A 12 años de Iguala, las familias de los 43 marchan y denuncian que el Ejército sigue sin rendir cuentas
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de septiembre de 2026.- Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa encabezaron el sábado 26 de septiembre de 2026 una marcha nacional del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. A doce años de los ataques en Iguala, Guerrero, exigieron la presentación con vida de sus hijos, la apertura de los archivos militares pendientes y que se investigue la cadena de mando castrense. Varios progenitores ya murieron sin conocer el paradero de los estudiantes.
El contingente avanzó por Paseo de la Reforma con fotografías de los jóvenes al frente y la consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Hizo pausas en el Antimonumento +43 y en la Glorieta de las y los Desaparecidos para el conteo del uno al 43. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital reportó una afluencia de unas 6 mil personas y saldo blanco, con incidentes menores atribuidos a un grupo de encapuchados ajeno a la organización de las familias. Las cifras de los organizadores fue de 10 mil personas.
En el mitin del Zócalo, el abogado Isidoro Vicario dijo que a 12 años no hay información del paradero de los 43. Melitón Ortega, integrante del comité de madres y padres, reconoció detenciones y búsquedas, pero insistió en que “el paradero de los estudiantes aún no se tiene”. Mario, padre de César Manuel González Hernández, afirmó que las familias tienen sustento para sostener la participación del Ejército y pidió la entrega de los folios reservados y el regreso de exintegrantes del GIEI.
La exigencia central no cambió: presentación con vida y no cerrar el expediente penal contra las instituciones de seguridad involucradas.
Los 853 folios que el Ejército no entrega
Organismos internacionales coincidieron en señalar la opacidad militar. Amnistía Internacional exigió a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar la totalidad de la información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro”, con sede en Iguala, en particular 853 folios que un juez federal ordenó facilitar en febrero de 2026. Siete meses después, las familias y las organizaciones denuncian que la orden no se ha cumplido.
La CIDH urgió al Estado mexicano a investigar la cadena de mando político, policial y militar, y sus posibles vínculos con grupos criminales que operaban en Guerrero en 2014. El organismo expresó preocupación por “el resurgimiento de narrativas que cuestionan o minimizan la participación de las fuerzas militares en los hechos”.
Ese punto es el que las familias colocan como impunidad: a tres administraciones federales de distancia, no hay sentencia firme contra la estructura militar que, según el GIEI, monitoreó a los estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Los peritajes del grupo de expertos desmontaron la llamada “verdad histórica” —la incineración masiva en el basurero de Cocula— y permitieron la identificación científica de restos de tres de los 43. El resto sigue sin localizarse.
Padres que mueren sin respuesta
La CIDH y las propias familias recordaron a Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello, fallecido en agosto de 2026 en Omeapa, Tixtla, sin saber qué ocurrió con su hijo. La madre de Everardo, Minerva Bello Guerrero, había muerto en 2018. En estos 12 años han fallecido al menos siete u ocho padres y madres del movimiento.
“La vida se nos está acabando en la búsqueda de nuestros hijos”, dijo Mario durante la jornada. Esa frase resume el reclamo literal de las familias: el tiempo corre contra quienes buscan, no contra quienes retienen información.
El informe oficial se aplazó al lunes
El gobierno federal pospuso la entrega del informe sobre el caso al lunes 28 de septiembre, después de haber anunciado que saldría antes del aniversario. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que lo presentarán el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial Mauricio Pazarán, con avances sobre análisis telefónicos, búsquedas de campo y nuevas órdenes de aprehensión, incluida la del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre.
Las familias dijeron que esperarán ese documento, pero advirtieron que no aceptarán un cierre político del caso ni una investigación que deje fuera a las Fuerzas Armadas. En el Zócalo reiteraron que mantendrán las protestas mientras no existan pruebas científicas concluyentes sobre la ubicación de los estudiantes y mientras los archivos militares de 2014 sigan incompletos.
Doce años después, el dato duro que las madres y los padres piden no es un nuevo relato oficial. Es saber dónde están los 43 y quién, en la cadena de mando, sigue sin ser juzgado.