Imponen censura previa a periodista judicial en Morelos al prohibirle la entrada al TSJ

Por Estrella Pedroza 

  • Están por cumplirse 60 días en los que el periodista no ha podido entrar como medida de protección por presuntamente amenazar a una exlider sindical

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 11 de agosto de 2022.- Alejandro Figueroa Bernal, es el primer periodista en Morelos al que se le ha prohibido la entrada a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), como medida de protección solicitada por el Ministerio Público por presuntamente haber amenazado a Leticia “N”, exlider sindical del Poder Judicial.

Figueroa Bernal, desde hace 45 años fundó el periodico independiente “El Imperial del Alex” donde de manera empírica se ha enfocado en la cobertura del Poder Judicial y algunos municipios de la región sur de la entidad con toque crítico e incómodo para los funcionarios (periodismo de sátira).
Es de los pocos medios independientes que aún se imprime, lo promueve y entrega en los mismos edificios públicos.

“Con esta medida ,a todas luces excesiva, se le está violentado, al periodista, al menos cuatro derechos: el principio de inocencia, el derecho a la justicia, a la libertad de expresión y el derecho a ejercer el periodismo de manera libre,  independiente y crítico ; debido a que el TSJ es un edificio público al que el periodista accede para realizar su trabajo”,sostuvo, Isaac Hernández Maldonado, abogado de Figueroa Bernal.

Destacó que desde la primera audiencia se solicitó al juez, establecer la medida solo en el área de trabajo de la presunta víctima pero este ignoró la solicitud.

Hasta este momento, la prohibición fue primero por 30 días, debido a que existe un antecedente de presunta agresión.

Posteriormente, el 15 de julio, sin que el Ministerio Público demostrara el riesgo evidente para  la víctima o presentar alguna prueba adicional, el juez concedió una ampliación de la medida por otros 30 días que se cumplirían este 16 de agosto.

Este viernes, se realizará otra audiencia donde posiblemente el Ministerio Público solicitará una nueva ampliación de la medida por otros 30 días, de otorgarse la ampliación se  rebasará el tiempo máximo de 60 días que establece  el  Código Nacional de Procedimientos Penales para las medidas de protección.

Para el abogado «el proceder del Ministerio Público ha sido totalmente atípico debido a  que en lugar de concentrarse en la integración de la carpeta de investigación lo único que ha hecho es solicitar audiencias con el juez con la finalidad de prohibir la entrada al periodista al TSJ».
Añadió:

«Es evidente el interés de la fiscalía en este caso, toda vez  que en 48 horas inició investigación, realizó un peritaje en psicología a la víctima y dictaminó afectaciones graves; además están dilatando el proceso de integración de la carpeta”, dijo.
Hasta este momento, “la denuncia no ha sido individualizada, es decir, hasta ahora no lo han llamado a declarar, estas  medidas impuestas deja en estado de indefensión al periodista”.

Agregó: “No se ha entrado al debate de si ocurrió o no el delito, no se ha realizado la audiencia de vinculación a proceso y formulación de imputación solamente se ha centrado en las medidas de protección para negar al periodista el acceso al Tribunal”.

 

Cronología de un atentado a la libertad de expresión desde el Poder Judicial

Leticia “N” fungió por dos periodos (en 2012 y renovación en 2016) como Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos (SUTSPJEM).

En 2020 anunció su reelección por tercera ocasión, la base trabajadora se inconformó e inició una lucha  jurídica presentando un recurso de impugnación ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) , autoridad que más tarde resolviera la revocación de la toma de nota.

A lo largo del proceso los sindicalizados lanzaron una serie de denuncias públicas en su contra y la acusaron de nepotismo y de opacidad en manejo de las finanzas, todo fue documentado por varios medios locales, incluido “El Imperial de Alex”.

Sin embargo, «en más de una ocasión la líder sindical expresó su molestia por las publicaciones de Alejandro ”, refieren algunos trabajadores del TSJ que por temor a represalias solicitaron resguardar su identidad.
A finales del 2021, cuando Figueroa entregaba el períodico al interior del TSJ, Leticia “N” le empezó a tomar fotografías y video con su celular.
“Para mí fue una forma de intimidarme así que me acerqué y le dije que porque me tomaba fotos y ella empezó a gritar que la estaba amenazando” recordó Alejandro.
Lo que siguió fue que Leticia “N” presentó  ante la Fiscalía de Morelos una denuncia (SC01/7858/2) en contra del periodista por amenazas pero el presunto victimario nunca fue notificado.

Leticia “N”, finalmente fue destituida como líder sindical y reubicada en enero del 2022 en las oficinas del Poder Judicial de Jonacatepec.

El 2 de junio de este año, unas semanas después de que Luis Jorge Gamboa Olea tomó protesta como magistrado presidente del TSJ, Leticia promovió un amparo  reclamando ser reinstalada en las oficinas de Cuernavaca.
El amparo tuvo efecto y de inmediato fue reinstalada como secretaria del juzgado Primero Civil, situado en el edificio principal del TSJ.

El viernes 10 de junio Alejandro visitó al juez José Herra Aquino y al salir Leticia “N” de nueva cuenta empezó a tomar fotografías y vídeo de Alejandro.
Lo que molestó al periodista “me acerqué a preguntar porque me estaba grabado por que para mi fue nuevamente una intimidación”, narró el periodista.

Y como si se tratara de un deja vu “nuevamente Leticia “N” empezó a gritar compañeros el periodista Alejandro me esta amenazando y lo repetía una y otra vez”.

El periodista intentó calmar la situación pero al ver que no era posible se retiró del lugar.
Esa misma tarde la ex líder sindical, acudió nuevamente a la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) para presentar una denuncia en contra del periodista por presuntamente haber sido amenazada, asegurando que Figueroa expresó “Te va a cargar la chingada”.

Sorpresivamente el Ministerio Público actuó de inmediato para el día lunes 13 de junio, cuando Alejandro intentaba ingresar al TSJ, fue notificado que como medida precautoria, establecida por la Ley de Protección de Víctimas y Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tenía prohibido ingresar al TSJ.

El jueves 16 de junio, se celebró audiencia de ratificación de medidas de protección, el Juez Especializado de Control, Isidoro Edie Sandoval Lome prohibió al periodista el ingreso a todas las instalaciones del TSJ.
Bajo el argumento de que la Fiscalía General del Estado de Morelos, inició una investigación en su contra por el probable delito de amenazas, en agravio de una servidora pública del Poder Judicial.

La medida restrictiva impone limitaciones al derecho de libertad de expresión y de acceso a la información del periodista, Figueroa Bernal, derechos que el juzgador nunca ponderó, tal y como lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos.

Además, en el artículo 13 de la Convención Americana se establece que las limitaciones impuestas no pueden equivaler a censura, hecho que se materializa en el caso de Figueroa Bernal al no permitirle el ingreso a una institución pública en donde realiza su labor informativa.

Claudia Marino y Jesús Castillo, ex integrantes del Mecanismo de Protección para Periodistas(que operó hasta el segundo año de la administración de Graco Ramírez), coincidieron en que “llama poderosa la atención que esta acusación se dé durante la administración del magistrado presidente Gamboa Olea y también sorprende la agilidad con la que responde tanto la Fiscalía como el aparato judicial”.
Sobre todo por los antecedentes que existen de una agresión verbal y física que presuntamente sufrió Alejandro por parte de Gamboa Olea, el 12 de mayo del 2015, por una información publicada en «El Imperial de Alex» y que habría molestado al entonces magistrado.

Lo anterior, fue documentado tras la solicitud de activación del protocolo de atención.

Versión del Poder Judicial
En una entrevista, vía telefónica, realizada por esta periodista a mediados de junio (de la cual se tiene respaldo), el magistrado presidente respondió:

«De lo que yo tengo conocimiento, es un evento que se suscitó al interior de uno de los juzgado, donde dos personas que ya tenían un antecedentes de violencia de nueva cuenta se ven enfrascados con un tema de una agresión,  se tienen los videos y las fotografías donde se observa esa situación».

Aseguró que no hay línea para perjudicar al periodista y tampoco se está censurando a la prensa.
«Y por parte del Poder Judicial no hay ningún veto,  es una decisión de un juzgador a solicitud de una medida de protección para cualquier mujer».

Agregó:»Habría que leer la Ley para darse cuenta que es una disposición incluso federal de la Ley de Protección de Víctimas y sobre todo en cuestión es género, no es parte del Tribunal si no es una disposición de la fiscalía, ratificada nada más por un juez por la temporalidad».

Al cuestionarlo sobre los antecedentes de agresión por su parte en contra de Alejandro y la coincidencia de que la  acusación de Leticia «N» se dé en su administración, donde se observa la utilización del aparato judicial para limitar el ejercicio periodístico, respondió:

«No tengo nada que decir al respecto , serán las investigaciones las que den los resultados , yo no investigo , yo respeto mucho las opiniones del gremio y sus juzgamientos…la denuncia no la presenté yo».

-Pero este hecho está ocurriendo en su administración. De alguna manera lo involucra sobre todo por el antecedente de la presunta agresión y podría colocarla (a su administración) como la más dura contra la prensa. ¿no creé?

“Pues si esa es la amenaza… adelante».

-No, no es una amenaza esta es una entrevista ¿que pasó magistrado?

El magistrado cambió su tono de voz y más tranquilo aseguró que la denuncia de agresiones de su parte hacia el periodista, «nunca se acreditó nada y se dictó un acuerdo de no ejercicio donde hay un psicólogo que dice que no hubo una sola afectación a esta persona».

Añadió: «Desde la posición del Poder

Judicial no hay coacción de ningún tipo, tan es así que aquí estoy».

El 27 de junio, durante una reunión con integrantes del Comité que forman parte Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, Gamboa Olea acusó abiertamente a esta periodista de haberlo amenazado  al abordar el caso de  Figueroa; pero no precisó qué el tema se tocó durante una entrevista, según revelaron algunas personas que participaron en dicho encuentro y por temor a represalias solicitaron anonimato.

Es importante mencionar, que por más de un mes se buscó una entrevista con la exlíder sindical pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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