Juez impide asignar fondos militares a construir muro
Foto: Jacquelyn Martin / AP
Por Daisy Nguyen
AP. San Francisco, Estados Unidos. 25 de mayo de 2019.- Un juez federal falló el viernes que el presidente Donald Trump no puede construir secciones del muro fronterizo con dinero obtenido por medio de su declaración de emergencia nacional.
El juez de distrito Haywood Gilliam Jr. suspendió inmediatamente las gestiones del gobierno para canalizar los fondos que habían sido asignados a las fuerzas armadas a la construcción de secciones del muro en la frontera con México. Su orden es aplicable a dos proyectos para añadir 82 kilómetros (51 millas) de vallas en dos áreas.
Gilliam emitió el fallo tras escuchar argumentos la semana pasada en dos casos. California y otros 19 estados incoaron una demanda; el grupo ambientalista Sierra Club y una coalición de comunidades fronterizas interpusieron la otra. Su fallo fue el primero de varias demandas contra la controversial decisión de Trump de pasarse por alto el proceso normal de asignaciones presupuestarias para pagar el muro.
Gilliam, nombrado por el presidente Barack Obama, dijo que los demandantes probablemente vencerán con base en los argumentos de que el presidente ignoró indebidamente los deseos del Congreso.
“El control ‘absoluto’ del Congreso sobre el gasto federal _incluso cuando ese control podría frustrar los deseos del poder ejecutivo con relación a las iniciativas que considera importantes_ no es un error en nuestro sistema constitucional. Es una característica de ese sistema, y una esencial”, escribió en su opinión de 56 páginas.
Un juez en Washington, D.C., está escuchando una impugnación similar incoada por la Cámara de Representantes federal en la que se argumenta que la recanalización de dinero viola la Constitución. El juez estaba sopesando si los legisladores tenían siquiera la capacidad de demandar al presidente en lugar de trabajar a través de canales políticos para solucionar la amarga disputa.
Están en juego miles de millones de dólares que le permitirían a Trump avanzar en la promesa más distintiva de su campaña en una época en que pretende ser reelegido.
El mandatario declaró una emergencia nacional en febrero tras perder una pugna con la Cámara de Representantes, donde los demócratas son mayoría, en torno al pago del muro completo, lo cual derivó en un cierre gubernamental de 35 días. Como una solución negociada con relación a la frontera y al control de la inmigración, el Congreso asignó 1.375 millones de dólares para extender o reemplazar barreras existentes en el Valle del Río Grande en Texas, el área con más cruces ilegales en el país.
Trump aceptó el dinero a regañadientes, pero declaró la emergencia para canalizar dinero desde otras cuentas gubernamentales porque quería gastar 8.000 millones de dólares en la construcción del muro. El dinero incluye 3.600 millones desviados de fondos para la construcción militar, 2.500 millones de actividades antinarcóticos del Departamento de Defensa y 600 millones del fondo de incautación de activos del Departamento del Tesoro.
Los adversarios del presidente dicen que la declaración de emergencia fue un intento ilegal por ignorar al Congreso, que autorizó mucho menos dinero para gastos de lo que Trump quería.
“Recibimos con beneplácito la decisión de la corte de bloquear los intentos de Trump de hacer a un lado al Congreso para construir muros letales que afectarían a las comunidades que viven en la frontera, pondrían en riesgo a la fauna, y tendrían impactos dañinos sobre el medio ambiente”, dijo Andrea Guerrero, integrante de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur.
El gobierno dijo que Trump está protegiendo la seguridad nacional mientras familias centroamericanas que solicitan asilo arriban a la frontera estadounidense en cifras sin precedentes.
No fue una derrota total para el gobierno.
Gilliam rechazó una solicitud de 20 estados para bloquear el uso del fondo de activos incautados del Tesoro para la construcción del muro fronterizo. Los estados argumentaron que Trump omitió las revisiones de impacto ambiental, pero el juez dijo que era improbable que prevalecieran en ese punto.
El gobierno ha dicho que planea utilizar el dinero del Tesoro para extender las barreras en el Valle del Río Grande.
Los enfrentamientos en la corte ocurren mientras se desarrolla amplia actividad para acelerar la construcción del muro.
El interdicto preliminar se aplica a dos de los contratos de mayor prioridad para el muro financiados por el Pentágono.
El Departamento de Defensa ha transferido 2.500 millones de dólares a los fondos para el muro fronterizo: transfirió 1.000 millones de dólares a esos fondos en marzo y otros 1.500 millones a principios de este mes. Se espera que Patrick Shanahan, secretario de Defensa interino, decida pronto si transferirá 3.600 millones de dólares adicionales.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército anunció recientemente varios contratos amplios con financiamiento del Pentágono. El mes pasado, SLSCO Ltd. de Galveston, Texas, ganó una adjudicación de 789 millones de dólares para reemplazar 74 kilómetros (46 millas) de barreras en Nuevo México.
La semana pasada, Southwest Valley Constructors de Albuquerque, Nuevo México, obtuvo una adjudicación de 646 millones de dólares para sustituir 101 kilómetros (63 millas) en el sector de la Patrulla Fronteriza en Tucson, Arizona. Barnard Construction Co. de Bozeman, Montana, ganó un contrato por 141,8 millones de dólares para reemplazar 8 kilómetros (5 millas) en Yuma y 24 kilómetros (15 millas) en El Centro, California.
Además de California, los otros estados que participan en la impugnación son Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia y Wisconsin.