Periodistas Unidos. Ciudad de México. 06 de octubre de 2026.- Estudiantes, periodistas, docentes y defensores de derechos humanos denunciaron en conferencia de prensa, realizada en Casa Más, que el operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del 2 de octubre no fue un protocolo de contención, sino una política de amedrentamiento, golpes, encapsulamiento y despojo de celulares y equipo fotográfico contra quienes se movilizaban por los 58 años de la masacre de Tlatelolco.
En la mesa participaron Mariana Morales, docente de la UNAM e integrante del Movimiento de los Trabajadores Socialistas y de la Organización Sindical desde las Bases; RANS, estudiante de la UAM Iztapalapa e integrante de la InterUAM; Wendy de la Rosa, de la Coordinadora 1° de Diciembre; el periodista independiente Axel Hernández, y militantes del Partido Comunista Revolucionario. Todos formaron parte de la movilización o la cubrieron.
El contraste que marcaron fue el del mismo día. Por la mañana, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó en la Plaza de las Tres Culturas un acto con integrantes del Comité 68 y declaró que nunca más habría un Estado contra los estudiantes ni el miedo como forma de gobierno. Horas después, a la salida del Metro Tlatelolco, un cuerpo policial —la SSC habló de alrededor de 200 elementos, muchos en motocicleta— esperaba a los contingentes estudiantiles antes de que arrancara la marcha.
Mariana Morales relató que, al terminar la movilización, cerca de las 20:00 horas, entre Simón Bolívar y 5 de Mayo, vio a más de diez policías golpear a un joven. Se acercó a documentar y, según su testimonio, un elemento intentó quitarle el celular; al caer recibió un golpe por la espalda y otras lesiones. Denunció además una campaña de cuentas automatizadas en redes para desacreditar el video. “Todas estas medidas se tratan de una política que busca aleccionar y disciplinar a las jóvenes generaciones que el 2 de octubre salieron a cuestionar al Ejército y a exigir justicia, no solo por el 68, sino por Ayotzinapa”, dijo. Cerró con la consigna: “Protestar es un derecho, reprimir es un delito”.
RANS leyó el testimonio de Denis Anaí Castañeda Domínguez, egresada de la UAM Xochimilco, fechado el 5 de octubre. Llegó a la estación hacia las 14:23. Compañeros de la Escuela Nacional de Antropología e Historia le contaron una revisión que describieron como intimidatoria, con retiro de lonas, pancartas y carteras. Un hombre de civil les tomó fotos y le pidió revisar la mochila. Al intentar salir con el contingente del Partido Comunista Revolucionario hubo forcejeos, gas pimienta y lo que identificó como gas de extintores. Vio al menos a dos personas con lesiones en la cabeza —una, al parecer, menor de edad— atendidas por la Brigada Marabunta. “No observé provocaciones por parte de los integrantes del contingente”, escribió. La InterUAM, en un comunicado del 4 de octubre, responsabilizó al gobierno de Brugada y a la alcaldía Cuauhtémoc, a cargo de Alessandra Rojo de la Vega, y exigió investigación de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, devolución de dispositivos y reparación a Samuel, Petzar y Catalina.
Axel Hernández, quien cubrió para Ahora MX y Tifas Media, describió la llegada de policías en motocicleta, encapuchados y sin identificación visible, un esquema que —dijo— rompe los protocolos de actuación en manifestaciones y que ya se había visto en operativos ligados al Mundial y en agresiones a madres buscadoras. Narró un encapsulamiento dentro y fuera del Metro, golpes con toletes retráctiles, macanas y escudos, y una estampida en un pasillo estrecho. La Brigada Humanitaria de Paz Marabunta le refirió que, antes de que iniciara la marcha, ya había atendido a más de 20 personas, 17 de ellas con heridas en la cabeza, en su mayoría estudiantes.
También documentó la agresión al reportero Iván Ortiz, de El Sol de México, hecho corroborado por Proceso, El Universal, Infobae y la Red Rompe el Miedo: Ortiz resultó con un ojo morado y fue despojado de mochila, celular, computadora y maleta mientras grababa. Hernández sumó el robo de equipo a integrantes de la Resistencia Anarquista Comunista y a Somos el Medio, y el uso de gases lacrimógenos. Según el rastreo de su compañero Camilo Piedepágina, una granada recuperada correspondería a un lote de fabricación estadounidense cuya producción se detuvo hacia 1990 por su toxicidad. Enmarcó los hechos en una criminalización más amplia: citas a declarar y detenciones de personas con carpetas abiertas por el 2 de octubre anterior, y un estudiante detenido tras salir del campamento por los 43.
Wendy de la Rosa, defensora que acompaña casos desde las detenciones de 2012, calificó de “ridícula” la distancia entre el homenaje matutino y el operativo de la tarde. Exigió que Brugada destituya y presente a los mandos que dieron la orden, llamó a los agredidos a denunciar ante el Ministerio Público y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y pidió a abogados solidarios que se acerquen a los jóvenes. Álvaro Sánchez, del Partido Comunista Revolucionario, relató que desde la 13:00, dos horas antes de la convocatoria, una treintena de policías cruzó la plancha de la Plaza de las Tres Culturas y golpeó a estudiantes de bachillerato que aún no formaban bloque. Exigió la extinción del cuerpo de granaderos y la libertad de presos políticos.
Desde la mesa se invitó a firmar un desplegado nacional en repudio al operativo y se abrió La Izquierda Diario a más testimonios. Morales ya inició una queja ante la CDHCM. Ante una pregunta del reportero Víctor Raúl Ramírez, de Grupo IMER, sobre instancias internacionales y un frente con sindicatos como la CNTE, los participantes respondieron que el eje es la organización propia —cadenas humanas, protocolos de cobertura y coordinación con sindicatos, buscadoras y colectivos— más que la expectativa en organismos sin capacidad de sanción. Coincidieron en que la represión se sofisticó después del Mundial: motocicletas, civiles que graban, infiltrados y despojo sistemático de dispositivos.
La versión oficial, difundida el mismo 2 de octubre, habló de un protocolo de contención a cargo de la SSC que encabeza Pablo Vázquez Camacho, presentado por el secretario de Gobierno, César Cravioto. El gobierno capitalino reportó una marcha mayoritariamente pacífica, de unas 8 mil personas en el Zócalo, y atribuyó disturbios, petardos y daños a un grupo de alrededor de 200 personas. Sobre la agresión a Ortiz, la SSC señaló a civiles encapuchados y anunció que Asuntos Internos y la Dirección de Derechos Humanos recaban información. Las organizaciones en la mesa rechazaron esa lectura: dijeron que los golpes, las revisiones y el retiro de equipo empezaron antes de cualquier confrontación y alcanzaron por igual a estudiantes, vecinos y prensa.