasado la noche en el portal. Maricarmen salió en ambulancia. Desde entonces no abandonó el hospital.
Su caso no fue una excepción biográfica. Fue el retrato de un mercado que trata la vivienda como activo y no como derecho. Una empresa compró barato precisamente porque el piso estaba ocupado por una inquilina de renta antigua; los tribunales dieron la razón a la propiedad; el Estado no impidió el lanzamiento a tiempo. El capitalismo inmobiliario no necesita odiar a una anciana para dejarla en la calle: le basta con aplicar la lógica del rendimiento. Maricarmen resistió hasta el final y, ya desalojada, pedía lo mismo que había pedido siempre: que se siguiera luchando por lo que es de cada cual.
Esa resistencia, sostenida junto al Sindicato de Inquilinas, encendió las protestas por el derecho a una vivienda digna, llenó la Puerta del Sol de una acampada que sigue en pie y obligó al Gobierno a aprobar el 29 de septiembre dos reales decretos-ley —el llamado «decreto Maricarmen»— para proteger la función social de la vivienda. El Congreso los derogó. El lunes, Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral. La política llegó tarde a la habitación del Gregorio Marañón. El acuerdo con la propiedad, mediado días después del desahucio para un contrato de ocho años con una renta que no superara el 30 % de sus ingresos, también.
El sindicato dejó escrito el legado: «Tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha… cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: ‘luchad, seguid luchando por lo que es vuestro’». Maricarmen no recuperó la casa. Dejó, en cambio, la prueba de que una vida entera de arraigo puede ser expulsada por un balance, y de que esa expulsión solo se frena cuando la calle deja de aceptarla como normal.