Se realizará audiencia intermedia en el caso de Javier Valdez, tras más de 2 años de impunidad: RSF

Foto: Alejandro Meléndez

RSF. Ciudad de México. 21 de enero de 2020.- El 23 de enero de 2020 se celebrará al fin la audiencia intermedia por el caso del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, tras la constante insistencia de Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

La audiencia intermedia se ha pospuesto cuatro veces, lo que ha ocasionado un retraso en el proceso penal de 13 meses, un total de dos años y medio de impunidad en perjuicio de la familia de Javier Valdez Cárdenas. El periodista de 50 años de edad que se especializaba en el tema del narcotráfico fue asesinado el 15 de mayo de 2017 en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa. 

El 26 de diciembre de 2019 el Juez Penal Federal Edgar Rafael Juárez Amador, con residencia en Culiacán, finalmente emitió un acuerdo para que se efectúe dicha audiencia, que se encontraba diferida desde el 27 de diciembre de 2018. 

La audiencia intermedia es fundamental para el proceso penal. En ella se debatirán, entre otras cuestiones, la legalidad y constitucionalidad de los medios de prueba de todas las partes –la fiscalía, los asesores jurídicos y defensores de los acusados–, que son esenciales para comprobar los hechos y para que la Fiscalía Federal pueda dictar una sentencia condenatoria. Así, en el juicio oral se definirán los medios de prueba para demostrar la participación de Juan Francisco “N” y Heriberto “N” en el homicidio del periodista.

Es importante recordar que aún queda pendiente el esclarecimiento de la autoría intelectual del homicidio, una demanda permanente de las organizaciones aquí firmantes, que exigimos al Poder Judicial Federal que se celebre efectivamente la audiencia intermedia prevista para el 23 de enero de 2020.

Asimismo, solicitamos a la Fiscalía General de la República que asigne el desarrollo de la audiencia intermedia a su personal técnico más capacitado y que sustente tanto la legalidad como la constitucionalidad de los medios de prueba proporcionados para sostener sus acusaciones contra Juan Francisco “N” y Heriberto “N” por homicidio calificado.

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