El periodista Gustavo Gorriti, denuncia el ataque gubernamental por una investigación de corrupción en el sistema peruano de justicia
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 12 de julio de 2018.- Después de publicar una investigación de corrupción dentro del sistema peruano de justicia el equipo de IDL-Reporteros enfrenta una acusación legal con la finalidad de ser censurados, en el siguiente relato, publicado en el portal Cartetas.pe, el periodista Gustavo Gorriti nos enseña el paso a paso de los sucesos y en donde se encuentran.
¿Hay sorpresas tontas? Tonterías sorpresivas, de seguro. Este martes 10 por la mañana pude verlas.
El sábado 7 por la madrugada publicamos en IDL-Reporteros una investigación que sabíamos iba a tener un impacto fuerte. El título fue decidido al final: Corte y corrupción. Llevábamos trabajando un buen tiempo en el tema desde que fuentes anónimas nos hicieron llegar una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas que describían evidentes actos de corrupción vinculada con acciones judiciales.
¿Hay sorpresas tontas? Tonterías sorpresivas, de seguro. Este martes 10 por la mañana pude verlas.
El sábado 7 por la madrugada publicamos en IDL-Reporteros una investigación que sabíamos iba a tener un impacto fuerte. El título fue decidido al final: Corte y corrupción. Llevábamos trabajando un buen tiempo en el tema desde que fuentes anónimas nos hicieron llegar una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas que describían evidentes actos de corrupción vinculada con acciones judiciales.
El material era fascinante pero crudo. Los periodistas de IDL-Reporteros –los jóvenes y este viejo servidor– nos pusimos a trabajar en él tratando de no descuidar nuestra investigación principal, el caso Lava Jato. Como el asunto era centralmente judicial y concernía en mucho al Consejo Nacional de la Magistratura, los miembros de Justicia Viva del IDL colaboraron con ayuda experta. Al cabo de un tiempo de trabajo, las voces tuvieron historias y nombres que pudimos escuchar actuando en asociaciones corruptas e ilícitas conspiraciones.
Ahí estaba, chamullando y camanduleando en feliz picaresca, el extrovertido presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, intercambiando favores, acordando corrupciones, una tras otra, con varios consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Estaba también su predecesor en la Corte Superior: César Hinostroza Pariachi, ya elevado –gracias al CNM, con cuyos consejeros mantenía una relación constante de intercambio de favores– a la Corte Suprema y a la presidencia, nada menos, de la Sala Penal.
El orden de las conversaciones se armó a partir de los temas y las fechas. Identificar a los autores secundarios ayudó mucho a darle sentido al cuadro y definir el papel y el tipo de relación de los personajes. Y así quedó claro el escenario de la corte de los milagros del sistema nacional de justicia: lo que son a diferencia de lo que dicen ser.
En su primera hora de publicado,’Corte y corrupción’ tuvo tres lectores. Un día después había remecido la conciencia nacional con un nuevo conocimiento –el de la corrupción involuntariamente contada por sus perpetradores– que despertó desde multitudinarias indignaciones hasta precarias coartadas y apurados encubrimientos.
Ahí está el consejero del CNM, Iván Noguera, pidiéndole a Walter Ríos, presidente de la Corte Superior del Callao, un convenio trucho con Telesup, donde la esposa de aquel es decana de Derecho. Ríos, por supuesto, acepta hacerlo. Y luego Noguera recomienda un abogado a César Hinostroza Pariachi, quien, por supuesto, lo contrata en la Corte Suprema.
No es solo hacerle favores a consejeros del CNM para ganar su voto (de ratificación o ascenso) o temer perderlo. La complicidad es más profunda y de doble vía. Ahí se escucha a Walter Ríos contándole a un asesor, Nelson Aparicio, que ellos (es decir, Aparicio), se encargarán de hacer el balotario de preguntas para los exámenes escritos del CNM. El objetivo, por supuesto, es “apoyar a los amigos”. Aparicio no solo escribía balotarios. Redactaba también los artículos semanales que Walter Ríos firmaba como propios y publicaba en Expreso.
En otro diálogo, con una abogada a la que logra convencer de postular a la Corte del Callao, Walter Ríos le pide nombres de otros candidatos, pues quiere rodearse de vocales de confianza a quienes decir “vota por tal, vota por cual”, para “mantener la hegemonía”.
Y en una serie de mensajes y llamadas, Walter Ríos y el consejero del CNM Julio Gutiérrez Pebe intercambian favores. Gutiérrez le cuenta haber logrado el nombramiento de un recomendado de Ríos, bajando abusivamente la nota en la entrevista a una candidata que tenía mayor puntaje. En reciprocidad, Gutiérrez le pide ayuda con un proceso judicial en Enapu. Ríos, por supuesto, asiente.
El domingo 8 trabajamos en una segunda entrega: “Hinostroza despacha”. En la primera conversación, el presidente de la sala Penal de la Corte Suprema, César Hinostroza, discute con un interlocutor “alternativas de reducción de condena o incluso absolución al presunto abusador de una niña de entre diez y once años”. En otra, un exjuez llamado Aurelio Quispe le “propone un trato que, según él, vincula al presidente de la República, Martín Vizcarra”. El presidente Vizcarra negó conocer a Quispe y negó también haberse reunido con Hinostroza.
Desde el domingo, la fuerza explosiva del caso capturó la agenda pública. En medio de la indignación generalizada de la gente, con exageraciones histriónicas aquí y allá, las principales autoridades del Estado, convocadas por el presidente Vizcarra, asumieron el compromiso de actuar.
El martes por la mañana empecé a trabajar fuera de la oficina. En medio de ello, recibí una llamada. Me informaron, con tono de alarma, que había llegado un fiscal acompañado por cuatro policías para llevar a cabo la “exhibición e incautación” de nuestro material de investigación. El fiscal, Rodrigo Rurush, trabaja como adjunto provincial de la Fiscalía especializada en delito de corrupción de funcionarios, cuya titular es Norah Córdova. Los policías eran un comandante y tres suboficiales PNP.
Fui de inmediato a IDL. En el camino telefoneé al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Cuando le informé lo que sucedía, él reaccionó con enojo y rechazo. Me dijo que iba a tomar medidas inmediatas. A la vez, mis colegas de IDL-R contactaron a los medios de prensa que llegaron rápidamente a IDL.
Poco después se desarrollaba una tensa discusión con el fiscal Rurush en una sala de reuniones rodeada por periodistas. Rurush intentó explicarnos (a mí, a Romina Mella, a nuestro abogado Carlos Rivera y al director de IDL, Glatzer Tuesta), que la palabra ‘incautación’ representaba realmente un pedido de colaboración. Mencionó un artículo de procedimiento legal. Se lo pedí y aunque el texto no era un modelo de claridad, decía algo muy diferente a lo que sostenía Rurush. Le dije que haber llegado de improviso, con cuatro policías y la palabra incautación por delante, era un comportamiento intimidatorio e implícitamente coercitivo. Negó que fuera el caso y afirmó que buscaba nuestra colaboración informativa. Le conté que en los muchos años que tengo como periodista, diversos fiscales me han pedido información y la he proporcionado siempre con prontitud, en tanto no afecte la reserva de fuente ni ponga en peligro la investigación, pero que era la primera vez que me pedían colaboración a través del ingreso sorpresivo de un fiscal con cuatro policías.
Como intentaba explicarme los misterios del procedimiento legal le pedí me enseñara la disposición fiscal que respaldaba su acción. Y ahí vino la sorpresa. No tenía ningún documento, ninguna orden o disposición. Abochornado, Rurush hizo redactar un acta corta donde constaba que el acto se interrumpía al no existir el documento fiscal que lo disponga. Y ahí terminó la anécdota del fiscal informal y los cuatro policías.
¿Fue solo una patética equivocación? No lo sé. Pero lo dudo. Que los investigadores periodísticos del caso hayamos sido el primer objeto de acción de la Fiscalía, en lugar de los investigados, es revelador.
Que esos investigados sean parte del nivel más alto del sistema de justicia nacional puede ser parte de la explicación. Pero la reacción encubridora que el Apra y el fujimorismo han tenido hasta ahora, es lo más elocuente de todo y sugiere que el caso no se circunscribe solo al ámbito judicial.
Creo que defender la investigación va a ser, en este caso, tan o más difícil que la investigación misma; y que la contraofensiva encubridora provendrá sobre todo del Congreso. Pero del otro lado la opinión pública y la movilización de la gente representarán un significativo contrapeso que, espero, defina el resultado.
Aquí la investigación completa y más links sobre el tema:
Corte y Corrupción: Primera parte
Corte y Corrupción: Segunda parte
Corte y Corrupción: Tercera parte
Comisión de fiscalización del Congreso cita a periodistas para que revelen sus fuentes
Carta de Gustavo Gorriti enviada a la Comisión de Fiscalización