Crece acoso contra medios y periodistas en Nicaragua a seis meses de comicios
EFE. Managua, Nicaragua. 25 de mayo de 2021.- Una investigación por presunto lavado de dinero sobre la aspirante opositora a la Presidencia de Nicaragua Cristiana Chamorro Barrios ha escalado la presión contra medios y periodistas críticos con el mandatario, Daniel Ortega, al ser citados ante la Fiscalía en un caso que atribuyen «como un plan para silenciar» sus voces.
El Ministerio Público, que investiga a Chamorro Barrios, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), misma que derrotó a Ortega en las elecciones de 1990, recibió este martes a un grupo de periodistas y dueños de medios de comunicación, a quienes vincula con ese caso.
La corresponsal de la cadena Univisión en Managua, María Lilly Delgado, con 28 años de trayectoria profesional, dijo al salir de la cita, en la que se abstuvo de declarar porque le impidieron ser asistida por un abogado, que la investigación de la Fiscalía «está dentro de un plan para silenciar y para intimidar todo tipo de voz crítica que denuncie la crisis sistemática de violaciones de derechos humanos» que vive Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones antigubernamentales.
«Esto no es más que una arremetida principalmente en contra de la libertad de prensa y de la libertad de expresión», dijo, por su lado, Guillermo Medrano, excolaborador de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, otro de los citados.
«DESMANTELAR APARATO PROPAGANDÍSTICO»
El ideólogo sandinista William Grigsby dijo el viernes pasado en su programa radial Sin Fronteras que «la revolución lo que está haciendo es desmantelando el aparato propagandístico y organizativo de Estados Unidos para torpedear las elecciones» en Nicaragua, según el portal Divergentes.
Agregó que la «idea es golpear el aparato (mediático) de los Chamorro para dejarlo inutilizable» de cara a los comicios del 7 de noviembre, en los que Ortega, en el poder desde el 2007, busca una nueva reelección.
El periodista Carlos Fernando Chamorro, galardonado en los 38º Premios de Periodismo Ortega y Gasset y que dirige un grupo de medios críticos con el Gobierno, sostuvo que la prensa nicaragüense es víctima de una persecución ante lo que llamó «la peor dictadura de nuestra historia», en alusión al Ejecutivo de Ortega.
En tanto, el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) alertó sobre un intento del Gobierno de «criminalizar el periodismo independiente» e hizo un llamado al Ejecutivo «a detener la estrategia de inmiscuir a periodistas en luchas políticas».
NUEVA ETAPA DE «CRIMINALIZACIÓN» CONTRA MEDIOS
Para la abogada constitucionalista y opositora María Asunción Moreno, el caso contra la ONG de Chamorro Barrios «se trata de una nueva etapa de criminalización, está vez y por ahora, contra los medios de comunicación».
«La dictadura no quiere medios independientes dando cobertura a las elecciones» de noviembre próximo, valoró Moreno, quien dijo que el Ejecutivo «no solo se trata de poner a funcionar una aplacadora contra los medios de comunicación y periodistas, sino también contra todos los nicaragüenses a quienes se nos quiere privar el acceso a la información dentro del proceso electoral que se avecina».
La Fiscalía, que dirige la expolicía Ana Julia Guido, a solicitud del Ministerio de Gobernación, investiga a la aspirante presidencial opositora en su calidad de directora ejecutiva y representante de la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que cerró en febrero pasado, por presunto lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado nicaragüense y la sociedad.
Según el Ministerio de Gobernación, esa ONG dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión «incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero», por lo que se «ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente».
PERIODISTA MENCIONA A LA USAID
La Fiscalía aún no dicho si va o no a judicializar el caso por el que también han llamado a declarar a cinco periodistas, entre ellos al excandidato presidencial y dueño de la popular emisora Radio Corporación, Fabio Gadea Mantilla, de 89 años, y a la periodista Verónica Chávez, del canal 100 % Noticias, cuyo edificio fue confiscado por el Gobierno y sacado de la parrilla de la televisión.
La Fiscalía no ha ofrecido detalles sobre la investigación ni corroborado si ha encontrado «claros indicios de lavado de dinero», como determinó el Ministerio de Gobernación.
No obstante, el periodista José Miguel Fonseca, jefe de prensa del Canal 4 de la televisión local, afín al Gobierno, ha publicado en sus redes sociales copias de documentos, sin que las autoridades lo confirmen o desmientan, que indican que la agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés) otorgaba fondos a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que a su vez apoyaba con proyectos a medios de comunicación nicaragüenses.
Chamorro Barrios, que es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones sobre los sandinistas, según una encuesta de la firma CID Gallup, afirmó que el Gobierno autorizó el uso de fondos «de un Gobierno legítimo» con el que funcionaba la ONG, por lo que tildó la investigación como un proceso «macabro».