AP. Bogotá, Colombia. 19 de julio de 2022.- Por primera vez en Colombia, las víctimas del largo conflicto armado interno tendrán voz y voto en el Congreso a partir del miércoles por medio de 16 representantes que provienen de las zonas donde se ha concentrado históricamente la violencia.
Desde el sur, en la frontera con Ecuador, Gerson Lisímaco Montaño representará a las víctimas de Nariño.
“El conflicto nos ha golpeado de manera directa, nos han asesinado familiares y nos han desplazado”, dijo a The Associated Press Lisímaco, ingeniero industrial y defensor de derechos humanos. “Hemos vivido en medio de una efervescencia de armas, de tráfico, pero siempre hemos mantenido la postura de que la solución son los acuerdos y la democracia”, agregó.
Las “curules de paz”, como han sido llamados los inéditos escaños que ocuparán los 16 representantes en la cámara baja, se crearon con el propósito de darle representación política efectiva a las más de nueve millones de víctimas que han dejado más de cinco décadas de conflicto interno en Colombia. Nacieron fruto de los acuerdos de paz firmados en el 2016 entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica.
“Nosotros necesitamos paz real. Construirla, no sólo hablar de ella. Para eso es necesario diseñar políticas públicas que lleven al Estado con inversiones y mejoramiento de las condiciones de vida con agua potable, vías, saneamiento básico, salud y empleo”, aseguró Lisímaco, de 42 años, sobre su objetivo en el Congreso.
Consiguió votos resguardado por dos escoltas, un chaleco antibalas y un botón de pánico. Aun así, asegura que hubo territorios vedados a donde no logró llegar por temor a su integridad.
Su camino para ganar el escaño en el Congreso retrata la crudeza de la violencia que aún se vive en el territorio en el que convergen grupos armados que controlan el narcotráfico y la minería ilegal. Por eso, cree que su misión será ayudar a superar la débil presencia que tiene el Estado en la periferia del país, debido a que no se trata sólo de sanar las heridas de décadas de violencia, también de evitar que continúe.
“La esperanza es que pueda haber una bancada con la fuerza política para impulsar la paz, y sobre todo los intereses de la comunidad víctima. Hasta ahora, por falta de representación, esos temas no han logrado surgir dentro las prioridades para el Congreso”, aseguró a la AP Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group.
Los 16 representantes de las víctimas aterrizan en el Congreso sin experiencia como cabildantes, por regla debían ser respaldados por organizaciones de víctimas y no por partidos tradicionales. También será un nuevo Congreso en el que el gobierno electo del izquierdista Gustavo Petro tiene las mayorías y, según ha dicho, pretende impulsar los acuerdos de paz alcanzados con las FARC.
Tras los primeros cinco años de la firma de la paz con las FARC, aún queda una buena parte de los compromisos por cumplir. Según el informe del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, publicado en junio, se ha completado el 30% del acuerdo y el 15% aún no ha iniciado, lo demás está en un estado intermedio o mínimo de cumplimiento.
Diógenes Quintero, de la convulsa región del Catatumbo, asegura que su estrategia será trabajar “como bancada de la paz”, es decir, ser un solo bloque político que pueda buscar consensos y ser efectivo.
“Nuestra agenda va a estar enfocada en la implementación del acuerdo de paz. En puntos como la reforma rural integral, el impulso a la economía campesina, una reforma a la ley de víctimas y el trato penal diferenciado para los cultivadores de hoja de coca”, indicó Quintero.
Las curules para las víctimas representan a 167 poblaciones en las que se ha concentrado la violencia y donde la pobreza es más notoria: Chocó, Urabá, Sur de Córdoba, Bajo Cauca, Sur de Bolívar, Montes de María, Arauca, Catatumbo, Meta y Nariño.
Sin embargo, algunos ganadores de las curules han sido cuestionadas o criticadas por su idoneidad o por presunta participación de políticos tradicionales interesados en obtenerlas. Es el caso de Jorge Rodrigo Tovar, hijo del temido exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
Grupos de víctimas alzaron su voz en desacuerdo con que sea el hijo de su victimario el que las represente en el Congreso. Sin embargo, Tovar se ha defendido diciendo que él mismo fue una víctima del conflicto y que busca trabajar por la paz.
“La realidad puede ser mucho más compleja por la diversidad de congresistas que llegaron a ocupar los curules, los variados intereses que los apoyaron dentro la campaña, y la falta de experiencia dentro la política”, dijo Dickinson. “Pero aun está la posibilidad histórica de que haya una voz para las víctimas dentro de la alta política”, concluyó.