113 organizaciones y 181 defensores exigen reconocimiento jurídico para la gestión comunitaria del agua en México

• Organizaciones Comunitarias de Agua y Saneamiento de manera honorífica y sin fines de lucro, proveen estos servicios a más de 25 millones de personas en las zonas más marginadas del país.

• 113 Organizaciones comunitarias y redes de sociedad civil desde el sureste hasta el norte del país, instan al Nuevo Congreso a subsanar la deuda histórica de su reconocimiento jurídico pero rechazan que se amenace su autonomía con la reserva presentada a la reforma al Art. 27 Constitucional. ¡Exigen corrección del texto!

A través de un comunicado urgente, suman su firma 113 organizaciones comunitarias, de redes de organizaciones de la sociedad civil con alcance en: Baja California Sur, Campeche, CDMX, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. Junto a 181 personas defensoras de derechos humanos y guardianas del agua, se pronuncian a favor del reconocimiento jurídico de las organizaciones comunitarias de agua y saneamiento en un momento crítico para su autonomía.

Las más de 20,000 organizaciones y sistemas comunitarios de agua y saneamiento, de manera honorífica y sin fines de lucro, proveen estos servicios vitales a más de 25 millones de personas, en lugares donde el municipio no logra dar cobertura. A pesar de su labor crucial, estas organizaciones han sido injustamente invisibilizadas y han sufrido una discriminación estructural, por lo que no reciben apoyo, ni protección gubernamental, a pesar de haber demostrado ser pilares fundamentales en la provisión de agua en las comunidades en mayores condiciones de vulnerabilidad en el país.

Las diputadas Adriana Bustamante Castellanos y María Eugenia Hernández Pérez en la LXV Legislatura, presentaron una iniciativa con el respaldo de asociaciones de organizaciones comunitarias, para reformar el Artículo 115 de la Constitución, buscando otorgar reconocimiento jurídico a la gestión comunitaria del agua en vista de fortalecerla. Esta propuesta fue retomada en las reformas presidenciales al Artículo 27 que fueron aprobadas en la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado 14 de agosto de 2024.

Sin embargo, durante la sesión, se introdujo una reserva que ahora es parte del dictamen, y que en un sentido contrario a la reforma original, pone en peligro a las organizaciones comunitarias, puesto que violenta su autonomía y las deja en riesgo de perder su patrimonio.

Las organizaciones que suscriben el comunicado, hacen un llamado urgente para incidir en que la legislatura entrante corrija el dictamen al pasar próximamente a su discusión en el pleno, puesto que de quedar el texto así se socavaría lastimosamente los derechos humanos al agua y al saneamiento de las comunidades rurales, indígenas, y en mayor situación de marginación en México.

«No permitamos que el acto de legislar se aleje del pueblo y convierta iniciativas virtuosas en herramientas de control que van en contra del bienestar común», expresan de manera conjunta en el comunicado. «Defendamos juntos una gestión equitativa, sustentable y justa del agua para todas y todos.»

A este boletín se anexa el comunicado completo. El mismo puede suscribirse en: https://n9.cl/llamadoporelagua