Periodistas Unidos. Ciudad de México. 08 de julio de 2026.- La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó su informe global titulado Cuando la seguridad nacional se convierte en un arma contra el periodismo, en el cual advierte sobre una tendencia creciente y generalizada donde diversos Estados —tanto de regímenes autoritarios como de sistemas democráticos— invocan la seguridad pública y la defensa nacional como mecanismos institucionales para espiar, judicializar, encarcelar o exiliar a profesionales de la información. De acuerdo con el organismo, las legislaciones destinadas a la salvaguarda estatal se están tergiversando de forma deliberada para criminalizar la difusión de datos de profundo interés público.
El documento detalla que entre los años 2020 y 2026 se han agudizado los procesos penales bajo cargos de espionaje, traición a la patria o financiación del terrorismo contra comunicadores en naciones como Arabia Saudí, China, Filipinas, Rusia e Israel. No obstante, RSF enfatiza que esta práctica no es exclusiva de regímenes autocráticos; el reporte documenta citaciones judiciales, investigaciones y retención de equipo tecnológico en democracias occidentales como Francia y Estados Unidos, vinculadas a la cobertura de operaciones de inteligencia militar o filtraciones de memorándums de seguridad.
En el panorama de América Latina, el análisis resalta que el argumento de la seguridad nacional se ha reorientado hacia el combate al crimen organizado, sirviendo de coyuntura para perseguir a periodistas que investigan tramas de corrupción gubernamental o abusos por parte de las fuerzas del orden. El informe subraya de manera crítica el escenario de Nicaragua, donde las normativas de ciberdelitos y regulación de agentes extranjeros provocaron el cierre masivo de plataformas independientes y el despojo de la nacionalidad a reporteros exiliados; a la par, denuncia restricciones informativas, vigilancia digital y campañas de estigmatización en países como México, Cuba, Brasil, El Salvador, Perú, Colombia y Ecuador.
Ante el deterioro del indicador legal en más del 60 % de las naciones evaluadas en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2026, RSF emitió un decálogo de recomendaciones urgentes dirigidas a las comunidades internacionales. Entre las medidas propuestas destacan la delimitación estricta del concepto jurídico de seguridad nacional, el blindaje al secreto profesional de las fuentes, la sumisión de cualquier intervención digital a un estricto control judicial, y la incorporación de una cláusula de excepción por interés público en los procesos de infidencia o espionaje instrumentados contra la prensa.