SIP expone acoso judicial y control estatal sobre medios en México
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 19 de octubre de 2025.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lanzó una denuncia contundente contra el creciente acoso judicial y el control gubernamental sobre la prensa en México, alertando que estos mecanismos se han convertido en herramientas sistemáticas de censura que amenazan la libertad de expresión en el país. En su 81ª Asamblea General, celebrada en Punta Cana, República Dominicana, la organización presentó un informe detallado que describe un «panorama complejo» para el periodismo, donde gobernadores, legisladores y funcionarios utilizan demandas civiles, figuras como la violencia política de género y bloqueos regulatorios para silenciar críticas y limitar el escrutinio público.
El reporte, elaborado por la Comisión de Libertad de Expresión de la SIP, destaca que el acoso judicial se consolidó como el principal instrumento de represión durante el último semestre, con casos emblemáticos que involucran a medios independientes y periodistas destacados. «La libertad de prensa enfrentó un panorama complejo, especialmente por el uso de instrumentos judiciales y regulatorios para limitar la crítica», se lee en el documento, presentado ante cientos de editores y comunicadores hemisféricos. Entre los ejemplos citados, figura el intento de censura contra el columnista Héctor de Mauleón y el diario El Universal, impulsado por la titular del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras López, en represalia por publicaciones sobre asuntos de interés público. La SIP condenó esta acción como “intimidación judicial” que sienta un antecedente negativo para las libertades de expresión y prensa en México.
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, enfatizó en la inauguración de la asamblea que “el acoso judicial tiene la clara intención de censurar mediante la intimidación a periodistas y medios que informan sobre corrupción y abusos de poder”. El informe también critica la ambivalencia del gobierno federal bajo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien por un lado ha radicalizado su discurso contra la prensa al vincularla con filtraciones sobre corrupción en administraciones previas, y por otro rechazó un artículo de la nueva Ley de Telecomunicaciones que permitía al Estado bloquear plataformas digitales. No obstante, persisten preocupaciones por la disolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), reemplazado por la Oficina de Transparencia para el Pueblo, que desechó el 99.6% de solicitudes de información pública, obstaculizando la rendición de cuentas.
Datos respaldatorios de organizaciones aliadas como Artículo 19 revelan un aumento alarmante: entre enero y julio de 2025, se documentaron 51 casos de acoso judicial contra 39 periodistas y 12 medios en 17 entidades, superando el total anual de cualquier año previo y equivalendo a un proceso legal cada cuatro días. Veracruz, Ciudad de México y Jalisco lideran las estadísticas, con el 50% de las demandas abusando de la figura de Violencia Política contra las Mujeres por Razones de Género (VPMG) para perseguir coberturas críticas. En Puebla, medios como E-Consulta, El Popular y Datamos han enfrentado demandas millonarias por daño moral desde hace dos años, sumando a una ola de más de 300 firmas de apoyo en una declaración pública contra estas prácticas autoritarias.
La SIP también denuncia un patrón regional de control estatal, incluyendo acusaciones penales por delitos financieros motivados políticamente y la judicialización indiscriminada de libertades, contraviniendo principios como el 10 de la Declaración de Chapultepec: “Ningún medio o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas contra el poder público”. Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, advirtió que estas acciones fomentan una cultura de autocensura y debilitan la sostenibilidad económica de los medios independientes. En respuesta, la organización urge a los jueces mexicanos aplicar estándares interamericanos y a los legisladores reformar marcos normativos para excluir delitos contra el honor como herramientas represivas.
Voces del gremio periodístico mexicano, como la Alianza de Medios Mx, han pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar casos como el del Periódico Vanguardia, donde la SIP ya se pronunció sobre el uso de mecanismos legales para intimidar y censurar. “Este no es un tema mercantil, es libertad de expresión; el Poder Judicial debe proteger, no silenciar”, declararon en un comunicado reciente. Mientras la asamblea de la SIP concluye con llamados a la solidaridad hemisférica, México enfrenta un dilema profundo: en un año marcado por reformas judiciales controvertidas, la prensa independiente clama por un escudo real contra el asedio que la convierte en blanco de un poder cada vez más intolerante a la verdad. La sociedad civil y la comunidad internacional observan, recordando que una prensa libre es el pilar de cualquier democracia vibrante.