Periodistas rechazan castigo a críticos de funcionarios en Guatemala
Por Pablo Palomo Reyna
Notimex. Guatemala. 04 de noviembre de 2018.- Entidades nacionales e internacionales de prensa y libertad de expresión han expresado su rechazo al proyecto de reforma del Código Penal de Guatemala, que crea los delitos de acoso y violencia políticos que permitirían encarcelar a quienes critiquen a funcionarios.
La Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) rechazó la pretendida creación del delito de “acoso político”, el cual sería sancionado con prisión, multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos a quien critique a diputados, funcionarios y políticos en general.
Mientras que el delito “de violencia política” sería sancionado con el mismo castigo “a quien realice una agresión física o psicológica o cualquier otro tipo de coacción, contra los postulantes o personas electas de la función política”.
En este sentido, la ley considerará las críticas como actos de presión, persecución y hostigamiento a las personas postulantes o electas de la función política durante o después del proceso electoral, por cualquier medio de difusión o plataforma digital.
La CGP resaltó que la propuesta de reforma que cinco diputados oficialistas buscan imponer es contrario a la Constitución Política, la cual establece que “no constituyen delitos o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones”.
La organización gremial condenó el proyecto de ley y pidió al Congreso que desestime dicha iniciativa “por contener notorios vicios de inconstitucionalidad”.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa deploró las iniciativas de ley que se tramitan en países como Guatemala con el propósito de censurar y obstaculizar el trabajo de los periodistas.
Analistas estimaron un despropósito la creación de los delitos de acoso y violencia política y dieron por hecho el fracaso de la iniciativa, pero llamaron a estar pendientes del curso que tome este intento de criminalizar la fiscalización del trabajo de los políticos.
Los diputados que proponen la reforma del Código Penal forman un grupo que la prensa local y sectores sociales por la transparencia política han denominado “Pacto de Corruptos”.
Los legisladores de dicho grupo, oficialistas y afines al presidente Jimmy Morales, se oponen a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependencia de Naciones Unidas que colabora en el combate a la criminalidad y la corrupción.
El “Pacto de Corruptos” apoya disposiciones que favorecen a dirigentes políticos deshonestos y en dos ocasiones, por su oposición a la CICIG, han rechazado en el Congreso el retiro de la inmunidad del presidente Morales.