A cuatro años del asesinato de Miroslava Breach Velducea: avances y cuestiones pendientes en la investigación

Reporteros Sin Fronteras. Ciudad de México. 24 de marzo de 2021.- Ayer se cumplieron 4 años sin Miroslava Breach, asesinada el 23 de marzo de 2017 por investigar y exponer las violaciones de los derechos humanos que se cobra cientos de víctimas en la Sierra, así como las redes de narcopolítica y corrupción que operan en Chihuahua. El caso ha estado marcado por grandes retos para la Procuraduría y la administración de justicia. En 2020 hemos logrado avances significativos que sientan un precedente importante para el combate contra la impunidad en los asesinatos de periodistas en uno de los países más mortíferos para la prensa a nivel mundial.

4 años sin Miroslava Breach han significado no solo la pérdida de una valiosa mujer, una aguerrida madre, la entrañable hermana o la incondicional amiga, sino también, la pérdida de una gran investigadora y periodista que decidió no callar y exponer lo que sucede en Chihuahua; han significado pérdida de libertad de expresión para la ciudadanía en México.

Cuatro años en los que hemos trabajado a nivel nacional e internacional para que las víctimas logren conocer la verdad, y tengan acceso a la justicia y a una reparación integral. Hemos acompañado y representado legalmente el caso en aras de que su asesinato no quede en la impunidad, porque es necesario que todos los responsables sean llevados ante los tribunales de justicia.

Existen avances importantes en el caso, entre los que destacamos haber logrado que la investigación haya sido asumida por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE); haber logrado que la investigación dejase de estar en manos de la Fiscalía General de Chihuahua para pasar a la Fiscalía General de la República fue crucial para el caso y permitió extender las líneas de investigación; la identificación de todos los autores materiales e intelectuales del crimen; el juicio oral en contra de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, que requirió un mes de juicio oral en el que se desahogaron  todas las pruebas de las partes y se demostró al tribunal su plena responsabilidad, así como la obtención de una sentencia condenatoria de 50 años de prisión; y la detención de un ex funcionario público por su probable participación y auxilio a los autores intelectuales y materiales del homicidio, además de su vinculación a proceso.

En un país marcado por la impunidad, la sentencia en el caso Miroslava cobra doble relevancia, ya que se trata de la primera sentencia condenatoria por homicidio cometido contra una mujer periodista, en la que una autoridad judicial federal reconoció que el crimen se cometió como  consecuencia de su labor. El Juez Federal Nelson Pedraza Sotelo estableció en su sentencia: “se comprobó que Miroslava fue víctima de homicidio como consecuencia de sus investigaciones periodísticas, lográndose identificar a un autor intelectual del crimen”.

Otro avance relevante fue la detención de Hugo Amed “N”, exalcalde del municipio de Chínipas, por parte de elementos de la FEADLE. El ex funcionario fue vinculado a proceso penal y le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva el 22 de diciembre de 2020, una vez que una Jueza federal consideró que existían elementos jurídicos necesarios para tales efectos, y otorgó tres meses para la investigación complementaria. El proceso contra uno de los “posibles” eslabones importantes entre la política y el narcotráfico en Chihuahua apenas comienza. Queda un largo camino que recorrer.

Frente a esta realidad, aún quedan por realizarse varias acciones importantes. Entre ellas, que la FGR ejecute las órdenes de aprehensión pendientes contra un responsable material y contra el posible autor intelectual del homicidio, quien fue identificado en juicio oral en 2020. Sigue pendiente para las autoridades federales investigar de manera efectiva y agotar todas las líneas de investigación relativas a la narcopolítica en el estado de Chihuahua relacionadas con el asesinato de la periodista.

A lo largo de estos cuatro años, para las organizaciones que acompañamos el caso –Propuesta Cívica (PC), Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)-, los logros obtenidos hasta la fecha representan un gran avance. Agradecemos el valor y el esfuerzo enorme que la familia de Miroslava ha hecho para seguir adelante en este tortuoso y peligroso camino de acceso a la justicia: sin su convicción, esto no sería posible. Aunado a esto, consideramos importante el papel que los medios de comunicación han realizado a lo largo de este tiempo; su labor de investigación, documentación y difusión también ha sido sumamente importante para el caso, por lo que agradecemos la solidaridad del gremio periodístico.

Este largo camino aún no concluye. Continúa otra etapa en la investigación de las líneas de narcopolítica y de la autoría intelectual de este homicidio. Conscientes de que esta nueva etapa nos presenta nuevos retos en el conocimiento de la verdad y la búsqueda de justicia en el caso de Miroslava Breach, las organizaciones aquí firmantes solicitamos lo siguiente:

A la Fiscalía General de la República (FGR) y la FEADLE: 

  • Redoblar sus esfuerzos para que las dos órdenes de aprehensión pendientes contra uno de los responsables en el asesinato y contra el posible autor intelectual del homicidio se ejecuten lo más pronto posible.
  • Establecer y agotar todas las líneas de investigación relativas a la narcopolítica en el estado de Chihuahua relacionadas con el asesinato de la periodista Miroslava Breach.
  • Brindar protección a las víctimas indirectas y los testigos en el actual proceso penal contra Hugo Amed “N”.
  • Que la FEADLE fortalezca sus elementos de prueba en el caso Hugo Amed “N”.

Al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB):

  • Agilizar sus procesos de atención y seguir brindando las medidas de protección necesarias y suficientes para garantizar la vida e integridad de las víctimas y de los testigos que irán a juicio oral, así como de las personas que les acompañan y representan legalmente.
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