Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de enero de 2026.- Organizaciones, periodistas y familiares del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández, fallecido el 5 de abril de 2025 junto a Citlali Berenice Giles Rivera durante el festival Axe Ceremonia, protestaron este martes frente a los juzgados federales en materia penal en la Ciudad de México. Instalaron un contador digital que marca los días transcurridos sin audiencia inicial en el proceso penal, al que califican como “días de impunidad”.
El contador, colocado frente al edificio del Poder Judicial de la Federación, inició el conteo desde el 16 de octubre de 2025, cuando la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, concedió una suspensión definitiva en el juicio de amparo 853/2025. Esta medida ordenó abstenerse de celebrar la audiencia inicial —etapa clave para imputar cargos formalmente— hasta resolver el fondo del amparo promovido por la representación legal de la familia Giles Rivera.
La abogada Tábata Ximena Salas Ramírez, representante de la familia de Miguel Ángel, denunció que la decisión judicial paraliza el proceso penal contra tres empresas y ocho personas físicas por homicidio culposo. “Si no hay audiencia inicial, no hay proceso y no hay justicia”, afirmó. Criticó el cambio de criterio de la jueza, quien inicialmente rechazó la suspensión por considerar que obstaculizaba la investigación fiscal, pero luego la concedió argumentando posible daño a los quejosos.
Salas Ramírez señaló irregularidades en el amparo, como notificaciones deficientes, recepción de pruebas fuera de plazo y recolección de evidencia tras el cierre del periodo legal. Acusó a la jueza de favorecer intereses empresariales y recordó que Sánchez Cisneros ha emitido resoluciones en casos de alto perfil —como los de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Sofía Von Roehrich, Carlos Ahumada y el exfiscal de Morelos Ulises Carmona Gándara— que, según la abogada, alargan procesos y benefician a imputados.
La madre de Miguel Ángel, Graciela Hernández, expresó su dolor y pidió a la jueza revisar el expediente con atención: “El tiempo avanza y la justicia no puede seguir detenida”. Destacó que su hijo era un estudiante dedicado con proyectos por delante y que la familia busca responsabilidad de las empresas involucradas, sin culpar a inocentes.
El abogado David Camarena explicó que el contador es un recordatorio permanente: “Cada día que avanza representa impunidad y erosión de la confianza en las instituciones”. Denunció diferencias estratégicas con la representación de la familia Giles, cuya postura —detener todo el proceso hasta imputar a empresas como OCESA y Lobo— solo beneficia a los señalados. Argumentó que la Fiscalía puede avanzar progresivamente, como en casos como la Línea 12 o Ayotzinapa.
Los manifestantes, apoyados por colectivos de derechos humanos y periodistas, anunciaron una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial y exigieron que el proceso avance en un juzgado penal. “La justicia que tarda no es justicia”, concluyó Camarena.
El incidente ocurrió el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario, cuando una estructura metálica colapsó sobre los fotoperiodistas que cubrían el evento para un medio independiente. El festival fue suspendido y generó protestas por negligencia y condiciones laborales precarias en el gremio. Nueve meses después, la investigación sigue sin imputaciones formales.
Aclaración legal: Diferencias entre las familias de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles en el caso Axe Ceremonia
En el marco de la protesta, la representación legal de la familia de Miguel Ángel Rojas Hernández hizo explícita una diferencia estratégica con la representación de la familia de Citlali Berenice Giles Rivera (Berenice), que ha generado tensiones en el proceso penal.
La abogada Tábata Ximena Salas Ramírez y el abogado David Camarena, asesores de la familia Rojas, señalaron que la postura de la familia Giles —representada por el abogado Fabián Victoria Rangel— ha impulsado la paralización del proceso al insistir en que la audiencia inicial no se celebre hasta que se incluya formalmente a las empresas OCESA (Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V.) y Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V. como imputadas.
Esta estrategia se materializó en el juicio de amparo 853/2025, promovido por la representación de la familia Giles el 7 de octubre de 2025, que derivó en la suspensión definitiva concedida por la jueza Sánchez Cisneros el 15 de octubre. Dicha resolución ordenó abstenerse de realizar la audiencia inicial hasta resolver el fondo del amparo, argumentando posible daño a los quejosos si no se incluían a todas las empresas señaladas.
Según los abogados de la familia Rojas, esta posición no beneficia a ninguna de las familias víctimas, ya que impide imputar cargos a las tres empresas y ocho personas físicas ya identificadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con pruebas suficientes para avanzar. Argumentaron que el proceso penal permite imputaciones progresivas, como ha ocurrido en casos como la Línea 12 del Metro o Ayotzinapa, sin necesidad de esperar a incluir a todos los posibles responsables en una sola audiencia.
Por su parte, la familia Giles y su equipo legal sostienen que Ocesa y Lobo son responsables directos como organizadoras y encargadas de la seguridad del evento, y que la Fiscalía ha omitido incluirlas pese a órdenes de dos jueces de control en audiencias por omisiones (la primera el 15 de octubre de 2025 y la segunda el 7 de enero de 2026). Han denunciado encubrimiento y negligencia institucional, y han logrado que un juez de control dé la razón a su postura, manteniendo detenido el proceso hasta que se modifique el estatus de las empresas.
Ambas familias comparten el objetivo común de justicia por la muerte de los fotoperiodistas, pero divergen en la estrategia: una busca avanzar con las imputaciones existentes para no dilatar más el proceso, mientras la otra prioriza asegurar que Ocesa y Lobo sean incluidas como imputadas desde el inicio, lo que ha resultado en la suspensión de la audiencia inicial por más de 90 días (al 21 de enero de 2026).
La familia Rojas enfatizó que detener el proceso no beneficia a los padres de Berenice ni a la sociedad, y solo favorece a las empresas señaladas. Anunciaron una queja formal ante el Tribunal de Disciplina Judicial por las presuntas irregularidades en el amparo, mientras la familia Giles continúa exigiendo la inclusión de todas las responsables para evitar impunidad selectiva.
El caso sigue en limbo judicial, con una tercera audiencia por omisiones programada para el 6 de febrero de 2026, donde se espera que se resuelvan las omisiones de la Fiscalía respecto a Ocesa y Lobo.