Periodistas Unidos. San José, Costa Rica/Ciudad Juárez. 20 de diciembre de 2025.– La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó este viernes su sentencia en el caso García Andrade y otros vs. México, declarando al Estado mexicano responsable internacionalmente por la desaparición, tortura sexual y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, una joven de 17 años, madre de dos hijos y trabajadora de maquiladora, ocurrido en febrero de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua. El tribunal determinó que los hechos se inscriben en un contexto estructural de violencia de género e impunidad generalizada, similar al condenado en 2009 en el caso Campo Algodonero.
Lilia Alejandra desapareció el 14 de febrero de 2001 al salir de su turno laboral; su cuerpo fue hallado una semana después en un terreno baldío, con causa de muerte por estrangulamiento manual posterior a un ataque sexual. La Corte estableció que las autoridades incurrieron en negligencia al no actuar con diligencia en la búsqueda inmediata ni investigar con perspectiva de género, tolerando así la tortura sexual sufrida. Además, México incumplió su deber reforzado de prevención en un entorno ya conocido de desapariciones y asesinatos de mujeres.
La sentencia también responsabiliza al Estado por no proteger a Norma Esther Andrade, madre de la víctima y activista fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, quien sufrió dos atentados (2011 en Juárez y 2012 en Ciudad de México) por exigir justicia, forzándola al desplazamiento y exilio. El tribunal incluyó como víctimas a los hijos de Lilia Alejandra, Jade Tikva y José Kaleb García Andrade, por violaciones a su integridad, protección familiar y derechos de la niñez, así como al derecho a la verdad de toda la familia.
Entre las medidas de reparación ordenadas destacan: continuar y eficaz las investigaciones para identificar y sancionar responsables; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas; brindar atención médica y psicológica integral; actualizar protocolos de búsqueda como el Alba; integrar categorías de «madres buscadoras» en leyes de protección a defensoras; y adoptar políticas integrales contra la violencia de género y para hijos de víctimas de feminicidio.
El Gobierno mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en audiencia de marzo de 2025 y reiteró compromiso con el cumplimiento. Esta es la segunda condena por feminicidio en Juárez y se suma a otra reciente por violencia sexual contra una indígena nahua.