En el Día Internacional para el Fin de la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, RSF exige justicia en casos de asesinatos en América Latina
RSF. Ciudad de México. 02 de noviembre de 2021.- «La impunidad no es solo una violación de la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, sino que también prevé la repetición crónica de las violaciones de estos derechos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares». Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2008)
El 2 de noviembre, Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, Reporteros Sin Fronteras recuerda los innumerables casos de asesinatos contra comunicadores y trabajadores de los medios que siguen sin resolverse hasta el día de hoy. Desde junio de 2021, en el marco del proyecto Bajo Riesgo, que analiza los programas de protección a periodistas en América Latina, la organización honra, en el aniversario de su muerte, a comunicadores que perdieron la vida en la última década como resultado del ejercicio de su libertad de expresión. La iniciativa se prolongará durante más de un año, recordando las historias de periodistas de Brasil, Colombia, Honduras y México, los cuatro países donde más asesinan a comunicadores en América Latina – al menos 139 entre 2011 y 2020 – y donde las tasas de impunidad son alarmantes.
Sin embargo, los delitos contra periodistas comienzan mucho antes de que se lleve a cabo un asesinato; antes vienen amenazas, intimidación, agresión física y digital, secuestro, y amenaza a familiares, entre muchos otros. Sobre esto, la ausencia sistémica de investigación y rendición de cuentas de los perpetradores de este tipo de ataques deja el camino abierto para la escalada y perpetuación de la violencia. En sentencia dictada en 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó que la impunidad – entendida como la falta de investigación, enjuiciamiento, arresto, enjuiciamiento y condena – conduce a la repetición crónica de violaciones de derechos.
Los estándares internacionales para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión también prevén que las investigaciones sean ágiles, exhaustivas y llevadas a cabo por los órganos con las mejores condiciones para resolverlas, en términos de autonomía e independencia de persecución. También deben tomarse medidas para proteger a los investigadores, fiscales, jueces y testigos de presiones externas como amenazas e intimidación.
En el caso de los periodistas, es fundamental que las investigaciones del Estado verifiquen todas las hipótesis relacionadas con su labor periodística antes de descartar una posible relación entre el delito y el ejercicio de libertad de expresión y tratar el caso como una causa personal. Otros aspectos estratégicos del proceso de acceso a la justicia se relacionan con el derecho a la participación de las víctimas y / o sus familiares y a la rendición de cuentas no solo de los autores materiales de los delitos, sino también de los autores intelectuales y otros colaboradores involucrados en la violación.
Para Naciones Unidas, cuando la gravedad de la situación así lo requiera, especialmente en casos de delitos frecuentes y repetidos, se debe evaluar la posibilidad de establecer unidades de investigación específicas especializadas en delitos contra la libertad de expresión.
Esto es lo que hizo México en 2010, por recomendación expresa de la ONU. Históricamente presente en las encuestas sobre el tema – en el recién lanzado Índice Global del Comité de Protección a Periodistas, el país ocupa la sexta posición -, el Estado mexicano creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), vinculado a la Procuraduría General de la República (PGR).
Diez años después, según datos de la propia FEADLE, la Fiscalía Especial reconoció su competencia para atender solo 27 de los 92 homicidios contra periodistas registrados desde 2010 hasta julio de este año. En los demás, no consideró que los delitos tuvieran relación con la actividad periodística. En el mismo período, solo se alcanzaron cinco condenas. Si se consideran otros delitos, hubo 25 condenas.
Colombia, por su parte, creó una subunidad de investigación de los asesinatos de periodistas, subordinada a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en 1999, pero el organismo aún carece de fiscales especializados en libertad de expresión y un gran número de casos de asesinatos y ataques contra periodistas sigue sin respuesta. En 2010, el país aprobó una ley que amplía de 20 a 30 años la condena para los delitos de asesinato de periodistas, defensores de derechos humanos y sindicalistas, aumentando las posibilidades de llegar a condenas. Y el Código Procesal Penal prevé, además de trasladar la jurisdicción para juzgar los casos en que las circunstancias atenten contra la imparcialidad o independencia de la justicia y la seguridad de los involucrados, un agravante para los asesinatos, secuestros, extorsiones, torturas, desplazamientos forzados y amenazas contra periodistas.
Más recientemente, Colombia ha adoptado una Estrategia de Investigación y Judicialización de delitos contra defensores y defensoras de derechos humanos y una metodología específica para estos casos, orientando mejor la actuación de la Fiscalía General de la Nación. Este año, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos declaró que la agencia había avanzado en el esclarecimiento de alrededor del 63% de los casos que involucran a defensores y periodistas cometidos desde 2016, pero que menos del 15% habían sido condenados. Según la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa), de los 161 homicidios registrados en el país asociados al ejercicio de la actividad periodística, más del 78% se encuentran en total impunidad, siendo más de la mitad presos sin condena.
En Honduras, la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), se creó recién en 2018, como parte del Sistema Nacional de Prevención y Protección. La creación fue el resultado de la presión internacional y las recomendaciones expresas de la CIDH, considerando los índices de violencia en el país. En general, las víctimas y las organizaciones de derechos humanos dicen que ni siquiera tienen acceso a la información sobre la tramitación de sus denuncias, y la impunidad ha consolidado un cuadro de autocensura y profunda incredulidad en el Estado por parte de las comunicadoras y los comunicadores. Este contexto se ha agravado desde 2009, luego del golpe de Estado, que hizo que la población en general no creyera en la capacidad institucional del país para hacer justicia dada la complicidad y corrupción de los servidores públicos. Según PEN International, menos del 4% de los delitos en general denunciados son investigados por la Policía.
Finalmente, en Brasil, un país que también aparece con frecuencia en el Índice Global de Impunidad del CPJ, los desafíos institucionales son mayores. El país no cuenta con unidades especializadas en delitos contra la libertad de expresión dentro de la estructura del Ministerio Público e incluso la aprobación de la ley que permite la federalización de delitos contra periodistas no avanza en el Congreso Nacional. En un estudio publicado en 2019, el Consejo Nacional del Ministerio Público analizó la investigación de más de 20 años de casos de asesinatos de comunicadores y concluyó que solo la mitad había llegado a algún tipo de solución.
El informe señaló que casi todos los actos violentos tuvieron lugar lejos de los grandes centros urbanos e involucraron a comunicadores de pequeños medios de comunicación, muchos blogueros y locutores de radio. Una de las principales demandas de las organizaciones de la sociedad civil brasileña en este campo es la garantía del control externo de la actividad policial por parte del Ministerio Público, para que las investigaciones se realicen con rapidez y eficacia, de manera que se esclarezcan los delitos y se responsabilice a los agresores. Los informes escuchados por RSF a lo largo del proyecto Bajo Riesgo muestran que ni siquiera las amenazas de muerte reciben un tratamiento adecuado. Las investigaciones son confidenciales e incluso los abogados de las víctimas no reciben información sobre el avance de los casos.
Sin cambios estructurales en este sentido, el 2 de noviembre deberá seguir siendo un día de lucha para que no se olviden estas vidas perdidas.