Periodistas Unidos. Ciudad de México. 03 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el hallazgo sin vida de la periodista Roxana Ramírez, quien había sido privada de su libertad por un comando armado el pasado 2 de junio. Los dictámenes periciales y de identificación forense concluyeron de manera científica que los restos localizados en un rancho de la región sur de la entidad corresponden a la comunicadora, quien se desempeñaba como propietaria y directora del portal digital de noticias Pulso Informativo Nanchiteco.
A la par del anuncio, las autoridades judiciales informaron sobre la detención de ocho personas presuntamente vinculadas de forma directa con el secuestro y posterior homicidio de la reportera. Entre los capturados destacan los supuestos autores materiales identificados como Javier Iván “N” (alias Delta 1), José del Carmen “N” (alias Delta 7) y Luis Arturo “N” (alias Delta 11 o El Pelón), además de Karen Monserrat “N” (alias La Hiena), señalada como cómplice en la ejecución del crimen. La investigación también derivó en el arresto de tres elementos activos de la policía municipal de Ixhuatlán del Sureste, acusados de proporcionar apoyo logístico, recursos y protección al grupo delictivo.
El caso generó indignación social y gremial debido a que el momento de la sustracción ilegal quedó registrado en un video de seguridad del domicilio de la víctima en el municipio de Nanchital, material que posteriormente se difundió de forma masiva en redes digitales. Ante la gravedad de los hechos y la presunta colusión de autoridades locales, la Fiscalía General de la República (FGR) ejerció su facultad de atracción sobre el expediente para coordinar las indagatorias correspondientes.
Con este asesinato, la cifra de comunicadores asesinados en el estado de Veracruz asciende a tres casos documentados. En enero se registró el homicidio del reportero de nota roja Carlos Castro en Poza Rica, tras volver a la entidad luego de un periodo de autoexilio por amenazas de muerte; posteriormente, el 11 de junio, fue ultimado en el mismo municipio Luis Ángel López, colaborador del diario Vanguardia, a pesar de encontrarse bajo el amparo de medidas de protección gubernamentales. La entidad se mantiene como una de las regiones con mayores índices de letalidad y riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión en el país.