SIP recuerda el deber de México de no dejar crímenes de periodistas impunes
EFE. Miami, Estados Unidos. 22 de octubre de 2021.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) recordó hoy al Gobierno de México «su deber de poner fin a la ausencia de justicia» que rodea los asesinatos de periodistas y pidió a la Fiscalía General de la República que otorgue recursos suficientes para ello.
Al término de su 77 Asamblea General, celebrada de manera virtual, la SIP emitió una resolución especial sobre la impunidad en México, algo que solo hizo con otro país, Brasil.
«México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, no sólo por la cantidad de ataques cometidos en la últimas dos décadas, sino porque prevalece un alto índice de impunidad», dice la resolución.
Las autoridades mexicanas tienen la responsabilidad de esclarecer más de 136 crímenes contra periodistas ocurridos en las últimas dos décadas, agrega, antes de indicar que la falta de resolución de los casos de asesinatos contra periodistas, la violencia y la impunidad, restringen la libertad de expresión y de prensa.
La SIP recuerda que, por la falta de justicia, sometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los casos de desaparición o asesinato de cinco periodistas, Alfredo Jiménez Mota, Francisco Ortiz Franco, Víctor Manuel Oropeza, Héctor Félix Miranda y Benjamín Flores González, los cuales se hallan en diferentes etapas procesales.
Tras hacer una reseña de cada caso, afirma que las instituciones del Estado responsables a nivel federal de velar por la defensa y protección del ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, están siendo «omisas en sus responsabilidades legales».
Menciona expresamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, «organismos que se han burocratizado y limitado los recursos de atención y que no verifican el cumplimiento en los estados de las pocas medidas cautelares que emiten».
También denuncia «el achicamiento legal» de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y sus negativas consecuencias para periodistas y medios.
La resolución emplaza a la Fiscalía General de la República a retomar las indagatorias en el caso de Francisco Ortiz Franco y abra el expediente de Alfredo Jiménez Mota y reclama a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores que no continúen retrasando el cumplimiento de las resoluciones de la CIDH.
Finalmente ratifica el compromiso de la SIP de seguir exigiendo ante la CIDH que «los asesinatos contra periodistas no queden impunes, no caigan en el olvido y a buscar que el Estado repare de forma digna a las familias de las víctimas».