EFE. Guayaquil, Ecuador. 29 de septiembre de 2022.- El acceso real al aborto legal, seguro y gratuito todavía es un reto en los países que en los últimos años han despenalizado o aprobado leyes de interrupción voluntaria del embarazo en América Latina.
¿La principal razón? La existencia de múltiples barreras en el sistema judicial o sanitario que impiden la implementación de la normativa. Lo que lleva a las mujeres y personas con capacidad de gestar a desistir del procedimiento y las empuja a la clandestinidad.
Argentina legalizó el aborto libre hasta la semana 14 de gestación en diciembre de 2020, pero ya tenía un modelo de causales que permitía el acceso a las víctimas de violación y para quienes el embarazo significaba un riesgo para la salud. Lo mismo ha sucedido en algunos estados de México y en Colombia, cuya Corte Constitucional despenalizó en febrero de 2022 el aborto hasta la semana 24. En cambio, en Ecuador recién se aprobó en abril una ley para las víctimas de violencia sexual.
Pero aunque los escenarios y tiempos son distintos las barreras son las mismas, lo que pone a los gobiernos de la región ante el reto de derribarlas para que el derecho adquirido no se quede en papel.
«Por eso el cambio de la conciencia legal de las mujeres y de los profesionales de la salud es importante. Es decir, cuando las mujeres saben que es su derecho pueden exigirlo y eso supone usar un lenguaje que hace que los equipos de salud estén más atentos. De ahí la importancia también de tener mecanismos ágiles y accesibles de rendición de cuentas puestos por el Gobierno para llamar y denunciar en caso de que se nieguen», explica Agustina Ramón, parte del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI).
Barreras para acceder al aborto en América Latina
La desinformación, la aplicación restrictiva de la ley y el mal uso de la objeción de conciencia son algunos de los obstáculos que persisten en estos países, aunque en niveles diferentes.
En Argentina, por ejemplo, hay hospitales que aplican una objeción de conciencia institucional, lo que está prohibido por la ley. Aunque, reconoce Ramón, los profesionales que objetan «ahora derivan porque la ley impuso la obligación de derivar, de lo contrario podrían ser sancionados».
«La mifepristona, uno de los medicamentos para tener un aborto ambulatorio, sigue sin ser aprobada en Argentina», resalta.
A finales de 2021, la oficina local de Amnistía Internacional también denunciaba en un informe que «pese a la enorme trascendencia sobre la conquista del derecho al aborto como ley nacional, aún existen muchos rincones del país donde las mujeres desconocen a qué hay derecho, en qué condiciones, dónde acceder a la prestación, quiénes están obligados a garantizarlo y dónde se pueden realizar reclamos ante dilaciones o barreras en el acceso».
Una situación que persiste en provincias como Salta, donde según AI se ha identificado la «ausencia de información en centros de salud y en el espacio público sobre dónde y cómo acceder a la práctica».
En esa misma localidad se inició en 2021 un proceso penal en contra de la doctora Miranda Ruiz por los supuestos delitos de aborto sin causal y sin consentimiento tras garantizar el acceso al aborto a una paciente que solicitó la práctica de manera autónoma. Un año después fue sobreseída por comprobarse que había actuado en el marco de la ley.
«Lo que ocurre en El Salvador no lo encontramos en Argentina, son más bien casos aislados. No es que hay una política criminal de persecución a las mujeres, pero es cierto que muchas tienen la mala suerte, la situación de injusticia, de caer en ese espacio menor, pero existente aún de penalización. Por eso es tan importante lo logrado en Colombia donde hubo una despenalización total hasta la semana 24″, afirma la experta.
Sin embargo, asegura que, aunque queda mucho camino, la implementación y el acceso ha ido mejorando con el tiempo.
Descentralizar los procedimientos
La esperanza de que el acceso se amplíe y se descentralice en los territorios más lejanos de México es lo que también espera Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Explica que a diferencia de otros países, en México cada uno de los 32 estados tiene el poder de decidir si reforman sus leyes para dejar de considerar al aborto voluntario como un delito. Por esta razón, la interrupción del embarazo, por lo menos dentro del primer trimestre, solo es legal en diez de ellos.
Sin embargo, hace un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló, por medio de una revisión a la regulación del estado de Coahuila, que criminalizar de manera absoluta el aborto voluntario iba en contra de la Constitución e implicaba una violación a los derechos reproductivos de las mujeres, por lo que GIRE trabaja con organizaciones locales para que más estados garanticen estos servicios.
«Por una parte estamos incidiendo y tratando de que cambien el resto de los códigos penales y que deje de ser un delito en todo el país. Pero además el gran reto es en términos del acceso a los servicios, que no se quede en el papel, si no que aquellas mujeres, aquellas personas que necesiten y que deseen interrumpir un embarazo puedan hacerlo de manera segura y gratuita en las instituciones públicas de salud», afirma Ramos.
Y es que dentro de esos estados donde ya es legal -cuenta- no hay homogeneidad. «Hay sitios como en Hidalgo, en donde ya se venía trabajando, por lo menos en la capital, en la provisión de los servicios de abortos por violación, aplicando la normativa federal que ya existe en ese caso y que cuando llega la despenalización (2021) ya tienen servicios que funcionan y se ha podido acceder».
Pero hay otros -agrega- en donde hay escasez de medicamentos y no cuentan con suficiente personal de salud capacitado. «Vemos que se ha ido avanzando más en la provisión de los servicios en la capital de los estados, pero tenemos estados que son grandísimos y muy diversos y en donde el poder viajar a la capital no es tan sencillo. Por lo que no están llegando los servicios a las comunidades y a los lugares en donde las mujeres y las personas más lo requieren».
Aplicación restrictiva de la ley
Además de las anteriores barreras, la que más preocupa en Colombia es la interpretación restrictiva del marco legal, de los más avanzados de la región, por parte del personal sanitario y judicial.
«Los funcionarios y prestadores del servicio de salud aún sabiendo que se eliminó el delito de aborto hasta la semana 24 interponen múltiples trabas administrativas. Aduciendo a cosas legales que en realidad no existen, como la necesidad del consentimiento de los padres en el caso de las menores para buscar dilatar la prestación de este servicio y por último que las mujeres desistan de acceder al procedimiento», explica Laura Castro, coordinadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.
Una vez que las pacientes llegan al servicio de salud se las remite a distintas especialidades (psicología, trabajo social), a comités interdisciplinarios o se les impone formalidades para la solicitud del procedimiento de aborto, cuando no es necesario ningún requisito más que la manifestación de la decisión libre e informada de la mujer. Y cuando logran acceder, muchas sufren malos tratos y violencia obstétrica por parte de los médicos.
En los primeros 100 días de la sentencia, es decir, entre el 22 de febrero y el 31 de mayo de 2022, La Mesa realizó asesoría y acompañamiento legal a 76 niñas, jóvenes y adultas que ya habían enfrentado barreras para acceder a un aborto. Un 52 % más de los casos que registraron en 2021.
El principal problema -dice Castro- es que ni el Gobierno ni el Congreso ha podido aún cumplir con la parte de la sentencia que les corresponde. «Les exhortó para que tan pronto como sea posible se formule una política pública integral en materia de salud sexual y reproductiva. Y les dijo cuáles son las cinco medidas que debe tener esa política pública, que debe incluir, entre otras cosas, el acceso a métodos anticonceptivos y también una atención integral al aborto».
Un tema que se ha dilatado por el reciente cambio de gobernantes. «Esperamos que, como ya lo han manifestado altos funcionarios del Ministerio de Salud, la circular que recuerde a los prestadores de servicios que la sentencia está vigente y que se debe cumplir y la resolución de la IVE sean unas de las prioridades de los primeros 100 días de gobierno».
Sin lineamientos operativos
En Ecuador, en cambio, hay un poco más de desesperanza. Allí los grupos feministas luchan arduamente para que una ley de aborto por violación muy restrictiva (12 semanas) no impida que las pocas mujeres que deciden soportar las trabas y dilataciones puedan abortar legalmente.
Verónica Vera, representante de la organización Surkuna, dice que la primera barrera es la falta de promoción de este derecho, incluso por parte de los que atienden a las víctimas de violencia sexual en la Fiscalía o en los hospitales. «De hecho, lo que pasa es completamente lo contrario. Cuando una mujer llega a la Fiscalía y está embarazada le dicen que no es legal, le amenazan y le hacen sentir culpa», relata.
Y al igual que lo que pasa en Colombia, los requisitos se vuelven otro obstáculo. «Una declaración juramentada cuesta 30 o 40 dólares y no hay notarías en todos los lugares del país. Y el obstáculo más grande es que los notarios se están negando a hacer declaraciones por el tema de violación, de hecho les están pidiendo la denuncia. Entonces el tema se entrampa porque lo que ellas no quieren es una denuncia».
Entre el 29 de abril hasta el 6 de agosto de este año, Surkuna ha realizado 38 asesorías de acceso al aborto legal, de las cuales solo ocho cumplían con los requisitos para acceder a una interrupción del embarazo por violación. Debido a la poca temporalidad que hay en esta causal, las abogadas luchan para que puedan hacerlo por la vía de la afectación a la salud.
«Es una muestra que a nosotras nos deja muy preocupadas porque sabemos que los casos que llegan a Surkuna no son representativos de la necesidad de acceso que hay al aborto por violación. Estas mujeres que nosotras acompañamos presentan muchos obstáculos en el proceso, no queremos imaginarnos lo que significa para una mujer que está sola y que desconoce la ley y sus derechos», señala. Y pide que si alguien necesita una asesoría legal confidencial no dude en comunicarse con ellas.
La representante de Surkuna dice que lo que permite que estas trabas tengan efecto es la falta de lineamientos operativos que esperan que salgan lo más pronto posible.
«Si nos remitimos al pasado, recién en 2015 tuvimos lineamientos para el aborto terapéutico, pese a que era legal desde hace más de 80 años. Ahora hay que exigir que se aterrice esta ley», añade.
La fuerza de la Marea Verde
Aunque el camino hacia implementación real podría parecer muy largo, las entrevistadas por EFE coinciden en que la fuerza de la Marea Verde es imparable.
«Yo creo que la Marea Verde está para quedarse. Sin duda vemos avances, incluso algunos que no son de altísimo perfil: Guatemala aprobó el misoprostol y nadie se enteró; El Salvador logró sacar a más mujeres presas; el activismo en República Dominicana está revitalizándose, en Brasil se logró avanzar con la telemedicina en el contexto de (Jair) Bolsonaro», destaca Agustina Ramón, de CLACAI.
Rebeca Ramos, de GIRE, asegura que tras la irrupción de la Marea Verde, en 2018, México ha tenido «un avance gigantesco que no habíamos visto en doce años». «Y me parece que la tendencia es hacia la provisión de los servicios y la flexibilización de las leyes».
En Ecuador, Verónica Vera, de Surkuna, confía en la incidencia que el movimiento feminista puede realizar para que la Corte Constitucional revise la ley restrictiva y reconozca que se están vulnerando los derechos humanos de las víctimas.
Mientras que la representante de La Mesa, Laura Castro, reivindica que los avances que se han registrado en América Latina deben mirarse y analizarse desde países del norte en los que hay retrocesos. «Esto invita a revisar las estrategias que hemos tenido en el litigio estratégico, de la mano de la movilización social y del posicionamiento de un tema ante la opinión pública», concluye.