AP. Santiago de Chile. 28 de mayo de 2021.- El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, el libre acceso al agua y una igualdad efectiva entre hombres y mujeres figuran entre los nuevos derechos que interesan a la mayoría de los 155 miembros de la convención constitucional chilena que redactará una nueva Carta Magna para reemplazar a la impuesta por la dictadura militar (1973-1990).
Entre los elegidos hay 77 mujeres y 78 hombres. Varias chilenas fueron reemplazadas por chilenos, y en menor cantidad ocurrió a la inversa, para asegurar la paridad del órgano constituyente. La convención debe iniciar sus labores a más tardar la primera semana de julio y tendrá un plazo de nueves meses —prorrogables a un año— para redactar la nueva Ley Fundamental.
Una de las constituyentes más conocidas en Chile es Giovanna Grandón. Tiene 46 años, es madre de cuatro y abuela de dos, pero casi todos en el país la conocen como la “Tía Pikachú”. Vestida con un disfraz inflable del célebre personaje animado de Pokémon, participó desde el inicio en las protestas que siguieron a un estallido social en 2019 e impulsaron el plebiscito de octubre del año pasado, cuando el 79% de los chilenos votó a favor de una nueva Constitución. Los encargados de redactarla fueron electos a mediados de mayo.
Un video que la mostraba cayendo mientras bailaba disfrazada en una manifestación fue subida a las redes sociales y así inició su popularidad.
La “Tía Pikachú” integra la llamada “Lista del Pueblo”, formada por candidatos de izquierda y sin militancia política que compitieron en todo el país y, contra todos los pronósticos, obtuvo 27 escaños.
“Vamos a tener que cambiar de todo, no solamente el tema de la educación, que es por el que yo peleo hace muchos años… Tiene que ser una educación de calidad y gratuita”, declaró.
La “Tía Pikachú” trabajó varios años como asistente técnica en educación de niños vulnerables y en los últimos años transportaba estudiantes del ciclo básico de educación en una barriada pobre, lo que la hace conocedora de la educación chilena.
La Constitución de los militares instauró dos tipos de educación en Chile, una para los que pueden pagarla y una gratuita, la más deficiente, para quienes no pueden pagar. El sistema se repite en la salud.
La primera labor de los constituyentes será elegir a su directiva y definir un protocolo de funcionamiento. La “Tía Pikachú” es una de varias constituyentes nombradas para encabezar el órgano constituyente.
Entre los constituyentes hay 60 abogados, entre ellos, el constitucionalista Jaime Bassa, de 44 años y que fue electo en un cupo del izquierdista partido Convergencia Social. Bassa opina que “el objetivo que tenemos no es reemplazar una Constitución revanchista de derecha, por una Constitución revanchista de izquierda”.
Entre los temas que le interesan plasmar en la nueva Carta Magna están una “protección efectiva de los derechos de grupos sociales postergados” —como los niños, migrantes, pueblos indígenas—, el cuidado del medioambiente “y la recuperación de las aguas como bienes públicos”.
Los chilenos pueden usar el agua para el consumo básico y recreacional, pero como la dictadura militar privatizó las aguas, su aprovechamiento extractivo está en manos de particulares dueños de derechos que les otorgan propiedad sobre ellas.
Bassa también aboga por el reconocimiento constitucional de los derechos sexuales reproductivos, del trabajo doméstico y de cuidadoras, y es partidario de un impuesto a los “súper ricos”, como una forma de redistribuir la riqueza en un país que tiene enormes desigualdades y desataron la rebelión social de 2019.
“La riqueza de este país la generamos entre todos y no es justo que se concentre en unas cuantas familias”, afirma. Para el abogado “la mesa de la constituyente debe ser paritaria, integrada por quienes representen los anhelos de transformación que ha expresado la ciudadanía”.
De los 155 escaños convencionales, 17 se reservaron para miembros de los 10 pueblos originarios, que representan el 12,8% de los 19 millones de chilenos. Otro de los cupos lo ganó Francisca Linconao Huircapán, de 64 años y machi o autoridad religiosa del pueblo mapuches, el mayor en Chile.
“Como mapuches, estamos reclamando que se nos devuelva la tierra, el agua. El agua está comprada por el Estado, se adueñaron del río, se adueñaron de todo. Y eso en la Nueva Constitución tenemos que escribirlo como es”, afirma.
Los mapuches resistieron por 300 años a los conquistadores españoles, hasta que en el siglo XIX fueron despojados de sus tierras por las armas del Estado de Chile.
En su programa electoral, Linconao afirma que los indígenas “debemos estar reconocidos como tales, como un Primera Nación en la nueva Constitución Política. Esta acción nos devolvería un poco de respeto ante las graves vulneraciones a nuestros derechos individuales y colectivos vividos durante siglos, tanto desde la colonización española y de otros países europeos, como del propio Estado chileno”.
Sobre la llegada de los indígenas a la convención, dice que “nunca más nos tienen que dejar fuera, nosotros convivimos con los huincas (blancos) y necesitamos un reconocimiento constitucional”.
Linconao ha sido detenida varias veces, una de ellas en 2013, cuando fue incriminada en la muerte de un matrimonio en el incendio intencional de su casa y estuvo nueve meses presa. Años después fue absuelta y posteriormente la machi le ganó un juicio al Estado por vincularla al crimen y otro contra una empresa forestal por la tala ilegal de árboles.
Un sector minoritario de los mapuches reivindica las demandas territoriales por la vía armada y la quema de camiones, vehículos forestales e iglesias.
El nombre de Linconao es uno de los que se repiten entre quienes deberían dirigir la convención constitucional.
Los ambientalistas también llegaron a la convención de la mano de la Lista del Pueblo. El ingeniero Francisco Caamaño, de 31 años, logró la mayor votación entre los postulantes de ese grupo en representación de comunas rurales. “Yo obtuve el voto de la gente que no confía en la política tradicional, que votó informada”, dijo Caamaño después de ser electo.
Caamaño, que participa hace más de cinco años en organizaciones sociales y ambientalistas, dice que “la temática ambiental fue el tema más hablado en los diferentes cabildos a nivel nacional” previos a las elecciones. “En Chile existen cientos de conflictos socioambientales que todavía no se resuelven, gran parte de eso es porque tenemos una constitución que no garantiza el cuidado de la naturaleza”, señala.
Caamaño coincide con varios constituyentes que dicen que la convención debería ser encabezada por una mujer. “Me gustaría que fuese de los pueblos originarios y que conozca la realidad de las y los chilenos comunes y corrientes”, comentó.
Al interior de la convención ninguna fuerza política o social logró 1/3 de los votos que le permitirían vetar las propuestas de sus adversarios y, como se necesitan los 2/3 para aprobar cada artículo constitucional, los constituyentes se verán obligados a realizar acuerdos.
El periódico chileno La Tercera, que consultó antes de las elecciones a más de un millar de los 1.278 postulantes a la convención, concluyó que 91% favorece que el acceso y distribución del agua sea un derecho fundamental, un 70% está de acuerdo con el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y de sus culturas y el 73% quiere consagrar constitucionalmente la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
El proyecto de Constitución que escriba la convención debe ser aprobado en un plebiscito obligatorio a mediados de 2022. Si es rechazado seguirá vigente la de los militares.