Periodistas Unidos. Ciudad de México. 17 de agosto de 2026.- “Les agradezco mucho la presencia a todos los que están aquí. Ha pasado un año y nuestra vida cambió desde ese 5 de abril”. Con esas palabras inició la conferencia de prensa, Diana Rojas, hermana de Miguel Ángel Rojas Hernández y el equipo legal que representa a ella y su madre, Graciela Hernández. Junto a ellos, la abogada Tabata Ximena Salas y los abogado Oscar David Camarena y Edwin Alan Piñon, expusieron el mapa de responsabilidades, los obstáculos que frenan el proceso penal y una propuesta legislativa para evitar que la muerte de un fotoperiodista en un evento masivo vuelva a repetirse.
Diana Rojas, hermana de Miguel, recordó que su hermano “era mucho más que un fotógrafo: era mi compañero, mi lugar seguro, un hijo muy amado para mi mamá”. Aquel 5 de abril de 2025 fue la primera vez que Miguel salió a cubrir un festival. Iba “entusiasmado, con su cámara y su mochila”, de la mano de su compañera Berenice Giles, a quien llamaba “sensei”. Nunca imaginaron que su pasión les costaría la vida a ambos. “Nuestra lucha no es sólo por Miguel. Buscamos que este caso marque un precedente para que tragedias como la del Parque Bicentenario no vuelvan a ocurrir”, dijo Diana. “Ir a tomar fotos a un concierto no debería ser una labor heroica. Los asistentes tampoco deberían estar en riesgo solo por ir a divertirse”.
Graciela Hernández, madre de Miguel, y el resto de la familia coincidieron: un año después siguen exigiendo justicia, no solo un pago económico. “Este caso no se debe olvidar y no se va a olvidar. No vamos a quitar el dedo del renglón”.
El mapeo de imputados: tres empresas y ocho personas físicas
El equipo legal explicó que, tras un año de investigación rigurosa ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lograron subir la responsabilidad por la cadena de mando. Ya no se persigue solo a “los últimos eslabones” (operadores de bajo nivel), sino a quienes tenían el deber de prever y evitar la tragedia.
Empresas imputadas (tres):
- Operadora Eclectic: administradora del Parque Bicentenario y autora del Programa Especial de Protección Civil. Sabía que las grúas publicitarias no estaban permitidas (tenían letrero de advertencia y no podían estar al exterior), pero las autorizó.
- Agencia de los Socios: organizadora del festival Axe Ceremonia (parte del Grupo ECO).
- ON Producciones Creativas: responsable de la producción creativa y origen de la idea de colocar las grúas (también del Grupo ECO).
Personas físicas imputadas (ocho): accionistas, apoderados legales y administradores de las empresas anteriores, más María del Pilar, oficial de Protección Civil. Solo uno de ellos es un operador de bajo nivel. Los nombres completos fueron reservados por estrategia procesal.
Además, más de 100 empresas participaron en el evento (montaje, audio, video, logística, seguridad, etc.), pero solo tres han sido imputadas por la cadena de omisiones que provocó el colapso. Otras, como Ocesa (contratada por Operadora Eclectic para boletaje, escenarios y seguridad privada) y Lobo, siguen en calidad de investigadas.
Los amparos y la figura del “conserje”
El principal obstáculo para que inicie el proceso penal es una lluvia de amparos: el equipo legal contabilizó 25 en total. De ellos, 15 fueron promovidos exclusivamente por Operadora Eclectic, y 13 tenían como objetivo explícito impedir la audiencia inicial (el acto que da inicio formal al juicio).
Operadora Eclectic (filial de Operadora de Proyectos de Entretenimiento, concesionaria del Parque Bicentenario desde 2017 por apenas 1.2 millones de pesos anuales, pese a que el parque costó al erario 3,300 millones) insiste en que solo “rentó” el espacio y gestionó permisos. Su postura, repetida en escritos desde mayo de 2025, es que no participó en la planeación, organización, ni ejecución del festival. “Somos solo facilitadores”, argumentan.
El equipo legal lo califica de minimización irresponsable: la empresa elaboró el Programa Especial de Protección Civil, contrató a Ocesa y permitió las grúas prohibidas. “Un concesionario no es un simple conserje; tiene obligaciones claras de seguridad”, enfatizaron.
La representante legal vinculada al gobierno: un conflicto de intereses
Uno de los puntos más graves denunciados fue la coincidencia de estrategias entre Operadora Eclectic y la asesoría jurídica de la familia de Berenice Giles. Un servidor público adscrito a la Secretaría de Gestión Integral del Agua (en activo) promueve escritos idénticos en contenido, fecha y hora que los de la empresa: solicitan dejar sin materia la audiencia inicial y que no se impute a Operadora Eclectic.
Los abogados Tabata Ximena Salas, Oscar David Camarena y Edwin Alan Piñon mostraron documentos donde los escritos se registran con números consecutivos de amparos el mismo día. Reiteraron el llamado público a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al titular de la Secretaría para que expliquen “qué interés tiene el gobierno en este caso” y por qué un funcionario en funciones defiende a una empresa imputada.
La Ley para la Protección del Trabajo Periodístico
Antes de cerrar, el equipo presentó la iniciativa “Ley para la Protección del Trabajo Periodístico” (nacional), inspirada en Miguel y Berenice:
- Protocolos de seguridad obligatorios y específicos para prensa en eventos masivos.
- Responsabilidades claras de organizadores y empresas respecto a las condiciones de cobertura.
- Reformas a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y a la Ley de Espectáculos Públicos de la CDMX (y exhorto a las demás entidades).
“No buscamos crear nuevo derecho, sino llenar los vacíos que permiten que una industria millonaria se construya sobre condiciones precarias y lógica de reemplazo”, explicaron. “Informar no debe costar la vida”.
El equipo legal adelantó que la audiencia inicial es “inevitable” en los próximos meses pese a los amparos, y que seguirán solicitando imputaciones adicionales si surgen pruebas contra otras empresas. “Este caso puede marcar un precedente histórico: la primera vez en México que grandes empresas de espectáculos sean sancionadas penalmente por poner en riesgo la vida de trabajadores y periodistas”.
La familia de Miguel Ángel Rojas cerró la conferencia con un mensaje claro: “Seguimos aquí para recordar a Miguel. Este caso no se va a olvidar”.