CPJ, CIMAC y A19, exhortan al gobierno de Chihuahua a frenar la violencia contra la prensa en el estado

Foto: Cuartoscuro

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 30 de septiembre de 2020.- El domingo 27 de septiembre, la reportera Adriana Alejandra Esquivel Prieto del medio independiente Raíchali, fue intimidada y detenida arbitrariamente por policías municipales de Chihuahua, Chihuahua.

Lo anterior ocurrió en el marco de la preparación de las movilizaciones del Día de la Lucha por la Despenalización del aborto en América Latina. Alrededor de las 23:00 horas, la periodista acudió a la colonia Lealtad II, del municipio de Chihuahua para cubrir las acciones de protesta en una barda de un grupo de mujeres activistas del Movimiento Marea Verde.

Policías del municipio de Chihuahua arribaron al lugar en cinco vehículos policiales, por lo que las activistas se dispersaron mientras que Adriana Esquivel continuó con la toma de fotografías. El personal de seguridad pública bajó de las patrullas y tres se acercaron a la reportera y cuestionaron su presencia en el lugar, además de revisarle las manos. Esquivel se identificó como periodista, les mostró la página de su medio y se alejó del lugar para pedir un servicio de taxi.

Minutos después, tres elementos se acercaron para cuestionar de forma violenta qué hacía con su celular y con quién se estaba comunicando. Esquivel les mostró la pantalla de su celular para corroborar que pedía un taxi. En ese momento, envió un mensaje tanto a un grupo de compañeras como al vocero de la Fiscalía para decirles que cree que la van a detener; segundos más tarde una de las policías le sujetó las manos, la esposó lastimándole las muñecas y le guardó su celular.

Alrededor de las 23:45 horas, un compañero de su medio le llamó a su celular, la policía contestó por ella; en la comunicación la agente no se identificó y le indicó a quien llamó que la periodista había participado en daños al municipio y sería trasladada a la Comandancia Sur de la Policía Municipal.

Otra policía la sujeta del brazo y la sube a la patrulla tras informarle que “se va por daños”, que tiene derecho a un abogado y a una llamada. Durante el traslado a la comandancia, conocidos de Adriana hicieron varios intentos de hablar con ella vía telefónica, pero la policía apagó su celular manteniéndola incomunicada.

Al llegar y antes de pasarla a los separos, una mujer policía le preguntó si tomó fotografías de las patrullas y que si podía ver la galería de su celular a lo que Adriana respondió que sin la presencia de un abogado no mostraría nada, posteriormente la ingresaron a una celda. Fue hasta aproximadamente la 1:20 am del día 28 que dieron informes y confirmaron que la reportera se encontraba en ese lugar.

En el momento de la detención no le decomisaron nada a Adriana Esquivel; sin embargo, durante su estancia en la comandancia, policías presentaron una lata de aerosol y un «stencil» e indicaron que era evidencia para el parte policial. Poco después de las 2:00 horas, le quitaron su gafete, cubrebocas y artículos personales y la pasaron a audiencia.

Durante la entrevista con la jueza civil, ésta le indicó que a través de los videos de vigilancia se comprobó que no había participado en la acción de las activistas, pero que si estaba consciente de que lo que las manifestantes hicieron era una falta a lo que Adriana respondió que sí; la jueza le indicó que, por lo tanto, su falta recaía en haber observado y no dar visto a la policía. Adriana fue liberada hasta las 2:30 horas.

Para las organizaciones firmantes es preocupante que ocurran este tipo de agresiones ejercidas contra la periodista Adriana Esquivel Prieto, dado que es deber de las autoridades salvaguardar la integridad y libertad de quienes se manifiestan, así como de aquellas personas que cubren las protestas. Toda vez que el trabajo periodístico en contextos de manifestaciones resulta de especial importancia para que la sociedad conozca asuntos de interés público.

El Estado debe ser consciente que las protestas y las movilizaciones sociales son fundamentales para la exigencia de otros derechos, y que el ejercicio de estos responde principalmente a la incapacidad del gobierno para atender las causas que llevaron a las personas a la apropiación del espacio cívico.

Históricamente las protestas sociales han reivindicado diversas formas de expresión a través de la desobediencia civil, por lo que la criminalización y responsabilidades ulteriores de las personas manifestantes representan violaciones a los derechos de libertad de expresión y protesta.

Cabe mencionar que México es uno de los países más violentos contra la prensa a nivel mundial, de acuerdo al Comité para la Protección de Periodistas¹. Además, según cifras de Artículo 19, la mayoría de las agresiones cometidas contra las y los periodistas en México tienen su origen en agencias del estado².

Por lo anterior las organizaciones firmantes:

• Solicitan al gobierno de Chihuahua investigar las agresiones y detenciones arbitrarias cometidas por agentes de la fuerza pública, hacia la reportera Adriana Esquivel Prieto, a fin de dar con los responsables y establecer las sanciones necesarias que aseguren la no repetición.

• Hacemos un llamado a las autoridades policiacas de Chihuahua para respetar el trabajo de los periodistas y comunicadores que cubren las manifestaciones, especialmente si se identifican como prensa tal cual aconteció en el presente caso.

• Solicitamos a las autoridades que garanticen la seguridad de los periodistas detenidos y que se investigue si las autoridades incurrieron en abuso de autoridad.

• Consideramos necesario la capacitación de los integrantes de los elementos policiacos y fuerzas armadas en relación con la labor que cumplen los periodistas y comunicadores sociales.

• El Estado, además de incorporar educación en derechos humanos en sus programas, debe establecer protocolos claros de actuación que permitan una efectiva rendición de cuentas y sanciones que eviten la repetición de estos hechos.

• Se solicita que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realice una investigación de oficio y se inicie las quejas correspondientes por las violaciones a derechos humanos en contra de la periodista.

Firman

ARTICLE 19 Oficina regional para México y Centroamérica

CIMAC.Comunicación e Información de la Mujer A.C.

CPJ. Comité para la Protección de los Periodistas (en inglés: Committee to Protect Journalists)

1. Base de datos del CPJ sobre los periodistas muertos en 2019 que comprende la ficha del caso de cada víctima y filtros para analizar tendencias. Recuperado de: https://cpj.org/data/killed/2019/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&type%5B%5D= Journalist&start_year=2019&end_year=2019&group_by=location
2. Informe anual de ARTICLE 19. DISONANCIA: VOCES EN DISPUTA, 2019. Recuperado de: https://disonancia.articulo19.org/