A 10 años del multihomicidio en la Narvarte: Omisiones y faltas de funcionarios públicos obstaculizan la justicia
Por Alejandro Meléndez
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 31 de julio de 2025.-Narvarte, donde fueron asesinados el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la maquillista Yesenia Quiroz y la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, las víctimas indirectas Perla Patricia Espinosa Becerril, Indira Alfaro Hernández y Mirtha Luz Pérez Robledo han denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) una serie de irregularidades y omisiones cometidas por servidores públicos que han obstaculizado la justicia en el caso, identificado con la carpeta de investigación CI-FIDCSP/B/UI-B-2 C/D/1557/10-2020. A una década del multihomicidio y feminicidio perpetrado el 31 de julio de 2015 en un departamento de la calle Luz Saviñón, colonia
En una ampliación de denuncia presentada el 8 de diciembre de 2022 ante el fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Richard Urbina Vega, las víctimas indirectas, respaldadas por la Recomendación 4/2017 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), señalan que funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJCDMX) incurrieron en actos y omisiones que vulneraron los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. La denuncia detalla que, durante la investigación de la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/04379/15-07D01D1D1 y su acumulada FBJ/BJ-1/T2/04379/15-07R1, se cometieron irregularidades que incluyen encubrimientos, falta de diligencia, filtraciones de información y revictimización de las familias.
Irregularidades desde el inicio de la investigación
El 31 de julio de 2015, los policías preventivos Sergio Estrada Monroy y Gustavo Gómez Hernández acudieron al lugar de los hechos tras el reporte de una testigo, pero no se garantizó la preservación adecuada de la escena del crimen. Posteriormente, el agente del Ministerio Público José Rubén Sánchez López inició la averiguación previa sin notificar de inmediato a la Agencia Especializada para la Atención del Delito de Homicidio en Agravio de Mujeres, omitiendo protocolos clave para investigar los feminicidios. El 1 de agosto, Sergio Ontiveros Orozco realizó una inspección ministerial sin personal médico forense, omitiendo documentar condiciones esenciales como el nivel socioeconómico de la zona o las condiciones climáticas, lo que comprometió la cadena de custodia.
Asimismo, se señala que Coutec Martínez Murillo, Ricardo Rivera Díaz, Antonio García Martínez, José Francisco Coronilla Argueta y Daniel Flores Márquez no abrieron líneas de investigación especializadas para víctimas en situación de vulnerabilidad, como mujeres y periodistas, incumpliendo el deber de debida diligencia reforzada. Por ejemplo, no se notificó al Consulado de Colombia sobre la víctima Mile Virginia Martín, de nacionalidad colombiana, ni se investigaron las amenazas previas contra Rubén Espinosa y Nadia Vera relacionadas con sus actividades periodísticas y de defensa de derechos humanos.
Vulneraciones a los derechos de las víctimas indirectas
La denuncia destaca que los familiares de las víctimas no recibieron notificaciones adecuadas sobre los fallecimientos, enterándose a través de medios de comunicación o terceros. Alma Cristina Espinosa Becerril, hermana de Rubén, fue informada por la policía de investigación de manera ambigua, sin apoyo de personal especializado. Indira Alfaro Hernández, madre de Yesenia Quiroz, se trasladó desde Baja California por sus propios medios para identificar el cuerpo de su hija, sin asistencia de la PGJCDMX. Mirtha Luz Pérez Robledo, madre de Nadia Vera, también careció de apoyo para alojamiento y alimentación dignos.
Los servidores María Isabel Hernández, Sofía Romero Nava, Emmanuel Tapa Contreras, José Francisco Coronilla Argueta, Marco Antonio Reyes Peña, María de los Ángeles López Peña y Daniel Flores Márquez vulneraron el derecho a la debida asistencia al no proporcionar apoyo psicológico, legal ni logístico a los familiares. Además, Isabel de la Rosa Mendoza, José Francisco Coronilla Argueta, Víctor Lemus Marcelino y Saim Salinas Reyes obstaculizaron la coadyuvancia de los familiares al negarles acceso a la carpeta de investigación y desestimar sus solicitudes de diligencias, argumentando “secrecía” o “falta de relevancia”.
Filtraciones y estigmatización
La investigación estuvo marcada por filtraciones de información sensible, incluyendo datos personales y fotografías de los cuerpos, que fueron difundidos en medios de comunicación. Publicaciones como la del 30 de julio de 2018 en La Silla Rota y el 18 de mayo de 2022, basadas en un informe interno de la FGJCDMX, promovieron narrativas estigmatizantes que relacionaban a las víctimas con actividades ilícitas, como el trabajo sexual o el narcomenudeo. Estas filtraciones, según la opinión consultiva 02/2015 del Copred, fomentaron la discriminación y revictimización. La denuncia subraya que los servidores públicos no implementaron mecanismos para evitar estas filtraciones, incumpliendo su deber de resguardar la información.
Desacato a la Recomendación 4/2017
El procurador Edmundo Porfirio Garrido Osorio y el subprocurador Jorge Antonio Mirón Reyes aceptaron la Recomendación 4/2017 de la CDHCM, pero no cumplieron con sus puntos, que incluían diseñar un plan integral de investigación, actualizar protocolos de investigación de feminicidios y delitos contra periodistas, indemnizar a las víctimas y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Los plazos para estas acciones, establecidos entre julio y noviembre de 2017, no fueron respetados.
Exigencias de las víctimas
Las víctimas indirectas, representadas por los abogados Héctor Alberto Pérez Rivera, David Peña Rodríguez, Karla Micheel Salas Ramírez, Leopoldo Francisco Maldonado Gutiérrez, Luis Eduardo Knapp Moreno y Edgardo Francisco Calderón Sánchez, exigen que se investigue a los servidores públicos responsables y se les impongan sanciones administrativas y penales. Entre los señalados se encuentran Rubén Sánchez López, Sergio Ontiveros Orozco, Coutec Martínez Murillo, Lourdes López Cruz, Ricardo Urbina, Ricardo Rivera Díaz, Antonio García Martínez, José Francisco Coronilla Argueta, Daniel Flores Márquez, Isabel de la Rosa Mendoza, Víctor Lemus Marcelino, Saim Salinas Reyes, María Isabel Hernández, Sofía Romero Nava, Emmanuel Tapa Contreras, Marco Antonio Reyes Peña y María de los Ángeles López Peña.
Llamado a la justicia
A diez años del caso Narvarte, las familias y organizaciones como Artículo 19 denuncian que las líneas de investigación, como las amenazas provenientes del gobierno de Veracruz contra Rubén Espinosa y Nadia Vera, no han sido agotadas. Bajo la gestión de la fiscal general Bertha Alcalde Luján, y con fiscales como Ernesto López Saure, María del Lourdes López Cruz, May Gómez Jiménez y Francisco Gamboa, el caso sigue sin avances significativos. Las víctimas exigen el cumplimiento de la Recomendación 4/2017, el esclarecimiento de los hechos, la sanción a los responsables materiales e intelectuales y una reparación integral del daño.
Narvarte es una deuda histórica del Estado mexicano con las víctimas y la sociedad. No descansaremos hasta obtener verdad y justicia”, afirmó Patricia Espinosa Becerril.“La impunidad en el caso