5 años sin rastro de los estudiantes desaparecidos
Foto: Sáshenka Gutiérrez / EFE
Por María Verza
AP. Ciudad de México. 26 de septiembre de 2019.- Cinco años después de la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México se han encontrado muchas fosas con cuerpos. Pero de los jóvenes, ni rastro.
La desaparición de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en el estado de Guerrero, sigue sin esclarecerse porque el caso combina los principales males del país: la narcopolítica, la impunidad, la corrupción y el silencio, dijo el jueves el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
El 26 de septiembre de 2014 policías locales capturaron a los estudiantes y supuestamente los entregaron a miembros del crimen organizado. Según la tesis defendida por la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), luego los trasladaron al basurero de Cocula, 20 kilómetros al suroeste de Iguala, donde fueron incinerados y sus restos arrojados a un río cercano. En ese lugar se localizaron fragmentos de huesos, uno de los cuales fue identificado plenamente como perteneciente a uno de los alumnos y otro sólo de forma parcial.
Sin embargo, toda la tesis oficial fue descartada por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigaron durante un año y medio el caso y no encontraron pruebas científicas que sustentaran que esos restos procedían del basurero de Cocula.
Las únicas certezas hasta el momento, subrayó Encinas, son que las acciones criminales tuvieron lugar fundamentalmente “en el municipio de Iguala y su zona conurbana” y que “en ningún momento” hubo contacto de los estudiantes con grupos delincuenciales.
Una de las claves en la nueva etapa de investigación promovida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es romper lo que los expertos internacionales han llamado “pacto de silencio”. Con una playera en recuerdo de los jóvenes, el mandatario hizo un llamamiento el jueves a la ciudadanía a que colabore en la investigación.
“A todos los que tengan información sobre este caso, que nos ayuden”, pidió el presidente al tiempo que garantizó el compromiso de proteger a quien colabore. “Es un asunto fundamental para la justicia, para el respeto a los derechos humanos, para el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano”, agregó.
Encinas sostuvo que la búsqueda de los restos de los jóvenes continúa en todos aquellos puntos de los que hay información que puede tener cierto grado de certidumbre. Uno de ellos es el basurero de Tepecuacuilco, a 10 minutos de Iguala hacia el sureste y en una de las posibles rutas que, según el informe de la CIDH, podrían haber tomado los secuestradores.
Aunque se trató de una de las mayores investigaciones puestas en marcha en México, la pesquisa estuvo marcada por errores, inconsistencias y obstrucciones, por lo que justicia ordenó en junio de 2018 reponerla por completo. Por su parte, la fiscalía está volviendo a llamar a declarar a autoridades estatales y federales en el poder en el momento de los hechos, algunas de las cuales ya hablaron ante una Comisión de la Verdad que el gobierno puso en marcha en enero.
Los errores procesales hicieron que más de 70 de los 143 detenidos vinculados con el caso estén en libertad, incluidos los principales sospechosos.
Encinas indicó, además, que durante la búsqueda de los estudiantes fueron hallados 184 cadáveres en unas 200 fosas que no pertenecen a los jóvenes y de los cuales sólo 44 han sido identificados.