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Muere Sara Lidia Mendiola Landeros, abogada que llevó a los tribunales la violencia contra periodistas

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 05 de septiembre de 2026.- La organización Propuesta Cívica confirmó este sábado 5 de septiembre de 2026 el fallecimiento de su directora ejecutiva, Sara Lidia Mendiola Landeros (1985-2026), una de las voces jurídicas más persistentes en la defensa de periodistas, personas defensoras y sus familias en México. La causa de la muerte no fue dada a conocer. Tenía 41 años.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, la organización escribió:

Hasta el 2 de septiembre, tres días antes del anuncio, Mendiola había participado en un taller sobre libertad de expresión como derecho humano. En agosto todavía presentaba en radio el informe Prohibido investigar, sobre la impunidad en crímenes contra la prensa en Veracruz. Su ausencia cierra de golpe una etapa de litigio estratégico que, durante más de una década, intentó convertir casos emblemáticos en precedentes y no solo en denuncias.

¿Quién era?

Sara Lidia Mendiola Landeros era abogada, especialista en derecho penal acusatorio y derechos humanos. Antes de concentrarse en la sociedad civil trabajó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, según testimonios de quienes la acompañaron, decidió “irse a las trincheras”: el litigio gratuito, el acompañamiento a familias y la crítica pública a fiscalías y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Desde Propuesta Cívica —organización fundada en 2011 y durante años presidida por el académico Sergio Aguayo— se desempeñó como directora ejecutiva. La asociación ofrece representación legal sin costo, documentación de agresiones, incidencia legislativa y acompañamiento psicoemocional a víctimas. Mendiola se convirtió en su rostro público ante congresos locales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la FEADLE, medios y foros internacionales.

No hay un currículum académico exhaustivo de dominio público (universidad, tesis o fecha exacta de ingreso a la organización), pero su perfil profesional está documentado en conferencias, informes y litigios: abogada penalista, litigante en materia de libertad de expresión, crítica del uso del “daño moral” y de las denuncias por violencia política de género como instrumentos de censura, e impulsora de reformas civiles para limitar el acoso judicial contra la prensa.

Lo más trascendente de su trabajo

1. Litigio en casos de periodistas asesinados y desaparecidos.
Propuesta Cívica, bajo su dirección, representó o acompañó a familias en expedientes que se volvieron símbolo de la impunidad: Miroslava Breach (Chihuahua, 2017), Javier Valdez Cárdenas (Sinaloa, 2017), Regina Martínez, María Elena Ferral, Julio Valdivia y Miguel Ángel López Velasco (Veracruz), Gustavo Sánchez Cabrera (Oaxaca), entre otros. En el caso Valdez exigió la extradición de Dámaso López Serrano, El Mini Lic, y denunció la falta de voluntad política de la FGR. En el de Proceso, impulsó un amparo para que el medio fuera reconocido como víctima indirecta del asesinato de su corresponsal en Veracruz, un enfoque inusual en el derecho mexicano.

2. Combatir el acoso judicial (SLAPP).
Documentó y litigó demandas millonarias por “daño moral” contra Sergio Aguayo (exigencia de 10 millones de pesos del exgobernador Humberto Moreira), el periódico AM de León (300 millones) y El Mañana de Nuevo Laredo. Advirtió que el aparato de justicia se usa cada vez más para silenciar, no para reparar. Impulsó reformas a códigos civiles estatales para acotar esas demandas cuando se trata de crítica a servidores públicos. En 2025 también denunció el uso indebido de quejas por violencia política en razón de género contra periodistas que cubrían el caso Televisa Leaks.

3. Tejidos Solidarios.
Creó la primera red nacional de familiares de periodistas asesinados o desaparecidos, con acompañamiento psicoemocional y perspectiva de género. El punto de partida fue constatar que esas familias quedaban aisladas de los colectivos de búsqueda y de la atención institucional.

4. Diagnóstico de la impunidad y de los mecanismos de protección.
Repitió una cifra que se volvió leitmotiv de su discurso: más del 95% de impunidad en homicidios de periodistas y 100% en desapariciones. Sostuvo que las amenazas se subestiman como “delito no grave” cuando suelen ser la antesala del asesinato; que las fiscalías desvinculan el crimen de la labor periodística y se meten en la vida privada de la víctima; y que el Mecanismo federal ha servido, en la práctica, para “deslindar al Estado de su responsabilidad”, incluso invisibilizando el desplazamiento forzado de reporteros. En 2022 publicó, con apoyo de UNESCO, un reportaje sobre la FEADLE; más tarde, la Guía para mejorar los modelos de investigación penal y el informe Prohibido investigar sobre Veracruz.

5. Memoria y campañas públicas.
La organización mantiene un registro propio de periodistas asesinados y desaparecidos. Bajo su dirección se lanzaron las campañas ¿Y a mí qué me toca hacer? (2022) e Historias que sobreviven (cortometrajes sobre Regina Martínez, Gustavo Sánchez Cabrera y Miguel Ángel López Velasco), pensadas para romper la indiferencia social y exigir propuestas a candidatos.

El contexto que deja

México sigue figurando entre los países más mortíferos para la prensa fuera de zonas de guerra. Mendiola no prometía milagros institucionales: insistía en que sin análisis de contexto, sin investigación de autores intelectuales y sin voluntad política, los mecanismos existentes solo administran el riesgo. Su última línea de trabajo visible —el informe veracruzano de 2026, el juicio oral por amenazas a la periodista Mayra Cisneros en Coahuila, la crítica a leyes de “apología del delito” y de inteligencia— muestra que murió en activo, no retirada.

Propuesta Cívica no anunció sucesor ni velorio público al momento del comunicado. Sí dejó una frase que resume el mandato que ella misma formuló durante años: honrarla no es un epitafio, es seguir litigando.

Su legado permanece. Su lucha continúa.

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