Un tribunal popular exigirá responsabilidades en asesinatos de periodistas
EFE. París, Francia. 28 de septiembre de 2021.- Las principales organizaciones internacionales en favor de la libertad de prensa anunciaron este martes la creación de un tribunal popular virtual que investigará los asesinatos de periodistas y exigirá responsabilidades a los gobiernos correspondientes.
Free Press Unlimited (FPU), Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) señalaron que han solicitado al Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que constituya un tribunal homónimo para juzgar esos asesinatos.
Su objetivo es hacer que los Estados responsables de violaciones del derecho internacional rindan cuentas mediante la concienciación pública y la recopilación de pruebas legalmente admisibles, según un comunicado de RSF.
Este tribunal, cuya primera audiencia tendrá lugar el 2 de noviembre en La Haya, acusará a los gobiernos de Sri Lanka, México y Siria «por no hacer justicia» en los asesinatos de Lasantha Wickrematunge, Miguel Ángel López Velasco y Nabil Al-Sharbaji.
La abogada española de derechos humanos Almudena Bernabeu, que será la fiscal de ese tribunal, declaró en la nota que la frecuencia de las violaciones contra los periodistas y el nivel de impunidad es «alarmante», por lo que urgió a los Estados que asuman sus responsabilidades.
Esta primera audiencia, que coincide con el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes Contra los Periodistas, va «más allá de avergonzar a las autoridades por su terrible nivel de impunidad», dijo el secretario general de RSF, Christophe Deloire.
La periodista filipina Maria Ressa, que sufre amenazas de muerte en su país por las críticas al Gobierno de Rodrigo Duterte, así como Hatice Cengiz, académica y prometida del periodista saudí asesinado en 2018 Jamal Khashoggi, prestarán declaración como testigos ese día.
Desde 1992, más de 1.400 periodistas han sido asesinados, y en ocho de cada diez casos los autores no fueron detenidos, según RSF, que asegura que la impunidad perpetúa la violencia contra ese colectivo y supone una amenaza para la libertad de expresión.