Periodistas Unidos. Ciudad de México. 11 de septiembre de 2025.- La empresa Gas Silza, involucrada en el trágico accidente ocurrido el 10 de septiembre de 2025 en la Ciudad de México —que dejó al menos tres personas fallecidas y más de 70 heridas tras la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, Iztapalapa—, pertenece al Grupo Tomza, propiedad de Tomás Zaragoza Ito, Tomás Zaragoza Fuentes y Enrique Zaragoza. A través de una de sus filiales, Grupo Zeta Gas, dirigida por Jesús Alonso Zaragoza López (hijo de Tomás Zaragoza Fuentes), esta compañía estuvo vinculada a graves actos de acoso judicial y amenazas contra periodistas mexicanos, según documenta una nota de la revista Contralínea.
En 2007, representantes de Grupo Zeta Gas irrumpieron en las instalaciones de Contralínea, amenazando con «desaparecer» la revista y exigiendo revelar las fuentes de información de los periodistas Miguel Badillo, director de la publicación, y Ana Lilia Pérez. Estas intimidaciones se desencadenaron tras la publicación de reportajes que expusieron presuntos actos de corrupción relacionados con contratos entre Pemex y el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Además, el 6 de agosto de 2007, Grupo Zeta Gas inició acciones judiciales contra los periodistas, incluyendo demandas por «daño moral» que, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), constituyeron acoso judicial. En 2009, la CNDH emitió la Recomendación 57/2009, acreditando un veto publicitario y hostigamiento contra Contralínea por parte de esta empresa y funcionarios públicos.
El 16 de enero de 2009, Miguel Badillo fue detenido por la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal, en un acto considerado parte de la persecución contra el medio. Asimismo, el 11 de febrero de 2009, representantes de Grupo Zeta Gas allanaron nuevamente las oficinas de Contralínea, exigiendo acceso a archivos y escritorios de los periodistas, en un intento por intimidarlos.
Estos antecedentes, sumados al accidente reciente —donde se revelaron irregularidades como la falta de registro vigente de pólizas de seguro para la pipa involucrada, según la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)—, levantan serias preocupaciones sobre las prácticas de Grupo Tomza y sus filiales. Las investigaciones periodísticas sugieren que este caso podría destapar más irregularidades vinculadas a la operación de estas empresas y su relación con el poder político en México.