Colectivos de derechos humanos en el sureste piden protección para realizar su labor con migrantes

Mary Lawlor

Relatora Especial sobre la Situación de Defensoras y

Defensores de los Derechos Humanos

Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Distinguida Dra. Lawlor,

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, conformado por las organizaciones abajo firmantes, nos dirigimos a usted para solicitar la acción urgente de la relatoría especial sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos para garantizar condiciones de seguridad y dignidad en la labor de promoción y defensa de los derechos humanos que como Colectivo realizamos.

Lo anterior en virtud de que recientemente las defensoras y defensores que conformamos dicho Colectivo hemos visto obstaculizadas nuestras labores de acompañamiento a personas migrantes y con necesidades de protección internacional, así como un hostigamiento constan-te por parte de autoridades del orden federal y de distintos cuerpos de seguridad y militares, que ha escalado hasta la criminalización de nuestro trabajo.

A continuación, se describen los hechos que motivan la presente solicitud:

Criminalización del acompañamiento a personas con necesidades de protección internacional

Ante la negativa de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) para permitir el ingreso de personas solicitantes de refugio u otras formas de protección internacional a territorio mexicano en el puente fronterizo Rodolfo Robles; organizaciones miembros del Colectivo hemos acudido a dicho punto para dar acompañamiento a las personas, mismo que consiste en brindar información adecuada y suficiente para presentar dicha solicitud y observar que se garantice su acceso al procedimiento de refugio y al territorio.

A partir de las restricciones de ingreso por vía terrestre en la frontera sur de México, hemos documentado el rechazo constante a familias con necesidades de protección internacional, incluidas personas que viajan con niños, niñas y adolescentes y otras personas en condiciones de vulnerabilidad como mujeres embarazadas, personas de la comunidad LGBT y víctimas de violencia de género.

Durante las labores de acompañamiento mencionadas, hemos sufrido y documentado el hostigamiento constante por parte de las autoridades encargadas de la administración de dicho Puerto Fronterizo así como de agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes nos han negado el acceso al puerto fronterizo en reiteradas ocasiones, intentando incluso expulsarnos junto con las familias hacia el territorio de Guatemala el día 22 de marzo de 2021, hechos que constan en la Queja promovida ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos con fecha 2021/3/22 13:8.

Asimismo, el día 05 de abril de 2021 nos fue negado nuevamente el acceso al puerto fronterizo por parte de agentes de seguridad privada de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia SA de CV (SEICSA) -que operan en dicho espacio bajo instrucciones del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público-, quienes mostraron una actitud confrontativa en todo momento, hecho ante el cual, los defensores se vieron obligados a desistir del acompañamiento y las personas solicitantes de refugio fueron devueltas hacia Guatemala, hechos que constan en la queja promovida el mismo día y con número de folio 2021/24391.

Posteriormente el día 26 de abril, nos fue negado el acceso al puente fronterizo bajo el argumento de no portar pasaporte, a pesar de que no es un requisito obligatorio para salir del país, siendo personas nacionales. Al presentarse las personas a quienes acompañamos en las inmediaciones del Instituto Nacional de Migración, los agentes migratorios asumieron una actitud confrontativa y violenta, sin permitirnos dialogar sobre la ruta de atención y protección que seguirían para garantizar el acceso de las personas al procedimiento de refugio, entre ellos familias con niños, niñas y adolescentes y personas de la comunidad LGBT.

Al negarnos a desistir del acompañamiento, las autoridades solicitaron la presencia de personal de la policía municipal, quienes insistieron en retirarnos del espacio y nos tomaron fotografías sin nuestro consentimiento. Cabe mencionar que dichos elementos de seguridad no portaban identificación visible y su vehículo tampoco tenía placas, sin embargo, por el logotipo y uniforme se les identifica como elementos de la Policía Municipal de Chiapas. En un segundo momento arribaron también elementos de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad de corte militar y una patrulla más de la policía municipal, quienes en actitud confrontativa y violenta nos tomaron fotografías en reiteradas ocasiones e insistieron en retirarnos del lugar sugiriendo que nuestras labores no se encuentran dentro del marco de la legalidad.

Cabe mencionar que el hostigamiento y bloqueo a las labores de acompañamiento que las organizaciones además de violar el derecho de las personas, grupos y colectividades a defender los derechos humanos, tiene impactos negativos en la vida, la seguridad y la dignidad de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional, quienes no cuentan con información adecuada y suficiente sobre sus procedimientos, generando temor e incertidumbre sobre sus planes de vida y en la mayoría de los casos, el rechazo al procedimiento de refugio en México, la separación familiar bajo criterios arbitrarios y otras violaciones a derechos humanos que constituyen además violaciones diversas y reiteradas del Derecho Internacional Humanitario. Teniendo como consecuencia, que nuestra labor de defensa y promoción de derechos, en esos momentos, sea más activa, visible y compromete-dora de cara a las autoridades del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a la relatora que de manera urgente:

• I Exhorte al Estado Mexicano, con especial énfasis en la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, Secretaría de la Defensa Nacional a garantizar condiciones de seguridad, dignidad y respeto a las labores de promoción y defensa de los derechos humanos que las organizaciones de la sociedad civil realizamos especialmente en la Frontera Sur de México.

• II Solicite a las autoridades antes mencionadas que su actuación se apegue a la legislación nacional vigente, así como a los compromisos internacionales que México ha signado en la materia, para garantizar el derecho de las organizaciones de la sociedad civil, personas y colectividades a defender las libertades fundamentales, reconociendo los efectos positivos que dichas labores tienen para la construcción de una sociedad democrática y más justa.

• III Solicite a las autoridades antes mencionadas se genere un mecanismo conjunto para la interlocución directa con las organizaciones de la sociedad civil que realizamos la labor de promoción y defensa de derechos humanos en los puntos fronterizos del sur de México, a efecto de garantizar tanto nuestra labor en el terreno en condiciones dignas y seguras, así como de respeto a los derechos humanos y principios del derecho internacional humanitario para las personas necesitadas de protección internacional en su acceso a territorio mexicano. 

• IV Solicite el cese a los discursos que estigmatizan y criminalizan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que ponen en riesgo la vida y la seguridad de las defensoras y perjudican la imagen de las mismas ante la opinión pública