Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de febrero de 2026.- La llegada de Shakira a la Plaza de la Constitución el 1 de marzo ha desatado una ola de cuestionamientos sobre el uso del patrimonio nacional para fines corporativos. Aunque la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha promovido el evento como un hito de su administración, la realidad financiera dicta lo contrario: el espectáculo es propiedad de Grupo Modelo para celebrar los 100 años de Corona.
Este «regalo» de la cervecera, operado por OCESA, utiliza la infraestructura pública más emblemática del país para una campaña de marketing global. Resulta crítico observar cómo el gobierno capitalino se adjudica el éxito de una inversión privada, borrando la línea entre la gestión cultural y la facilitación de espacios para intereses comerciales que no benefician directamente al erario.
Mientras la administración local se cuelga la medalla de la gratuidad, el despliegue de seguridad, limpieza y transporte público —costeado con impuestos— se pone al servicio de una marca. Expertos señalan que el Zócalo no debería ser un espectacular gratuito para grandes corporaciones, cuestionando si la prioridad es el acceso a la cultura o la validación política a través de eventos ajenos.
Al final, la presentación de Shakira es un evento privado en un recinto público. La narrativa oficial intenta convertir una transacción comercial en un logro social, dejando un precedente donde el Estado actúa como promotor de marcas en lugar de garante de espacios públicos neutrales y soberanos.