Medios comunitarios e indígenas enfrentan criminalización y censura por ejercer la libertad de expresión
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de octubre de 2025.- Ante un posible caso histórico de censura en México, representantes de más de 50 organizaciones, medios y ciudadanos, incluyendo proyectos comunitarios e indígenas, participaron en una audiencia con el pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) para expresar su preocupación por el uso indebido de la figura de Violencia Política en Razón de Género (VPEG). Esta audiencia, celebrada esta mañana, se enmarca en un proceso legal exhaustivo que, según las organizaciones, criminaliza la libertad de expresión y el acceso a la información, distorsionando mecanismos diseñados para proteger a la ciudadanía contra abusos de partidos políticos.
Mujeres comunicadoras comunitarias e indígenas destacaron en la reunión la inquietud por cómo la VPEG, un instrumento clave para combatir la discriminación de género en la política, se está utilizando para silenciar voces críticas y limitar el debate público. En un contexto donde México ocupa el cuarto lugar mundial como el país más peligroso para defensores del territorio, estos medios comunitarios e indígenas están intrínsecamente ligados a los sistemas normativos de los pueblos originarios y a la defensa de la vida y la tierra. No es coincidencia que comunidades indígenas, guardianas del 80% de la biodiversidad planetaria, mantengan proyectos de comunicación arraigados en sus territorios para preservar su autonomía.
Durante la audiencia, las organizaciones entregaron una carta abierta firmada por redes, medios y defensoras de la comunicación en México y América Latina, alertando sobre las graves implicaciones de este caso. Se enfatizó que la sentencia del TEV, a cargo de magistradas y magistrados como Tania Celina Vázquez Muñoz, Gilberto Constituyentes Salazar Ceballos y Claudia Díaz Tablada, podría sentar un precedente peligroso de censura refinada por parte del Estado, donde herramientas de protección contra la violencia de género se vuelven armas contra el derecho a informar y participar democráticamente.
Las firmantes reiteraron que los magistrados tienen la oportunidad de defender la libertad de expresión, el derecho a la información y la democracia participativa, reconociendo el rol esencial de los medios comunitarios e indígenas en la vida democrática del país. «Sembrar la palabra, cosechar autonomía«, concluyeron, llamando a una resolución que proteja estos derechos y evite la escalada de tensiones en un ambiente ya marcado por la criminalización de la disidencia.