Periodistas Unidos. Ciudad de México. 30 de junio de 2026.- En una resolución sin precedentes en la jurisprudencia internacional, el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago de Chile dictó sentencia condenatoria contra el expresidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Poblete, y el exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército, general en retiro Shafik Nazal, por diseñar y ejecutar una operación de espionaje ilegal en contra del periodista de investigación Mauricio Weibel Barahona.
El fallo impone una pena de cinco años de prisión y la pérdida perpetua de sus derechos políticos a ambos exfuncionarios, quienes se acogieron a un juicio abreviado tras aceptar su culpabilidad en los hechos. Las pesquisas judiciales, que comenzaron en 2020 y mantuvieron a los imputados en prisión preventiva por más de dos años, demostraron que la interceptación telefónica ilícita se perpetró en 2017, época en que Weibel indagaba desvíos de fondos y tramas de corrupción militar en la compra de armamento de guerra.
Para burlar los controles institucionales, el juez Poblete y el general Nazal emitieron autorizaciones de escucha fraudulentas vinculando la línea telefónica del reportero con el nombre falso de una ciudadana boliviana en situación de movilidad irregular, a quien imputaron falsamente cargos de espionaje internacional. La operación clandestina fue expuesta públicamente dos años después debido a una filtración anónima proveniente de los propios organismos de inteligencia, un caso que posteriormente fue defendido ante el Congreso por los entonces ministros de Defensa Alberto Espina, Baldo Prokurica y Mario Desbordes.
Abogados defensores de los derechos humanos y organismos como la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión de la ONU y la Global Freedom of Expression de la Universidad de Columbia recalcaron que esta sentencia ratifica los estándares internacionales que prohíben el acoso judicial y el uso de tecnologías de vigilancia contra la prensa. Por su parte, la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Rocío Alorda, y el propio Mauricio Weibel coincidieron en que el veredicto establece un límite definitivo contra la impunidad estatal, protegiendo el ejercicio periodístico como un pilar fundamental para la fiscalización ciudadana y la salud de los sistemas democráticos.