Vinculan a proceso al exgobernador de Durango por amenazas al periodista Carlos Iván Soto
Por Alejandro Meléndez
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de enero de 2025.- El exgobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, ha sido vinculado a proceso penal por presuntas amenazas contra el periodista Carlos Iván Soto Hernández. Los hechos ocurrieron el 10 de julio de 2022, cuando Aispuro Torres, entonces mandatario estatal, habría realizado una llamada telefónica al periodista en la que le advirtió sobre posibles acciones legales en su contra debido a sus críticas periodísticas, así como a su demanda de justicia para su hija, víctima de una violación sexual.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), presentó pruebas que llevaron a un juez de control a vincular a proceso al exgobernador por el delito de abuso de autoridad. Como parte de las medidas cautelares, se le prohibió acercarse al periodista y a los testigos del caso. Además, se otorgó un plazo de tres meses para continuar con la investigación complementaria.
En marzo de 2024, un juez ordenó a Aispuro Torres reparar el daño causado a Soto Hernández, lo que incluyó una disculpa pública y su asistencia a cursos sobre libertad de expresión y nuevas masculinidades. Estas medidas tenían como objetivo garantizar la no repetición de los hechos. Asimismo, el exgobernador estuvo bajo supervisión judicial durante seis meses y se le prohibió acercarse al periodista.
El 3 de agosto de 2024, José Rosas Aispuro cumplió con una de las condiciones del plan de reparación del daño al publicar una disculpa pública en el periódico El Siglo de Durango. En su mensaje, reconoció la importancia de la labor periodística y aceptó que su comportamiento tuvo repercusiones en la actividad de Soto Hernández.
No obstante, la defensa del periodista solicitó la revocación de la suspensión condicional del proceso, argumentando que Aispuro no había cumplido totalmente con las condiciones impuestas, particularmente en lo que respecta a la disculpa pública y la participación en el curso sobre género o masculinidad.
Este caso pone en evidencia la relevancia de proteger la libertad de expresión y garantizar la seguridad de los periodistas frente a cualquier tipo de intimidación o amenaza proveniente de figuras públicas.