Ante los riesgos por el COVID-19: exigimos la libertad inmediata de todas las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en detención migratoria

Foto: Especial

● La muerte de una persona solicitante de asilo en la estación migratoria de
Tenosique el pasado 31 de marzo es consecuencia de las condiciones de
detención, la negligencia del INM y la participación de la Guardia Nacional.
● Mantener a las personas en detención migratoria, en grave riesgo de contagio de
Covid-19, es una violación de derechos humanos y un atentado a la vida de las
personas migrantes y de quienes laboran en las estaciones migratorias.
● Exigimos la destitución inmediata del comisionado del INM, por su responsabilidad
directa en los hechos y se inicien las investigaciones correspondientes.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 02 de abril de 2020.- Las organizaciones, redes de la sociedad civil y universidades firmantes, manifestamos nuestra profunda indignación y preocupación ante los hechos ocurridos en estaciones migratorias (EM) a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM), en específico las ubicadas en Villahermosa y Tenosique, Tabasco, así como la Siglo XXI en Tapachula, Chiapas.

Hemos denunciado reiteradamente las pésimas condiciones de subsistencia en las que se encuentran las personas migrantes y solicitantes de protección internacional privadas de su libertad en estaciones migratorias, así como la ilegal detención de niñas, niños y adolescentes. La pandemia global del Covid-19 profundiza la incertidumbre y el miedo, al tiempo que genera aún mayores riesgos sanitarios para las personas detenidas. Frente a las medidas tomadas por el INM ante la pandemia, desde la sociedad civil se solicitó el cese de las detenciones por razones migratorias y la liberación de todas las personas detenidas en estaciones migratorias y estancias provisionales.¹

Dado que las autoridades migratorias no han impulsado medidas efectivas, especialmente del orden de la salud pública, para proteger a las personas migrantes en detención, ocurrieron protestas: el 23 de marzo, al menos 50 migrantes que se manifestaban en la EM Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, fueron reprimidos por la Guardia Nacional y la Policía Federal, mediante el uso de mangueras de agua, gas lacrimógeno y abuso de la fuerza de la Guardia Nacional.² El 29 de marzo se registró una manifestación al interior del centro de detención migratoria ubicado en Villahermosa, Tabasco, por los mismos motivos. Finalmente, el 31 de marzo hubo otra protesta en la EM de Tenosique, nuevamente a causa de la incertidumbre e insalubridad en que el INM mantiene a las personas en detención migratoria. Un hombre de origen guatemalteco murió y por lo menos 14 personas fueron heridas. Según testimonios de las personas sobrevivientes, la represión fue ejercida por agentes del INM y, nuevamente,

1. Estos hechos fueron denunciados por Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura el pasado 19 de marzo del 2020. Véase comunicado: https://bit.ly/3bKh46t

• Véase comunicado: https://bit.ly/2Jtle6G

miembros de la Guardia Nacional, quienes además impidieron la evacuación de las personas para escapar del incendio al interior del centro.³

El Gobierno mexicano ha declarado que las medidas que tomará para hacer frente a la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 se realizarán en un marco de respeto y protección de los derechos humanos. Asimismo, el Consejo de Salubridad General señaló que la situación de emergencia no restringe ni suspende el ejercicio de los derechos. Los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y en tratados internacionales de los que México es parte, continúan vigentes para todas las personas que habitan en el país, incluidas las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Consideramosque, debido a la especial vulnerabilidad en que se encuentran estos grupos de población, el Estado mexicano debe tomar medidas tendientes a garantizar su salud, integridad física y mental, así como la vida y las garantías jurídicas que correspondan para hacerlos efectivos.

El Consejo de Salubridad General determinó que la población en general y las autoridades en lo particular, deben dejar de realizar actividades no esenciales para la atención del contexto actual, y aunque el Acuerdo de Secretaría de Gobernación del día de ayer señala los operativos de control y verificación migratoria como esenciales, en la práctica estos impiden cumplir con las medidas de sana distancia y no concentración de más de 50 personas en un mismo lugar, ya que derivan en la detención y hacinamiento de cientos de personas.⁴

Por lo tanto, estos operativos deben dejar de realizarse.

En ese sentido, nuestra exigencia irrestricta es que todas las personas migrantes y solicitantes de la condición de refugiadas privadas de la libertad en estaciones migratorias y estancias provisionales sean puestas en libertad de manera inmediata,tal como lo recomiendan organismos internacionales como la OACNUDH, OIM, ACNUR y profesionales de la salud como la OMS.⁵ Esto, necesariamente compromete al Estado mexicano a diseñar una estrategia de detección, canalización y atención a grupos de migrantes y personas sujetas de protección internacional con mayores condiciones de vulnerabilidad, entre los que se encuentran mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas solicitantes de protección, personas con discapacidad, adultos mayores, miembros de la comunidad LGBT. El Estado está obligado a agilizar las acciones de regularización migratoria y las solicitudes de protección internacional, evitando generar un mayor grado de vulnerabilidad y de rezago. Además, el Estado mexicano y los consulados correspondientes deben apoyar y facilitar, con las respectivas medidas de protección a la salud, los retornos voluntarios de las personas que así lo deseen.

Es importante mencionar que los albergues de la sociedad civil se encuentran saturados y con pocos apoyos gubernamentales para proteger la salud e integridad física y mental de las personas. Es responsabilidad del Estado garantizar condiciones dignas y en libertad para las personas migrantes y refugiadas.

³ Estos hechos fueron documentados y denunciados por el Hogar-Refugio La 72, albergue ubicado en Tenosique. Véase comunicado en: https://bit.ly/2ys8ivA

• A través de diversos comunicados y en diferentes momentos se han denunciado las pésimas condiciones al interior de las Estaciones Migratorias. El hecho más reciente fue la muerte de una persona de origen haitiano en la EM Siglo XXI. Véase comunicado en: https://bit.ly/39CHSUJ

• OIM, ACNUDH, ACNUR, OMS: “Los derechos y la salud de las personas refugiadas, migrantes y apátridas deben protegerse en la respuesta al COVID-19”, 31 de marzo de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2xFB2AE

Rechazamos el comunicado del INM⁶ y cualquier discurso de criminalización hacia la población migrante que legítimamente defiende y ejerce sus derechos. Hacemos énfasis en que las personas en detención han ejercido su derecho a la protesta, de asociación y libre expresión, frente a la violación sistemática de sus derechos y ante un fundado miedo de contagio del Covid-19.

Señalamos que la responsabilidad de lo sucedido en Tenosique recae innegablemente en el INM y, en ese sentido, en el comisionado Francisco Garduño, así como lasautoridades administrativas de la EM Tenosique. Exigimos su destitución inmediata, la investigación de los hechos y que se finquen las responsabilidades administrativas y penales correspondientes. Lamentablemente, no es la primera persona que muere bajo resguardo del INM.

Asimismo, la Guardia Nacional es responsable de múltiples violaciones de derechos humanos cometidas en las estaciones migratorias de Tapachula y Tenosique. Estasituación nuevamente pone de manifiesto lo que se ha señalado desde diversos espacios: la Guardia Nacional no debe estar involucrada en labores migratorias, mucho menos ante la debilidad crónica de los medios internos y externos de control responsables de verificar el cumplimiento de la legislación y los protocolos aplicables, en especial en materia de uso de la fuerza.

La pandemia que enfrentamos actualmente afecta de forma generalizada a toda la población, por lo que el Estado mexicano está obligado a adoptar las medidas necesarias para la protección efectiva de todas las personas en el territorio nacional, incluyendo a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, como lo son las personas en movilidad.

c.c.p. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación

c.c.p. Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos

c.c.p. Francisco Garduño Yáñez, Comisionado del Instituto Nacional de Migración

c.c.p. Andrés Ramírez Silva, Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados c.c.p. Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores

c.c.p. Dr. Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud – Presidente del Consejo de Salubridad General c.c.p. Dr. Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

c.c.p. Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

c.c.p. Martha Yolanda López Bravo. Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

FIRMAN:

Individuales

Alex Mensing, defensor de derechos humanos

Alethia Fernández de la Reguera, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Ana Sandra Salinas, abogada defensora de derechos humanos

Andres Alfredo Torres Checa – Consultor en temas de derechos humanos

Blanca Mónica Marín Valadez, estudiante de doctorado en Estudios Mesoamericanos, Universidad

Nacional Autónoma de México

Carlos Garza Falla

Daniel Cuevas Ruiz, defensor de Derechos Humanos

• Ver el comunicado del INM: https://bit.ly/348TXA2