Comunicado: En riesgo, protección para personas defensoras y periodistas
Foto: Cuartoscuro
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 05 de septiembre de 2018.- El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en México, hace un llamado al presidente Enrique Peña Nieto a cumplir el compromiso de garantizar el ejercicio pleno de la labor de defensoras/es y periodistas en condiciones de seguridad.
Una de las acciones a las que se comprometió el titular del Poder Ejecutivo actual, públicamente el 17 de mayo de 2017, consiste en que: “se fortalecerá la estructura y el presupuesto asignado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” de tal manera que, “este mecanismo contará con los recursos necesarios para brindar la protección que requieren defensoras/es de los derechos humanos y periodistas”. Sin embargo, a la fecha este compromiso ha sido incumplido.
De manera irresponsable, por segundo año consecutivo, el Gobierno Federal no ha etiquetado el recurso necesario para garantizar la implementación de las medidas de protección. Contrario a ello, desde el año 2016 se tuvo un decremento presupuestal de casi 77%, al pasar de 279 millones 934 mil 171 pesos a 64 millones 230 mil 588.
Pese a que, de acuerdo al sexto informe de gobierno de EPN, del 1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018, “se atendieron 111 solicitudes de medidas de protección […] de las cuales 39 corresponden a personas defensoras de derechos humanos y 72 a periodistas”, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha negado la solicitud de recursos del Subsecretario de Derechos Humanos, Rafael Avante Juárez para asignar los recursos necesarios al Fideicomiso del Mecanismo, desde el cual se otorgan los recursos para la implementación de las medidas de protección y cuyo remanente, sólo alcanzará hasta concluir el mes de septiembre de 2018. Ante ello el pasado 31 de agosto 2018 mediante un punto de acuerdo, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reiteró de manera formal esta solicitud.
Más allá de esta necesidad urgente, como Consejo Consultivo observamos el incumplimiento del compromiso de fortalecer también la estructura del Mecanismo, ya que los recursos humanos con los que cuenta esa institución continúan siendo insuficientes para cumplir con las tareas que implica la protección actualmente de 702 personas beneficiarias y para el seguimiento de un total de 3 mil medidas de protección implementadas, las cuales se verían negativamente afectadas ante la falta de los recursos para el fideicomiso.
Esta omisión gubernamental, pone en riesgo la vida e integridad física y emocional de cientos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes vieron truncada su labor, luego de agresiones físicas, intento de asesinato, amenazas de muerte, campañas de difamación y desprestigio, desaparición, homicidios, feminicidios, entre otros tipos de agresión, provenientes de diversos actores. Aunado a ello, la impunidad[1] en la mayoría de los casos es generalizada, lo que hace permisible la prevalencia, incremento y agudización de las agresiones contra quienes ejercemos la defensa de los derechos humanos en México y/o el periodismo.
El no dotar de los recursos necesarios para el funcionamiento integral del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en México, evidencia que para el Gobierno Federal, la protección a personas defensoras y periodistas, no se encuentra dentro de su agenda prioritaria, contraviniendo la Declaración sobre las defensoras y los defensores de los derechos humanos, la cual fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998 y que establece que: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración”.
Nuestra exigencia se suma a la preocupación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) en este sentido. Así como a las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, luego de la visita a México que realizó del 16 al 24 de enero de 2017, y en cuyo Informe del fin de su misión estableció que: “el presupuesto del Mecanismo Nacional debe garantizarse en los próximos años para asegurar su sustentabilidad financiera”. Así mismo, el 19 de junio de 2018, el Relator Especial de las ONU sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, hicieron público su informe final sobre la visita conjunta que realizaron a México el 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017. En dicho informe ambos relatores advirtieron que: “Un esfuerzo ambicioso del Gobierno para aumentar la capacidad y el presupuesto del Mecanismo no solo favorecerá el objetivo de dar mayor protección, sino que además transmitiría la voluntad política de que la seguridad de los periodistas sea un objetivo nacional prioritario”.
Ante ello, como Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, hacemos un llamado para que a la brevedad el Gobierno Federal:
-Destine el presupuesto necesario al fideicomiso para garantizar la continuidad de la protección que brinda el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de salvaguardar la vida e integridad de defensoras/es y periodistas agredidas/os en México.
– Cumpla con su compromiso de fortalecer la estructura del mecanismo asignándole a esa institución el personal necesario para poder asumir cabalmente su tarea.
-Cabal cumplimiento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de no exponer más la vida de las personas beneficiarias del Mecanismo, así como para evitar la revictimización.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha salvado vidas de defensoras/es, periodistas y sus familias, por lo que hacemos responsable al Gobierno Federal de cualquier acto que pueda vulnerar su seguridad y protección integral, como resultado de la ausencia de los recursos necesarios para la implementación de las medidas de protección otorgadas a las y los beneficiarios actuales y a futuras personas defensoras y periodistas que busquen acogerse bajo este Mecanismo.
Hacemos un llamado al Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República electo y a su gabinete para que la protección integral y seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, sea realmente una prioridad de Estado y los casos de agresiones no queden en la impunidad, a fin de erradicar todo tipo de agresiones que atentan con su labor e impactan en la vida democrática de nuestro país.
Atentamente,
Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en México conformado por:
Alberto Xicoténcatl Carrasco
Araceli Domínguez Medina
Araceli Magdalena Rodríguez Nava
Atziri Ávila López
Elsa Leonor Ángeles Vera
Leopoldo Francisco Maldonado Gutiérrez
Lucía Lagunes Huerta
Maurilio Santiago Reyes
Stefan Markus Zimmer
[1]De acuerdo al Índice Global de Impunidad México 2018, solamente se denuncian de 5 a 4 delitos por cada 100 que se cometen en el país. De esos 5, aproximadamente un 12% llegan a un tipo de investigación con resolución favorable, es decir, la impunidad por delitos generales en el país es del 99.3% por lo que la impunidad en el país es generalizada.